Uruguay se destaca a nivel mundial por sus avanzados planes de uso y manejo sostenible de suelos y agua, consolidándose como un referente en la conservación de recursos naturales. La rigurosa implementación de estos planes no solo ha permitido controlar la erosión y proteger los cuerpos de agua, sino también promover el uso eficiente del riego, una herramienta clave para mejorar la productividad agrícola. En los últimos años, el país ha experimentado un notable incremento en la adopción del riego, pasando de 300 a 1.300 pivots desde 2007, lo que refleja el compromiso de los productores uruguayos con la sostenibilidad y la innovación en el manejo de sus recursos.

En el reciente Congreso Aapresid 2024, Uruguay volvió a destacar su liderazgo en la gestión sostenible de recursos naturales, un camino trazado por décadas de políticas coherentes y basadas en la ciencia. El ingeniero agrónomo Martín Mattos Carrera, director de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, presentó junto a Claudio García, investigador senior del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), los avances y desafíos del país en la implementación de planes de uso y manejo responsable de suelos y agua. “La invitación a participar en Aapresid fue una oportunidad para mostrar cómo hemos logrado integrar la política de conservación de suelos, vigente desde 1968, con las necesidades actuales de manejo del agua, riego y sostenibilidad en la producción agrícola y lechera”, explica Mattos. A través de estos planes, Uruguay controla la erosión, limita la llegada de sedimentos a cuerpos de agua, y asegura una gestión responsable de los recursos hídricos, condiciones esenciales para mantener la competitividad y sostenibilidad del sector agropecuario.

Uruguay es pionero en la fiscalización rigurosa de la conservación de suelos, una práctica que lo coloca como un ejemplo a nivel regional y global. Según Mattos, el país cuenta con una sólida base científica que sustenta la ecuación universal de pérdida de suelos, adaptada a las condiciones locales, como la erosividad de la lluvia y las características geográficas y de suelo. “Es importante que los productores sepan que hay tres aspectos que se fiscalizan estrictamente: la presentación de los planes de uso de suelos, el cumplimiento de los mismos, y la adopción de buenas prácticas agrícolas”, enfatizó. Estas medidas no solo buscan proteger los recursos naturales, sino también garantizar la viabilidad a largo plazo de las explotaciones agrícolas y ganaderas, especialmente en un contexto donde gran parte de las tierras son arrendadas, lo que puede complicar la implementación de rotaciones y prácticas sostenibles.

En un país donde el 70% de las tierras agrícolas y lecheras están arrendadas, Mattos subrayó la importancia de mantener una visión a largo plazo en la gestión de los recursos.

“La estructura de arrendamientos a corto plazo ha generado desafíos en la implementación de rotaciones y buenas prácticas agrícolas”, señaló.

Este fenómeno, acentuado desde 2013, ha transformado la forma en que se realiza la agricultura en Uruguay, donde los contratos en kilos de soja o valores fijos han prevalecido sobre los acuerdos tradicionales de rotación y medianería. Sin embargo, Mattos insistió en que, pese a estas dificultades, es esencial seguir promoviendo la sostenibilidad y la conservación de los suelos a través de la adopción de mejores prácticas por parte de todos los actores del sector.

Otro de los grandes desafíos mencionados por Mattos es la expansión del riego en Uruguay, una herramienta clave para mejorar la productividad y la estabilidad de los rendimientos, especialmente para los pequeños y medianos productores. A pesar de los avances logrados, la implementación del riego sigue estando predominantemente limitada a los grandes productores que tributan por impuesto a la renta.

“El Ministerio está trabajando para que los beneficios del riego lleguen también a los productores que tributan por IMEBA, un segmento que abarca cerca del 60% del total de productores en el país”, comentó. La estrategia incluye la promoción de proyectos de riego dirigidos, con posibles subsidios y apoyo fiscal para fomentar el desarrollo de cultivos específicos, como la alfalfa, y mejorar la competitividad del sector lechero.

Mattos también destacó el rol de las represas y pozos de agua, particularmente en respuesta a las sequías que han afectado al país en los últimos años.

Aunque el riego ha crecido significativamente desde 2007, impulsado por productores grandes que se benefician de exoneraciones fiscales, la volatilidad en los precios de los commodities ha generado fluctuaciones en la inversión en infraestructura de riego. A pesar de ello, Mattos es optimista sobre el futuro: “El riego seguirá creciendo como una tendencia mundial, y Uruguay no será la excepción. Es una tecnología que, como la siembra directa o las semillas mejoradas, no se detendrá, aunque su ritmo de adopción pueda variar”.

En cuanto al posicionamiento internacional de Uruguay, Mattos reafirmó que el país es un referente en la gestión sostenible de suelos y agua.

“Uruguay es el único país que penaliza a los productores por un manejo inadecuado del suelo”, aseguró, destacando la importancia de integrar la sostenibilidad ambiental con la productividad.

Esta visión ha permitido que Uruguay mantenga una reputación sólida a nivel global, siendo un ejemplo para otros países en el marco de la Alianza Mundial de Suelos de la FAO. “El desafío para Uruguay es evitar caer en la trampa de enfrentar la producción con la sostenibilidad ambiental. Aquí debemos trabajar juntos para garantizar un desarrollo sostenible que beneficie tanto a los productores como al medio ambiente”, concluyó Mattos.

Este enfoque integrado y proactivo ha permitido a Uruguay no solo cumplir con las exigencias de mercados internacionales, como las nuevas normativas europeas sobre deforestación, sino también liderar la adopción de prácticas agrícolas sostenibles en la región. El compromiso del país con la conservación de sus recursos naturales, respaldado por un marco legal robusto y una implementación efectiva, posiciona a Uruguay en un lugar destacado en el panorama global de la agricultura sostenible.

Uruguay ha desarrollado una sólida política de conservación de suelos desde 1968, cuando se promulgó la primera ley en la materia. Esta política se fortaleció en 2013 con la implementación de la obligatoriedad de presentar planes de uso y manejo de suelos, cuyo objetivo es controlar la erosión y mantenerla dentro de niveles tolerables. Esto no solo protege la calidad del suelo, sino que también previene la llegada de sedimentos y nutrientes a los cuerpos de agua, preservando así los recursos hídricos del país.

En el sector agrícola, todos los productores con más de 50 hectáreas de cultivos, incluidos aquellos que manejan praderas o pasturas en terrenos similares, están obligados a presentar un plan de uso y manejo responsable de suelos. Estos planes, elaborados por ingenieros agrónomos acreditados, se basan en la ecuación universal de pérdida de suelos, una herramienta científica que tiene en cuenta factores como la erosividad de las lluvias, la erodabilidad del suelo, la geografía del terreno, y las prácticas de manejo agrícola. El resultado es un nivel de erosión permitido que los productores no pueden exceder.

Además, los planes de lechería sostenible requieren que los tamberos presenten, junto con sus planes de rotación de cultivos, detalles sobre fertilización y manejo de efluentes, asegurando un uso responsable del suelo. Aquellos que dependen del riego deben obtener la aprobación de Dinagua (Dirección Nacional de Agua), presentando un plan que asegure el uso eficiente y sostenible del agua en función de la capacidad de la cuenca.

Este marco regulatorio, basado en criterios científicos y ejecutado en colaboración entre agrónomos y organismos gubernamentales, asegura la sostenibilidad de la agricultura en Uruguay y subraya el compromiso del país con la protección de sus recursos naturales.

En el escenario internacional, Uruguay se ha consolidado como un referente en la implementación de políticas de gestión sostenible de suelos y aguas, destacándose por sus innovadores planes de uso y manejo responsable. Durante la 32° edición del Congreso Aapresid, celebrada en Buenos Aires, Argentina, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) presentó los logros más relevantes de estas políticas, subrayando el papel crucial del riego en la mejora de la productividad agrícola.

En el marco de la 32° edición del Congreso Aapresid, celebrado del 7 al 9 de agosto en Buenos Aires, Argentina, el MGAP, presentó los aspectos más destacados de las políticas nacionales para la gestión sostenible de suelos y aguas en la actividad agropecuaria.

En este marco, el director de Recursos Naturales, Ing.Agr. Martín Mattos Carrera, participó como expositor en el panel titulado “Optimizando Recursos: Actualizaciones en riego, Ley de Conservación de Suelos, diseño y monitoreo del riego por represas por INIA y MGAP (Uruguay) e INTA”.

Este panel contó con la participación de Claudio García (INIA), y Ditmar Kurtz (INTA), bajo la moderación de Roberto Simón Martínez (INTA y CONICET).

En su presentación titulada “Uruguay: acciones y perspectivas para la gestión sostenible de suelos y aguas”, el el director de Recursos NaturalesMartín Mattos, destacó las diferentes normativas en materia de suelos y aguas que han sido fundamentales para proteger los recursos naturales del país.

En este sentido, el director de Recursos Naturales destacó la política de Planes de Uso y Manejo Responsable de Suelos (PUMRS), que actualmente cubren el 96% de la superficie agrícola bajo secano y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles como base de este trabajo.

Además, Martín Mattos, resaltó la importancia que tiene la gestión del agua para el riego como un componente clave para mejorar la productividad agrícola en los campos de Uruguay.

Actualmente se trabaja a nivel nacional para desarrollar estrategias para su promoción, buscando aumentar no solo la capacidad técnica y la infraestructura necesaria para el riego, sino también asegurar que estas prácticas contribuyan a la sostenibilidad a largo plazo del sector agrícola.