La sequía -que aún no terminó- está marcando su contundente impacto en las exportaciones de bienes del Uruguay, algo que era esperable. En julio se ubicaron 30% debajo de su nivel de un año atrás, medidas en dólares (gráfica). La principal causa es la impactante caída en las exportaciones de soja. La cosecha fue paupérrima y en julio se exportaron apenas 110 mil toneladas cuando en el mismo mes del año pasado la cifra superó el medio millón. Esto implica menos fletes, servicios, movimiento portuario, etc..

En el acumulado del año, las exportaciones de soja caen casi 80% en dólares y las exportaciones de carne vacuna -por la sequía, pero también por la caída en la demanda china- cayeron 31%. El sector lácteo mantiene una dinámica destacada y logra sostener la facturación por exportaciones en lo que va del año, con Brasil como destino clave. Contrariamente, las exportaciones de celulosa aumentaron 20% en dólares en lo que va del año, ya con la segunda planta de UPM funcionando y sumando toneladas, y a pesar de la reciente caída en el precio Internacional de la pulpa.

Las exportaciones de otros productos forestales cayeron 22% y en otros granos, el panorama es mixto: aumentan las ventas de malta de cebada y colza (20 y 76%), el arroz empata y el trigo cae (-22%). En el total, las exportaciones cayeron 20% en dólares en los primeros 7 meses del año. Un dólar que está bastante más flojo para cubrir costos locales (bajó 8% interanual en julio). Al respecto de precios relativos, las miradas están en el Banco Central y en la inflación.

Esta semana se dieron a conocer datos relevantes vinculados a la dinámica de precios. El índice Medio de Salarios (IMS) subió 10,4% y -en términos reales- está casi en los niveles de 2019, que eran un récord histórico. Esto se debe al compromiso del gobierno de recuperar los salarios a los niveles pre pandemia, mientras el BCU se aboca a bajar la inflación, lo que está logrando: en julio bajó al 4,8% anual, mínimo desde 2005. El desafío es que bajen las expectativas, y allí el partido está más difícil: a nivel de analistas han cedido, pero las expectativas de inflación de los empresarios (los que pagan los sueldos y fijan los precios) por ahora no ceden.

Es que esta dinámica de aumento de los salarios reales por la baja en la inflación y altos aumentos nominales abarca a todos los sectores, y le impone un aumento fuerte de costos a muchas empresas.

En el caso de los salarios rurales, esta semana se definió el correctivo correspondiente a la última ronda de negociación salarial, con un aumento adicional de 0,9% vigente a partir de julio. A esto se sumará el ajuste que se acuerde en la nueva ronda de consejos de salarios. En el primer semestre los salarios rurales estuvieron 11% por encima de su nivel de un año atrás, en términos nominales, lo que implica un aumento real de casi 5%. Así, el salario del trabajador rural está apenas 1,6% debajo de su nivel pre pandemia. El salario rural se ha mantenido en niveles muy altos en términos históricos, más allá de las fluctuaciones y del retroceso que coincidió con la pandemia y el impacto del pico de inflación del año pasado.

Asimismo, la productividad de los trabajadores rurales ha subido por su propia capacitación, la incorporación de maquinaria, nuevas tecnologías y mayores rendimientos, tanto en la producción agrícola como ganadera (carne y leche); eso permite sostener mejores remuneraciones.

Ahora bien: es de interés saber cuánto tiene que avanzar dicha productividad para sostener el empleo. Para aproximarnos a una respuesta hay que analizar el costo laboral en términos de producto. En la gráfica adjunta se muestra la relación entre el precio del novillo gordo (uno de los principales productos del sector) con el salario (peón especializado). Se observa que -luego del periodo de precios excepcionales que ocurrió entre fines del año 2021 y principios de 2022- la relación entre el salario y el precio del ganado ha vuelto a aumentar, es decir: se necesitan nuevamente muchos más kilos de producción para sostener un salario. En una comparación histórica, la relación actual está en torno a 30% por encima de la de los años 2011-2014 (años del boom económico). En algunos casos la productividad puede haber aumentado en esa magnitud, pero no en todos.

Detrás de esa relación de precios entre producción y trabajo, en un sector plenamente inserto en los mercados internacionales como los agronegocios, está la relación entre dólar e inflación. Los establecimientos venden productos principalmente al mercado global, cuyos precios están en dólares. Parte de sus costos también son insumos que cotizan en dólares, pero hay otra parte que son costos locales (la referida mano de obra, los servicios, impuestos, etc.), que ajustan por inflación o -como en los últimos meses- por encima de ella.

La inflación está cediendo en todo el mundo (EEUU, UE, China, Brasil, etc.), en buena medida porque los bancos centrales han aplicado políticas monetarias restrictivas (gráfica). En los mercados llamados “emergentes” (Brasil, Uruguay) esto va de la mano de una caída del dólar. Para el tramo de costos de los establecimientos correspondiente a insumos transables, cuyo precio está en dólares, el asunto no preocupa demasiado; pero los costos locales van con la inflación o por arriba y allí sí hay un problema. El atraso cambiario termina siendo un desafío para el empleo y la productividad, directa o indirectamente.

Para una economía, no debe haber mejor noticia que la suba de ingresos y de productividad. En el agro ha sucedido y de forma contundente; es uno de los rasgos de la llamada “nueva ruralidad”, con empleo de mayor calidad y más especializado. Para apuntalar este proceso es clave la inversión en infraestructura, de manera que esta dinámica llegue de la forma más amplia a todo el territorio. La reciente inauguración del puente sobre el Río Cebollatí -entre esa localidad de Rocha y La Charqueada (Treinta y Tres)- , es un fresco ejemplo. Y la multitud que acompañó la inauguración es una muestra clara de su relevancia social.

La gente de la zona sabe perfectamente el cambio que implican estas obras para su calidad de vida y sus perspectivas de futuro: mejor transporte e ininterrumpido, para personas y mercaderías. Mejor acceso a servicios (salud, educación, turismo), mayor conectividad. Mayor productividad en definitiva. Y son varias las obras con este impacto en todo el país. En este sentido, la inauguración del Ferrocarril Central -que se espera para fin de año será un hito destacado.

Que se aplique presupuesto a obras es relevante, pero a no confundirse: la mayor parte del presupuesto estatal es “no transable” (salario y jubilaciones). Este tuvo una caída real por la pandemia y las políticas de contención de salarios y gastos, pero ahora sube, precisamente por el proceso de recuperación salarial y baja de la inflación. Y como la recaudación baja, el déficit crece.

Así, en el puesto de mando macroeconómico, hay verdes y maduras: la inflación baja, pero lo clave es que bajen las expectativas de mediano y largo plazo. Para eso, ayudaría que la política salarial sea coherente con las proyecciones de inflación del Central, y que la situación fiscal no se deteriore más. Este año, los efectos de la crisis argentina y la propia sequía generan complicaciones inevitables, y el PBI se moverá poco. Pero si vuelven las lluvias -esperemos- la producción se recompondrá. Y si el BCU reduce la tasa y el ciclo electoral no hace de las suyas con el gasto, el escenario debería mejorar.