El escenario internacional parece conspirar a favor de países como Uruguay, lo que podría oficiar de salvavidas al flojo crecimiento de nuestra economía. Los conflictos bélicos en Europa y Medio Oriente, las tensiones sociales y la incertidumbre política, han colocado a buena parte de las economías desarrolladas ante una encrucijada sin soluciones aparentes.

Frente a sociedades cada vez más desencantadas y radicalizadas, algunos gobiernos han respondido con medidas intervencionistas y, en ocasiones, populistas que, aunque buscan atender problemas sociales exacerbados por la inmigración y resolver su seguridad alimentaria generan un fuerte desestimulo a la inversión que busca refugio amenazada por la falta de libertades.

Las intervenciones sobre los precios agrícolas como Egalim en Francia, la reserva de aceite de oliva en España, así como las restricciones en los mercados de alquileres en Madrid y Nueva York son solo ejemplos que reabren una discusión recurrente: ¿hasta qué punto una mayor carga regulatoria, destinada a proteger a productores o consumidores, termina alterando los equilibrios de mercado y que impactos no deseados podría generar en el corto y largo plazo?

El oasis uruguayo

En medio de este escenario ideológicamente pendular, la región también tambalea. La cuestionada reelección de Lula en Brasil, y la crisis financiera e institucional desatada en Paraguay, infligen un daño reputacional difícil de revertir, que vuelven a colocar en valor algunos atributos que Uruguay ha protegido celosamente durante las últimas décadas.

Desde la crisis financiera de 2002, nuestro país ha construido una reputación de estabilidad macroeconómica, solidez institucional que trasciende los cambios de gobierno. Una suerte de activo intangible, difícil de cuantificar, que probablemente constituya nuestra principal ventaja competitiva.

Sin embargo, conviene no confundir estabilidad con competitividad. Uruguay ha alcanzado un acuerdo social, ampliamente compartido, respecto al nivel de bienestar, cohesión social y presencia del Estado que aparentemente estamos dispuestos a preservar. Un contrato que, como contrapartida, exige sostener una estructura de gasto público elevada, financiada por una economía cuyo crecimiento resulta insuficiente.

Esta particular combinación anula una de las principales “perillas de la política económica”. La discusión queda atrapada en una falsa dicotomía donde se presentan como alternativas excluyentes ajustar la cantidad y calidad del gasto público o procurar un mayor dinamismo de la actividad económica que permita distribuir el ingreso, y en última instancia, estabilizar el endeudamiento.

La primera alternativa, sistemáticamente evitada por gobiernos de distinto signo, tropieza por su costo político, ya que materializa sus beneficios en plazos considerablemente más extensos que los ciclos electorales. Una asimetría que explica buena parte de nuestra proverbial resistencia a depurar el gasto público.

El bisturí de Oddone.

Limitado entonces por la escasa disposición política a revisar la estructura del gasto, el ministro Oddone, ha optado por una alternativa que merece más reconocimiento del que ha recibido. Su Ley de Competitividad constituye, aunque perfectible, uno de los intentos más ambiciosos desde la LUC para desmontar estructuras regulatorias enquistadas que han terminado protegiendo intereses particulares a expensas de los consumidores.

Sin embargo, el desafío excede ampliamente el adelgazamiento regulatorio. Persisten dos de los principales obstáculos estructurales para atraer inversiones: el elevado costo de la energía y los combustibles y una rigidez laboral que dificulta la adaptación de las empresas a condiciones productivas cada vez más cambiantes.

De esta manera, y sin desconocer el valor de la reforma, la promoción de inversiones termina convirtiéndose en la principal herramienta de la que dispone el ministro para dinamizar una economía con escaso margen fiscal y costos internos elevados. Un objetivo que, desde el inicio de su gestión, parece haberse transformado en uno de sus principales desvelos.

Por suerte para Oddone, y fundamentalmente para Uruguay, los planetas parecen alinearse detrás de un contexto internacional que comienza a expulsar capitales de regiones tradicionalmente atractivas y revaloriza destinos capaces de ofrecer activos cada vez más escasos: estabilidad y previsibilidad.

Pero entonces debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿Es Uruguay competitivo para transformar esa búsqueda de refugio en inversiones productivas de largo plazo? ¿Cómo se posiciona el sector agropecuario para recibir estas inversiones?

La competencia por el capital

Si trasladamos esta discusión al terreno microeconómico, particularmente al sector agropecuario, encontramos una paradoja interesante. La rentabilidad del sector, medida sobre el valor de sus activos, se ha ubicado históricamente entre el 2% y el 3% anual. Cuando mejoran los resultados operativos, parte de esa mayor rentabilidad termina capitalizándose en un aumento del precio de la tierra, moderando nuevamente la rentabilidad. Si incorporamos en los flujos la valorización de la tierra, que durante las últimas décadas ha contribuido significativamente en el retorno de las inversiones, es posible alcanzar niveles comparables a la tasas de los bonos a 10 años de EEUU.

Sin embargo, cabe preguntarse qué sentido tiene inmovilizar capital en un activo de baja liquidez, sujeto a riesgos climáticos, productivos y comerciales, cuando existe la posibilidad de obtener retornos elevados mediante instrumentos financieros considerablemente más líquidos y seguros.

Promoción de inversiones

Es precisamente aquí donde resulta necesario trasladar el foco a la incorporación de infraestructura y tecnología que permiten los incentivos fiscales que dispone Uruguay, a los que se suma una creciente oferta de financiamiento de largo plazo, fruto de la estabilidad macroeconómica y la mayor madurez de nuestro sistema financiero respecto a nuestros vecinos.

Los beneficios fiscales que ofrece la Ley de Promoción de Inversiones, canalizados a través de la COMAP, aunque a expensas de una mayor renuncia fiscal, permiten reducir significativamente la carga tributaria. A ello se suman las líneas de financiamiento de 15 a 30 años para compra de campo y sistemas de riego que acertadamente impulsan instituciones como el Banco República, sumando una ventaja adicional asociada a la deducibilidad fiscal de los intereses de los créditos y que en su conjunto son capaces de mover la aguja de las tasas de retorno.

Una oportunidad que no deberíamos desperdiciar.

Este pequeño rincón del mundo parece encontrarse en una situación excepcional para atraer capitales que buscan refugio frente a la incertidumbre global. Nuestra estabilidad institucional y macroeconómica constituye un patrimonio colectivo que debemos continuar protegiendo, independientemente del signo político de nuestros gobiernos. Sin embargo, la verdadera oportunidad no consiste únicamente en esperar las inversiones de brazos abiertos sino en aprovechar esta coyuntura para acelerar las reformas pendientes, reducir los costos estructurales de nuestra economía y transformar la llegada circunstancial de capitales en un proceso sostenido de inversión, productividad y crecimiento.