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Empleo, agroindustrias y atraso cambiario

Se está llegando a las discusiones clave planteadas para este año: Presupuesto, salarios y los énfasis de la política económica para crecer, manteniendo y mejorando la estabilidad de precios. El problema es la competitividad.

Para un sector que maneja el dólar como moneda de transacción comercial como el agro, la evolución del tipo de cambio es un asunto clave, al menos a corto y mediano plazo. Y lo sucedido en las últimas semanas ha puesto al sector en alerta: el dólar -que venía bajando paulatinamente desde comienzos del año- cayó “a pico” en los últimos días.

La baja llega luego de que -hacia fines de 2024- se diera una suba apreciable (el dólar cerró con un aumento de 12% en 2024); pero duró poco. La caída actual se explica en parte por la debilidad global del dólar (cayó 10% este año frente a una canasta de monedas relevantes), por la incertidumbre de las políticas de Trump, tanto comerciales como fiscales. EEUU tiene un déficit fiscal mayor al 6% del PIB y las leyes impulsadas por Trump no parecen corregirlo. El dólar también bajó en otros mercados emergentes.

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Por otro lado, el Banco Central del Uruguay (BCU) ha remarcado en los últimos días -bajo la nueva presidencia de Guillermo Tolosa- que la institución no solo seguirá con las herramientas monetarias y el enfoque de estabilización que ya se venía aplicando en los últimos años de la gestión Labat, sino que reafirmó el objetivo de bajar la inflación, apuntando a una tasa anual del 4,5%. Para esto, ha mantenido el sesgo contractivo de la política monetaria, fijando una Tasa de Política Monetaria (TPM, tasa de interés en pesos interbancaria anual a un día) en 9,25% (gráfica), para bajar no solo la inflación en sí misma, sino las expectativas, que -si bien también bajaron- están por arriba del mencionado objetivo.

El BCU ha profesionalizado y mejorado mucho su gestión monetaria, lo que hace a la credibilidad de su política, en un círculo virtuoso. Incorpora desde hace un tiempo los criterios de la denominada Regla de Taylor, que plantea ubicar la TPM tomando en cuenta su nivel neutral (hoy estaría en 2 puntos arriba de la inflación) más puntos adicionales si la inflación nominal y las expectativas están arriba de la meta (como sucede hoy); la Regla también incorpora el desempeño económico (evolución del PIB), no lo desconoce. Hoy la economía está creciendo a buen ritmo, pero se prevé que afloje y eso el BCU lo debería tener en cuenta (si respeta a Taylor).

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Con este énfasis desde la política monetaria, no hay que hacer un razonamiento demasiado complejo para concluir que se configura un estímulo claro a colocaciones financieras en pesos en la plaza local, aún cuando la tasa en dólares a nivel internacional también ha subido. Al cierre de esta semana el dólar quedó debajo de los 40 pesos; operadores cambiarios señalan que están ingresando capitales del exterior para colocar en títulos uruguayos, lo que presiona aún más a la baja la cotización.

Consecuencias.

Que una política monetaria contractiva presione al tipo de cambio es esperable. El problema es que el canal financiero refuerza ese efecto y provoca cambios bastante abruptos en poco plazo. Y el BCU ha planteado -tal como en la gestión anterior- que no intervendrá directamente en el mercado cambiario, salvo una situación muy excepcional. Implícitamente plantean que, si el dólar está “barato”, debería aparecer una demanda que marque un piso.

Las proyecciones para este año -según las Encuestas de Expectativas del BCU- apuntan a que el dólar cerrará el 2025 en 42,40 pesos (promedio diciembre). De cumplirse la proyección, el dólar caería 3,7% en el año, mientras la inflación cerraría (según las mismas encuestas) en 5%. Así, el valor real del dólar bajaría más de 8% en este 2025; la moneda estadounidense perdería un acumulado de 30% de su valor real en Uruguay (descontado por IPC) en los últimos 15 años.

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La cotización del dólar es un indicador bastante rústico, impreciso, del tipo de cambio real y la competitividad. Hay que incorporar la inflación y, obviamente lo que pasa en los países competidores / socios comerciales, con el dólar y su propios precios al consumo, para tener el tipo de cambio real efectivo (competitividad-precio).

Al respecto, esta semana el BCU divulgó los datos del Tipo de Cambio Real (TCR) general y por países (gráfica). Se observa que Uruguay perdió competitividad con China y con Brasil, pero la ha mantenido (incluso ganando modestamente) con EEUU y Europa. No es de extrañar, con este panorama, que -por ejemplo- en las ventas del sector cárnico EEUU y la UE hayan aumentado su importancia, aunque lo cambiario no es el único factor. De todas formas, la tendencia general de los últimos años es a un TCR promedio en baja.

Más allá de la competitividad por precio, un país crece y avanza (se desarrolla) si tiene competitividad sistémica, sostenida y de largo plazo, lo que tiene que ver más con cuestiones de infraestructura, inserción comercial, capacitación-educación. Asuntos que hacen a un concepto clave, aunque algo esquivo: la productividad.

En el fondo, una economía tiene un problema de competitividad cuando la productividad laboral no acompaña al costo de solventar ese trabajo. Obviamente, esto varía sector a sector, pero la economía es una sola y por eso es relevante el análisis conjunto, macroeconómico.

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Y la productividad se puede “descalzar” del costo laboral si no hay una buena coordinación entre las políticas macroeconómicas, incluyendo la política fiscal y, por supuesto, la salarial. En el caso de Uruguay, el énfasis que hace el BCU hacia la estabilidad (ampliamente compartible a largo plazo) tiene que estar acompañado de una política salarial consistente, con aumentos nominales en línea con la inflación objetivo (4,5%). Pero este planteo no es fácil de llevar para los sindicatos, interlocutores en la negociación colectiva. En estas horas el gobierno ha definido los lineamientos salariales, cuyos detalles se conocerán esta semana. El ministro de Trabajo, Juan Castillo, ha anticipado que habrá un énfasis especial para aumentar los salarios más bajos; serán convenios a 2 años con ajustes semestrales, pero resta ver el número.

Es clave que las pautas salariales se alineen al objetivo de inflación. Más aún: en el caso de los agronegocios y agroindustrias, donde varias empresas pequeñas y medianas están con problemas, es muy relevante dar un espacio amplio a la negociación por empresa, que permite la priorización del empleo, asunto que también mencionó el ministro. Para los grandes sindicatos por rama, esto no es muy bienvenido (les quita poder) pero es clave. De lo contrario, todo el combo laboral-cambiario puede afectar seriamente el empleo. Es innegable que importantes sectores aún están con problemas de ingreso, pero el salario real promedio está en un máximo en 50 años. En dólares, el salario medio en Uruguay subió 40% en 10 años (26% desde los niveles pre pandemia).

Para los agronegocios, además de la presión de costos que la caída del dólar ejerce sobre los márgenes de la producción en el campo (en especial en la agricultura, caso del arroz, los cultivos de invierno y la soja), complica aún más a las agroindustrias. Porque es en ese tramo de las cadenas de producción donde el “descalce” entre costo y productividad (dólar y salario) se hace más difícil de sobrellevar, en la medida que hay una mayor proporción de costos locales (salarios, tarifas, etc).

Esto puede tener consecuencias negativas a corto, pero también a mediano plazo. Los distintos sectores del agro pueden tener mayor o menor grado de procesos de transformación, pero estratégicamente siempre va a ser mejor contar con una cadena integrada, que le da más sofisticación, competitividad, empleo, valor social y riqueza.

Durante años, producimos madera y exportamos rolos. Pero el salto cualitativo para la forestación vino con las fábricas de celulosa y tableros. Uruguay podría producir solo ganado en pie, pero es obvio que la ganadería tiene más valor y riqueza con una industria frigorífica que faena y produce cortes, como lo hace y muy bien. Exportamos soja en grano, con volúmenes récord, y es una actividad clave; sería muy interesante tener industria aceitera… siempre que sea competitiva (escala y costos). En definitiva, sin que sea una regla obligatoria, las agroindustrias aportan y son claves. Si los costos se elevan sobre la productividad (atraso cambiario) todo ese valor estratégico se compromete, se pierden empresas y -seguramente- se cae en procesos de concentración empresarial a marcha forzada. Es importante evitarlo.

Se dice con frecuencia que la cría no responde a los estímulos del mercado, que es un sector sumergido que no toma las decisiones de manejo y tecnologías (por más baratas que sean) acordes a lograr el principal objetivo de ese eslabón clave de la cadena: producir una alta cantidad de terneros todos los años. Es un error, la cría responde, aunque lo hace a su paso, al ritmo que impone una fase crítica de la cadena ganadera.

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