Referentes de distintos sectores analizaron la situación a partir de frase de Gabriel Capurro: "Todos los sectores expuestos a la competencia internacional han sacado músculo para competir y sobrevivir, mientras el que sigue acumulando grasa es el Estado".
El presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Gabriel Capurro, se llenó de aplausos y elogios tras su charla, a modo de discurso, que practicó, frente a una gradería completa de autoridades nacionales y regionales, en la última edición de la Expo Prado.
Capurro obligó a los memoriosos a recordar viejas presentaciones que se han hecho por más de un siglo de veces frente al tradicional ruedo central. Y no, fue difícil encontrar un discurso que cumpla con una descripción tan acertada de la realidad, según varios experimentados.
En una rápida hora y media, el gremialista criticó y elogió al gobierno, además de destacar el esfuerzo diario de toda la cadena agropecuaria en pro del desarrollo económico y social del país. Muchas frases, que fueron un golpe fuerte al mentón del gobierno, todavía siguen resonando en el predio de la rural y en la memoria de muchos.
En todo momento, Capurro hizo hincapié en la competitividad y el sacrificio de las empresas que hacen a la economía para mejorar su eficiencia y productividad, porque “de lo contrario ya habrían desaparecido”. Asimismo, resaltó que “todos los sectores expuestos a la competencia internacional han sacado músculo para competir y sobrevivir”, mientras “el que sigue acumulando grasa es el Estado”.
¿Es así? Es cierto que en la última década los sectores del agro nacional han sufrido una fulgurante desvalorización de los commodities y un continuo aumento de costos, en muchos casos que no acompañaron a la realidad regional; que significaron fuertes golpes, en especial, a los productores de menor escala que hoy se están viendo obligados a abandonar su empresa familiar.
Lechería. Es el caso de la lechería, que, de acuerdo a los datos del Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera, en los primeros seis meses del año unas 89 familias lecheras dejaron la actividad productiva, “una grasa que acumula el gobierno”, aseguró el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL).
Walter Frisch dijo a El País que la lechería no está ajena a los altos costos de producción y un precio de la leche en polvo entera levemente arriba de los US$ 3.000 por tonelada. “Ningún sistema del mundo está en equilibrio con los altos costos del Uruguay y el valor de exportación que se mantiene desde mediados de 2016”, agregó.
Entiende que la realidad país “se hace cuesta arriba” y marca una “reducción de la producción”. A la fecha, la remisión anual a planta se ubica 10% por debajo al año pasado, lo que refleja que el “sector no crece”, porque “hace cuatro años que no aumenta el precio de la leche”, “no bajan los costos” y “son más los productores que no siguen en el rubro”, subrayó Frisch.
Los datos del Instituto Nacional de la Leche (Inale) demuestran el esfuerzo del complejo lácteo por mejorar sus resultados: en 2018 el precio promedio de la leche en polvo entera exportada por el país bajó 4%, sin embargo los volúmenes de exportación subieron 22% y la facturación aumentó 16% hasta los US$ 682,8 millones. Es cierto que el clima ayudó, aunque el otoño y el invierno fue duro; pero en economía se dice que cuando los costos aumentan es necesario ser más productivo para mejorar los resultados. Sin embargo, “la grasa se acumula con menos familias en los tambos”, añadió Frisch.
Arroz. Algo similar sucede en el arroz. También acusando altos costos, en los últimos diez años el sector suma siete zafras a pérdida, una caída en el área de siembra del 30%, un centenar de productores menos y otros llevando su producción a la región.
Más allá del esfuerzo en mejorar la productividad, la eficiencia, el uso de recursos naturales y la calidad, el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), Alfredo Lago, considera que la cadena ha sido sumamente musculosa en la comercialización del producto. “Se exporta el 95% de la producción, lo que requiere una inserción internacional destacadisima que se logró por la fortaleza sectorial, dado que el Uruguay no tiene mucho relacionamiento comercial”, dijo.
Lago contó que el gobierno ha sumado grasa por algo que “no se dice y se discute muy poco” y es “el beneficio por el poco relacionamiento comercial, que le permite cobrar aranceles externos a las importaciones, que hoy son varios de cientos de millones de dólares anuales. Es parte de la grasa del Estado”.
Uruguay, por su perfil exportador, necesita de acuerdos de libre comercio para colocar con menos aranceles la producción, pero “los intereses fiscales del gobierno terminan actuando con una visión contrapuesta de un país dedicado a la exportación”.
Por otro lado, Lago entiende que hay más grasa acumulada en el gobierno en los asuntos financieros. “Tenemos un acceso a créditos algo restringido, en el sentido que no es sencillo calificar para recibir crédito bancario, y el 70% del financiamiento del sector es a través de la propia cadena. Son más músculos sectoriales”, resaltó.
El Presidente de la gremial de arroceros señaló que el bajo financiamiento de la banca pública y privada, la escasa política en ese sentido y el alto endeudamiento de la cadena arrocera y el resto de los sectores, apalancan a los indicadores de la economía nacional a no caer en una recesión y permite financiar al estado. “Es un beneficio financiero que no se repasa a los sectores productivos”, sumó.
Ovinos. ¿Dónde más se suma grasa? La ovinocultura ha visto una reducción significativa del stock nacional, pasando de más de 20 millones a 6,4 millones de lanares en la última declaración de Dicose; en un negocio que está resultado “muy atractivo económicamente” para los productores.
El presidente del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), Miguel Sanguinetti, destacó a El País “el trabajo público privado en alcanzar la habilitación de la carne ovina con hueso a los Estados Unidos y las futuras oportunidades en Japón”, pero demandó “políticas públicas para lidiar con varios problemas” que afectan a la producción, como el abigeato, las jaurías y los jabalíes.
Comentó que “la ayuda del estado no aparece”, en momentos que “se ve un aumento en la cantidad de millones de dólares y funcionarios en el Ministerio del Interior, mientras los problemas son mayores y muchos están empeorando”. Y agregó: “Se debe hacer un plan de combate, que no ha existido nunca”.
Granja. La granja también experimenta una situación similar al resto de los sectores agropecuarios y reclama por una política adecuada. Mario Buzzalino, presidente de Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), señaló que “en los últimos 12 años han salido del sector unos 12.000 productores”, pero la producción se mantiene porque “siguen creciendo los granjeros de gran escala”.
Buzzalino contó que las empresas han realizado “un gran esfuerzo” en inversiones “necesarias” para mejorar la “eficiencia productiva”, el “cuidado medioambiental” y “la salud de los consumidores”. Además de una “fuerte incorporación de herramientas tecnológicas fundamentales para una producción donde ha caído el recurso humano por los bajos incentivos del negocio”.
Pero sumar tecnologías requiere de una “alta inversión” y al momento “no hay una política financiera adecuada”, eso obliga a la granja a “ingresar a grandes deudas” en un negocio “ajustado” y con “altos costos”. Buzzalino afirmó que el productor está “vendiendo su tierra”, que en muchas oportunidades son compradas por personas que están por fuera de la inversión y es una “pérdida importante de activos” que para recuperar “cuesta mucho más que mantener a los productores con políticas claras”.
Compromiso. En el final y volviendo al discurso, Gabriel Capurro aseguró que el compromiso de los productores “es seguir apostando a mejorar eficiencia, productividad e innovación en el agro”; un aspecto que queda demostrado que siempre está presente en los sectores, pero que es necesario que el Estado acompañe con “el mismo esfuerzo y que no siga trasladando sus ineficiencias y baja productividad a los trabajadores y las empresas del sector privado que son los que cargan con el ajuste”.