Presidente de ARU dijo que se gasta más de lo recaudado, con baja calidad y eficiencia.
Sube concentración y extranjerización de la tierra en el país.
Fue un discurso cargado de valores, con un profundo recuerdo de los que han hecho por el país, pero con visión por quienes vendrán. Centrado en la educación, como la principal herramienta nacional de desarrollo económico y social; un pensamiento que ha perdurado 147 años en las bases de la Asociación Rural del Uruguay (ARU).
Gabriel Capurro aseguró que “la educación, el conocimiento y la capacitación son bases para el ejercicio pleno de la libertad de las personas”, y remarcó: “No es libre quien no tiene los conocimientos básicos para acceder a un trabajo. No es libre quien depende de un plan social para darle de comer a sus hijos”.
Por tanto consideró que “el verdadero y mejor avance hacia una mayor justicia social es el acceso a una educación equitativa y de alto nivel para todos los niños y jóvenes de nuestro país”, porque “permite igualar las oportunidades en el arranque de la vida productiva de las personas y optar libremente por las diferentes opciones de trabajo que se presenten”.
Y recordó: “Una vez mi padre me pidió que hiciera algo y respondí: es muy difícil, no puedo. Entonces me sentó a conversar y me explicó la importancia de estudiar para hacer las cosas difíciles, que lo que aprendiera nadie me lo iba a quitar en la vida, la importancia de ayudar al prójimo, el predicar con el ejemplo, y muchas cosas más. Pero algo me marcó a fuego al final de la conversación: que si en la vida solo vas a hacer las cosas fáciles no vas a servir para mucho, y que las personas valiosas son las que hacen las cosas que hay que hacer aunque sean muy difíciles”.
Aferrado a esa memoria, frente a una gradería colmada de autoridades nacionales y productores, y el ruedo central costeado de cientos de visitantes atentos a sus palabras; Capurro reflexionó entre aplausos: “Con los gobiernos, ¿no debería ser igual? O acaso nosotros elegimos los gobiernos para que hagan las cosas que son fáciles de hacer. Los gobiernos valiosos son los que hacen las cosas difíciles que hay que hacer”.
Competitividad. El Presidente de la Asociación Rural del Uruguay citó una frase de James Austin, un destacado profesor de la Universidad de Harvard, que visitó el país hace más de 20 años: “Los políticos de Uruguay deberían analizar, antes que nada y cuidadosamente, cada medida que toman, proyecto o ley, para saber cómo afecta la competitividad de los sectores estratégicos de su economía”.
Haciendo hincapié en esa reflexión, Capurro argumentó que “sólo una economía competitiva atrae inversiones, genera trabajo, permite que las empresas ganen dinero y puedan pagar buenos sueldos”, sin olvidar que la inversión y el trabajo “generan crecimiento”, que a la postre “mejora la recaudación” y “puede sostener buenas políticas en funciones básicas del Estado: educación, salud, seguridad y en las políticas sociales que se quieran implementar”.
Pero siempre recordando algo, “lo primero es lo primero, la secuencia es esa; competitividad, inversiones, trabajo, crecimiento, recaudación y políticas sociales, no a la inversa”. Y agregó: “No se puede poner la carreta delante de los bueyes porque no camina. Porque cuando la carreta se frena, tarde o temprano las políticas sociales se caen. Esa ha sido la historia repetida de nuestro país y es lo que tenemos hoy: la carreta delante de los bueyes y la economía parada”.
Con lo dicho, Capurro aclaró que “las políticas sociales son de tal trascendencia que tienen que edificarse sobre bases sólidas y no en coyunturas que cuando desaparecen provocan ajustes regresivos en esas mismas políticas”.
Aseguró que el mayor debe del gobierno fue “no generar condiciones estructurales para mejorar la competitividad del país, mientras en muchas áreas se acentuó lo contrario”. El gremialista dijo que “el debilitamiento de la competitividad y, por consecuencia, el retroceso se vio a partir del año 2014 cuando los precios de exportación de nuestros productos comenzaron a bajar y hubo que recurrir al endeudamiento para cubrir el gasto del Estado”.
En ese sentido, afirmó que la ARU “ha venido denunciando que es insostenible la trilogía de un déficit fiscal en aumento, atraso cambiario y endeudamiento creciente”, un aspecto fundamental que “se nos dijo en su momento que nunca iba a ocurrir, y ocurrió”.
Capurro explicó que “el Estado gasta más de lo que recauda y gasta con baja calidad, baja eficiencia y a la larga resulta insostenible, como lo es en una casa de familia o empresa”. Contó que el gasto público pasó de US$ 3.200 millones en 2004 a US$ 18.000 millones en 2018, un déficit de casi US$ 2.800 millones, cercano al 5% del Producto Bruto Interno, el más alto de los últimos 30 años.
Dólar. Uruguay, con respecto a los equilibrios históricos, tiene un atraso cambiario del 31% con Brasil, del 18% con Argentina, 22% con Australia, 16% con Nueva Zelanda y 18% con el resto del mundo, detalló Gabriel Capurro y subrayó: “Somos más caros que Brasil y Argentina, más caros que Estados Unidos y Europa; todo al mismo tiempo, no es sostenible”.
“Se nos dice que el valor del dólar no es el único elemento a considerar en la competitividad. Hay que considerar la productividad, la eficiencia, la innovación. Estamos de acuerdo y hemos dado muestras desde el sector agropecuario de hacer un esfuerzo importante para mejorar estos aspectos”, resaltó mientras describió varios procesos eficientes e innovadores en el arroz, la lechería, la agricultura y la ganadería de carne.
“Estamos seguros que no solo en el agro, el turismo y el comercio, sino en todos los sectores de la economía las empresas han hecho un esfuerzo enorme para mejorar eficiencia y productividad, de lo contrario ya habrían desaparecido”, porque “todos los sectores expuestos a la competencia internacional han sacado músculo para competir y sobrevivir, el que sigue acumulando grasa es el Estado”.
Capurro aseguró que “el compromiso es seguir apostando a mejorar eficiencia, productividad e innovación en el agro”, pero reclamó “el mismo esfuerzo al Estado y que no siga trasladando sus ineficiencias y baja productividad a los trabajadores y las empresas del sector privado que son los que cargan con el ajuste”.
Por último solicitó que “se tomen las precauciones para que el ingreso de dólares que provocará la inversión de la segunda planta de UPM, sumado a los que entran por endeudamiento, no termine afectando el tipo de cambio y, como consecuencia, sea el golpe de gracia final para la competitividad de los sectores estratégicos de la economía”.
Tarifas. Capurro reconoció el avance de la reconversión de la matriz de energía eléctrica, pero lamentó que “no haya incidido en la tarifa”, que “hoy son un 80% más cara que el promedio de la región en la energía residencial y 18% en la industrial”.
Con los combustibles “pasa lo mismo” dijo el Presidente de ARU y confirmó que “la nafta en nuestro país es 40% más cara que en la región y el gasoil un 25% más caro”.
Capurro explicó que los combustibles “cargan con un costo de $ 8 por litro de subsidio, de ellos $ 3,5 al transporte de pasajeros, el resto al gas, Alur y al portland. Si el gasoil no subsidiara, en algunos casos trabajos ya obsoletos y sin futuro, costaría $ 32 por litro, un 20% menos al valor actual”.
En ese sentido, consideró “ilógico” mandar al sacrifico a rubros “altamente competitivos e intensivo en uso de la tierra, el capital y el trabajo”, como son el arroz, la lechería y la agricultura; “cargando a un insumo básico, para la competitividad de estos sectores, con subsidios a diferentes actividades o núcleos sociales”.
Dijo que “otra vez se pone la carreta delante de los bueyes” y contó que el arroz y la lechería están exportando US$ 200 millones y US$ 600 millones menos, respectivamente. Y solicitó: “Antes que nada la competitividad de los sectores estratégicos para generar políticas sociales sostenibles. Rechazamos el uso de las tarifas públicas como fuente de recaudación, llegando a constituir en algunos casos impuestos encubiertos”.
Por lo cual, “el objetivo de las empresas públicas debería ser, brindar servicios y productos de la mejor calidad al menor precio posible, generando condiciones de competitividad en el país”, sentenció.
Seguridad. La seguridad “es un tema central de preocupación”, tanto en la población rural como en la urbana. Capurro aseguró que “han aumentado los delitos contra la propiedad privada y las personas, no se han solucionado los problemas de abigeato y robos que en varios casos atentan contra la supervivencia de los productores, ni los ataques de perros a las majadas que en muchos casos recientes han destrozado el trabajo de años de productores ovinos”.
Explicó que el rubro ovino “ha sido un refugio de los pequeños productores por su alta rentabilidad en relación al capital invertido, por la velocidad de circulación del capital y porque diversifica los ingresos de los sistemas de producción”.
En ese sentido, no pasó por alto las recientes declaraciones del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, quien afirmó que “la industria textil uruguaya había desaparecido porque la lana perdió contra el sintético”.
En “honor a la realidad y a los productores”, Capurro aclaró que “el país tuvo una industria textil de primer nivel mundial y se fundieron por los costos de Uruguay que no le permitieron competir con China”, “los costos de procesamiento de la lana en el país son más caros que, incluso, los de Italia, que son los número uno”.
Y subrayó: “La industria textil se fundió como se está fundiendo parte de la industria láctea, como también parte de la industria frigorífica está en problemas, la industria arrocera y todas las que agregan valor en nuestro país. Uruguay tiene demasiadas carretas delante de los bueyes”.
Por tanto consideró: “Decir que la causa de la desaparición de la industria textil es porque la lana perdió la batalla con el sintético es no conocer el mercado mundial de fibras. Digo todo esto para que no se nos diga mañana que las ovejas están desapareciendo del Uruguay porque la lana perdió la batalla con el sintético”.
El Presidente de la ARU señaló con claridad que “las ovejas están desapareciendo del país porque las autoridades han sido omisas en proteger el trabajo honesto y sacrificado de los productores de ovinos ante al abigeato y el robo que es el delito menos aclarado en el país y frente a los ataques de perros a las majadas donde nadie asume responsabilidades”.
UPM II. El Presidente de la ARU consideró que “la inversión de UPM va a contribuir al crecimiento de la economía y desarrollo del país, consolidando el crecimiento de la cadena forestal”, pero aseguró que “debería ser la última planta de celulosa que se instala con beneficios, concesiones y negociación que se realizó en el acuerdo”.
Dijo que “es incuestionable que el proyecto ha generado dudas y controversias en la sociedad, tanto en lo ambiental como en el costo beneficio para el país de esta inversión y el tiempo que será quien laude estas controversias”.
En este tipo de negociaciones que “se compromete al país y a sus gobiernos por varios años”, Capurro entiende conveniente “la participación de los representantes de los partidos políticos más relevantes para lograr consenso y la confianza necesaria en la sociedad”.
Finalmente, concluyó que “todo lo concedido para confirmar la inversión demuestra lo adverso que es el clima de inversión para cualquier empresario que no tenga el poder de negociación de UPM”.
“Somos el país más dependiente del medio rural”
“Sin gente en el campo no es posible un desarrollo económico y social equilibrado en el país”, indicó Gabriel Capurro e informó que Uruguay es el país de América Latina “más dependiente del sector rural y quien tiene menos porcentaje de su población viviendo en él”, de acuerdo a un estudio de las Naciones Unidas.
El titular de la Asociación Rural del Uruguay detalló que “en los últimos 18 años cambiaron de propiedad en el país algo más de 8 millones de hectáreas de un total de 15,8 millones, más de la mitad del territorio productivo nacional; no existen antecedentes en ninguna parte del mundo”.
En ese análisis, Capurro dijo que “más de la mitad de las tierras comercializadas fueron vendidas por productores de menos de 1.000 hectáreas, casi el 90% de los productores del país. Es claro que desaparecieron las empresas familiares que no pudieron afrontar los costos de producción y sostener a sus familias”.
Sin embargo, Gabriel Capurro confirmó que en la ARU “no estamos contra la inversión extranjera, es más, en muchos casos ha sido muy positiva cuando son productores que vienen a trabajar en las mismas condiciones nacionales”, pero “es diferente el caso de capitales que logran condiciones y exoneraciones de otro tipo que distorsionan los mercados y constituyen una competencia desleal”.
El gremialista, que en todo momento miró a las autoridades, enfatizó: “Proponemos que se exonere de todos los impuestos ciegos a los productores de menos de 1.000 hectáreas que tienen como ingreso principal la producción agropecuaria y que tributen sólo por el impuesto a la renta de las actividades económicas”.
Capurro dijo que se debe entender que éstos “no viven del valor de la tierra, sino de lo que la tierra produce, y si pretendemos cobrarle impuestos por el valor de la tierra los obligamos a endeudarse, a vender y a seguir aumentando la concentración y extranjerización de la tierra y el despoblamiento del campo y del interior del Uruguay.