La reciente presentación del Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata tiene como base un andamiaje legal que desde hace más de 15 años reconoce a este parásito como un problema de interés nacional. Se trata de la Ley N° 18.268 de 2008 , reglamentada por el Decreto 9/010 y diversas resoluciones posteriores, que establece un conjunto de obligaciones y procedimientos para el control y la erradicación de la garrapata común del bovino (Boophilus microplus).
La normativa define tres objetivos centrales:
- Controlar la garrapata en las zonas endémicas del país.
- Erradicarla en las áreas libres de infestación.
- Consolidar el enfoque de “Una Salud”, que vincula la sanidad animal, la salud humana y la protección ambiental.
Este marco legal permitió estructurar un plan nacional permanente, que hoy se actualiza y refuerza con las nuevas medidas anunciadas por el MGAP.
Zonas libres y zonas de control
Uno de los aspectos clave es la clasificación territorial. Según el mapa sanitario, Uruguay está dividido en zonas libres y zonas de control, lo que permite aplicar estrategias diferenciadas. En las primeras, el objetivo es mantener la erradicación total del parásito, mientras que en las segundas se busca reducir su prevalencia y evitar que se expanda.
La ley establece que propietarios y tenedores de ganado deben colaborar activamente con las autoridades, permitiendo inspecciones, realizando balneaciones y cumpliendo con los tratamientos indicados. El incumplimiento acarrea sanciones y puede derivar en la interdicción de predios.
Otro punto sensible es el tránsito de ganado. El transporte de animales desde zonas con riesgo sanitario está regulado de forma estricta para evitar la dispersión de la garrapata. Asimismo, los establecimientos afectados deben seguir procedimientos de saneamiento con plazos definidos, bajo supervisión oficial.
Herramientas de control y prevención
La normativa también habilita la utilización de diversas herramientas:
- Diagnóstico y registro de datos para construir un mapa actualizado de infestación.
- Uso de hemovacunas y acaricidas, bajo protocolos que aseguren el respeto de los tiempos de carencia y reduzcan la resistencia.
- Impulso a alternativas biológicas y genéticas que disminuyan la dependencia de productos químicos.
- Puestos de control carreteros, clave para fiscalizar el movimiento de tropas y reducir la propagación.
Con este marco normativo como respaldo, el Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata 2025 busca ahora revitalizar los controles y sumar innovación tecnológica. La aplicación efectiva de la ley y la articulación entre Estado, productores, academia e industria serán determinantes para avanzar en un problema que implica pérdidas millonarias para el país y compromete su competitividad internacional.
