El presidente de la, Asociación Rural del Uruguay aseguró que el problema es cuando "la torta" deja de crecer o se achica y nadie quiere ceder su pedazo, el Estado, los trabajadores, los empresarios. “Esa es la situación actual”. Aseguró que “no estamos contra los Consejos de Salarios, creemos que pueden ser una buena herramienta que contribuya al crecimiento del país. Pueden contribuir también a una más equitativa distribución de los ingresos y ser un ámbito donde los trabajadores puedan plantear sus reivindicaciones y aspiraciones, pero también deben dar garantías a las empresas para poder trabajar y planificar con tranquilidad. Pero eso no está ocurriendo”. Lo que sigue es el resumen de un largo diálogo con El País.
Pablo D. Mestre.
—¿Cuáles serán los principales desafíos que afrontará en estos dos años al frente de ARU?
—El principal desafío en lo personal será cumplir de la mejor forma posible con la responsabilidad y las obligaciones que impone presidir la ARU, Institución que durante sus 147 años ha estado aportando ideas y trabajo para el crecimiento y desarrollo del país.
—¿En dónde pondrá mayor énfasis su gestión en ARU, junto con la directiva?
—En lo que marca el primer artículo de los estatutos que durante 147 años guiaron a la Institución, trabajar por el desarrollo del país, defender los intereses de la producción agropecuaria y de las agro industrias y promover al trabajador rural en los planos económico, social y cultural. Primero el país, luego los intereses sectoriales que están íntimamente ligados a los del país y finalmente, no por menos importante sino porque está ligado a los dos anteriores, la promoción de los trabajadores del campo en todos los planos.
-¿Cómo ve la situación del país en estos momentos?
-Muy complicada, somos un país muy caro, los costos de vida y de producción sumados a otros problemas determinan que somos muy poco competitivos. El Estado gasta más de lo que recauda, tenemos un déficit fiscal crónico, que viene de mucho tiempo. Pasamos de un gasto público de 4.000 millones de dólares a 16.000 millones de dólares, creció del 24 al 31% del PIB, con un PIB que aumentó en forma importante y a pesar de ello tenemos un déficit fiscal de cerca de 2.400 millones de dólares. Se recurre periódicamente a ajustes fiscales, retoques de impuestos y aumento de tarifas públicas buscando equilibrar las cuentas con mayores ingresos, muy poco se hace para bajar los gastos. Se usa el tipo de cambio como ancla para controlar la inflación, inflación que se alienta con el aumento del gasto. Si a esto le agregamos la mala infra estructura del país, la pobre inserción internacional y las dificultades en las relaciones laborales, tenemos un conjunto de factores que explican gran parte de los problemas de falta de competitividad que enfrentamos para colocar nuestra producción. Déficit fiscal, atraso cambiario y aumento de la deuda, una combinación que ya hemos vivido en otras oportunidades, sabemos que no es sostenible en el tiempo y si no se corrige a tiempo termina mal.
-¿Y cómo ve al sector agropecuario en particular?
-El sector no escapa a la situación general del país, estamos con muchos problemas. Después de 10 años muy buenos, desde el 2004 al 2014, con precios sostenidos y en aumento para prácticamente todos los productos, durante los cuales quedó demostrado el potencial que tiene el agro y la influencia sobre el resto de la economía, estamos ahora con precios que se han ajustado a la baja y con costos muy altos que hacen inviable la producción en muchos sectores.
-¿Preocupa endeudamiento?
-Está aumentando el endeudamiento que llegó al 74% del PIB agropecuario y también está creciendo la morosidad, están desapareciendo empresas y también puestos de trabajo como en el resto de la economía donde se perdieron más de 50.000 puestos de trabajo en los dos últimos años.
-Pero el Ministro Murro dice que cuando se habla de pérdida de empleo también debería considerarse que se crearon en los últimos 14 años más de 300.000 puestos de trabajo y se han mejorado los salarios y también las jubilaciones.
-Lo que el Ministro Murro dice es verdad, estamos de acuerdo y es muy bueno que haya sido así. Pero debe considerarse lo que mencionamos anteriormente en cuanto a que tuvimos entre el 2004 y 2014 los mejores años en los términos de intercambio para nuestros productos. Vale la pena recordar que durante el siglo pasado los precios de las materias primas tuvieron una caída constante y muchos analistas económicos de todo el mundo, y de nuestro país, decían que si seguíamos apostando a la producción agropecuaria íbamos a ser cada vez más pobres, que había que apostar al turismo, al sector financiero, a los servicios etc. Esa tendencia en el precio de las materias primas se revirtió en el comienzo de este siglo y la soja por ejemplo pasó de menos de US$ 200 la tonelada a 500, la carne vacuna de menos de US$ 2.000 la tonelada a casi 4.000, la carne ovina lo mismo, la leche en polvo a casi US$ 5.000 la tonelada etc.
-Y provocó más inversión...
-Exacto. Esto permitió aumentar la inversión, mejorar tecnologías de producción, realizar innovaciones y aumentar la productividad en el sector y en las agro industrias, todo lo cual apoyó el crecimiento del país. También estos aumentos de precios de nuestros productos permitieron mantener un tipo de cambio bajo, controlar la inflación y mejorar el poder adquisitivo de toda la población. A eso se sumaron dos efectos positivos del gobierno Kirchnerista sobre nuestra economía.
- ¿En qué sentido lo dice?
-Primero, debido a sus malas políticas agropecuarias expulso a buenos productores que vinieron a trabajar e invertir en el Uruguay y, en segundo lugar, por efecto de la corrupción generó un flujo de dinero que vino a invertirse en distintos sectores de nuestro país y contribuyó al dinamismo de la economía. Todos estos factores, más las políticas que se aplicaron, contribuyeron al crecimiento del empleo, al crecimiento del salario y también de las jubilaciones y del país en su conjunto.
-¿Y después?
-Siempre se dice que es más fácil repartir la torta cuando ésta crece. Los problemas se plantean cuando la torta deja de crecer o se achica y nadie quiere ceder su pedazo, el Estado, los trabajadores, los empresarios. Y esa es la situación actual. A partir del 2014 los precios de nuestros productos bajaron, los costos del país siguieron subiendo, el gobierno argentino cambio y desapareció su efecto positivo y el entorno internacional y regional ha empeorado.
-¿Y qué pasa con la “torta”?
-La torta se está achicando en muchos sectores, entre ellos el agro y cuando esto sucede el hilo se corta por el lugar mas débil, los trabajadores y las empresas. El Estado resiste por un tiempo trasladando el ajuste a las empresas y a los trabajadores o a las futuras generaciones endeudándose mientras puede. Todo esto genera tensiones que hay que hacer un esfuerzo para controlar y resolver de la mejor manera para el país. Podemos negar la realidad, pero eso no la cambia, la realidad esta ahí y la tendencia no es buena y si no hacemos un esfuerzo por cambiarla va a ser peor. Basta mirar a nuestros vecinos.
-¿Las tensiones a que se refiere son las que motivaron el retiro de la ARU de los Consejos de Salarios?
-La decisión del retiro de los Consejos de Salarios fue tomada en conjunto por 5 gremiales representativas del sector rural, entre ellas la ARU. El comunicado emitido es claro en cuanto a que no se va a volver a esta ronda de los Consejos de Salarios, hasta que no tengamos garantías. Vale la pena aclarar es que el retiro de las Gremiales Rurales de los Consejos de Salarios no es por un problema con los trabajadores rurales sino con el Ministerio de Trabajo que entendemos no está actuando como el fiel de la balanza. Nuestra mayor preocupación son los Consejos de Salarios en las agro industrias porque repercuten directamente en los precios que luego nos llegan a los productores. El problema arranca del año 2016 cuando al inicio de la negociación el MTSS propuso un correctivo final del 5.66% que nosotros entendimos no estaba contemplado en los acuerdos vigentes en ese momento. Debido a dificultades que esto provocó en distintos grupos de negociación, el presidente Vázquez resolvió que el Poder Ejecutivo apoyaría la inclusión de dichos correctivos solamente en los grupos de negociación en que hubiera acuerdo entre trabajadores y empleadores. En el Grupo 22 Rural no hubo acuerdo y a pesar de ello el MTSS decidió incorporar al proyecto de Acta a votar, la aplicación de un correctivo final, pero no paró allí.
Las gremiales rurales llevamos a esa negociación trabajos del INIA y del Plan Agropecuario, que demostraban las dificultades que estaba comenzando a transitar el sector, a pesar de lo cual el MTSS aplicó para la ganadería un ajuste superior a la pauta establecida por el Poder Ejecutivo para los sectores más dinámicos de la economía y para la lechería y el arroz el ajuste fue la pauta establecida para los sectores intermedios.
El sector siguió perdiendo trabajadores y productores y aumentó su endeudamiento, el cual llegó al 74% del PIB agropecuario lo cual demuestra que los trabajos presentados tenían sólidos fundamentos.
-¿Cómo sigue entonces?
-Llegamos a esta negociación donde otra vez se aplica un correctivo que entendemos no está contemplado en el acuerdo anterior y además con un prolongado e injusto conflicto en Conaprole que demuestra que las empresas están totalmente desprotegidas en cuanto al cumplimiento de los acuerdos logrados en los Consejos de Salarios. En esas condiciones no tiene sentido participar en un proceso de negociación que no ofrece a las empresas garantías de cumplimiento en los acuerdos logrados.
-¿ARU va a volver a los Consejos de Salarios ?
-No estamos contra los Consejos de Salarios, creemos que pueden ser una buena herramienta que contribuya al crecimiento del país. Pueden contribuir también a una más equitativa distribución de los ingresos y ser un ámbito donde los trabajadores puedan plantear sus reivindicaciones y aspiraciones, pero también deben dar garantías a las empresas para poder trabajar y planificar con tranquilidad. Eso no está ocurriendo y creemos que debe mejorarse.
-¿Qué opina de la afirmación del director del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT en cuanto a que las empresas son un bien social?
-Es un pensamiento y una concepción que respeto, pero no comparto. Los países que llevaron a la práctica esta concepción de las empresas se empobrecieron. Las empresas son de los empresarios y éstos tienen derecho a manejarlas como entiendan conveniente, con mucha, poca o ninguna participación de los trabajadores en las decisiones y en la dirección de sus empresas. Las empresas tienen una función y una responsabilidad social, pero son conceptos diferentes, no son un bien social.
-Algunos integrantes del movimiento sindical ven las relaciones laborales como una lucha de clases y han dicho que los empresarios se llenan los bolsillos explotando a los trabajadores. ¿Qué opina?
-Nosotros podemos entender el concepto de lucha de clases hace 200 años, cuando Carlos Marx desarrolló su pensamiento, en una Europa feudal con el 87% de la población debajo de la línea de la pobreza, comunicaciones muy limitadas, condiciones de trabajo en muchos casos muy malas y libertades de los trabajadores muy relativas. Hoy en día en un mundo globalizado, con información y comunicaciones en tiempo real, con libertades plenas de los trabajadores y empresarios, con diferentes y variada oferta de trabajos, libertad de elección y opción de mantener o dejar un trabajo, es un concepto errado. Los países crecen y mejoran las condiciones de vida de su población en la medida que todos sus habitantes colaboran para ser más competitivos. Ese tipo de conceptos y manifestaciones no ayudan a construir un país mejor.
-¿Qué sugiere?
-Sería una buena experiencia que los sectores del movimiento sindical que tienen esa concepción de los empresarios y de la lucha de clases pusieran empresas testigo en diferentes sectores de la economía, así tendrían información de primera mano y fundamentada de los números de las empresas. Llegar a tener una empresa en nuestro país no es sencillo y sobrevivir es complicado. Vemos a los trabajadores del agro, de las agro industrias, de los servicios y del Estado y al Estado mismo, como socios estratégicos para lograr una mayor competitividad, fortalecer el crecimiento sostenido de la economía y el desarrollo del país. Si lo logramos seguramente nos permitiría mejorar la calidad y la remuneración del trabajo en todos los sectores y el nivel de vida de nuestra gente.
—En su asunción habló de dos temas claves: el despoblamiento de la campaña y la educación rural. ¿Son vinculantes? ¿Cómo se puede atenuar eso?
—Hablamos de estos dos temas porque consideramos que para un país agropecuario son muy importantes ya que sin gente en el campo no hay futuro y están íntimamente ligados. En la primera revista de la ARU en 1873 se pedían más escuelas rurales. La educación, capacitación y formación del individuo son la base para el ejercicio pleno de la libertad de las personas. Todos los padres tratamos de darle a nuestros hijos la mejor formación posible porque sabemos que es un capital que nadie les va a sacar y los va a defender toda la vida. Hemos venido perdiendo productores y trabajadores del campo en forma continua desde hace muchos años. Estamos perdiendo escuelas rurales también y es una consecuencia de lo anterior y también una causa.
—¿Cuál es el origen de esa problemática?
—Muchos productores y trabajadores rurales no pueden afrontar los costos que implica mantener una familia en los centros poblados para que sus hijos concurran a los centros educativos y se ven obligados a abandonar el campo. Sabemos que la migración del campo a las ciudades es un fenómeno mundial y tiene varias causas, no solo las que mencionamos, pero en general los países se preocupan por generar políticas para mantener la gente en el territorio. Sin gente en el territorio no hay desarrollo económico y social equilibrado en los países. Estamos convencidos que hay que trabajar para generar políticas y condiciones que ayuden a mantener la gente en el campo.
—También habló de su preocupación por la extranjerización de la tierra. ¿Cuál es su postura cuando pide “igualdad de condiciones”?
—Entre el año 2000 y el 2016 se vendieron cerca de 8.000.000 de has en el país, algo más de la mitad del territorio productivo y gran parte fue adquirido por extranjeros. Casi la mitad de esas tierras fueron vendidas por productores de menos de 1.000 has, en su inmensa mayoría productores familiares y esa es nuestra preocupación porque estamos perdiendo tejido social, gente de trabajo que conoce del campo y vive en el campo.
—¿Cuáles son las causas que llevan a esto?
—En la mayoría de los casos, los ingresos de las explotaciones por debajo de 1.500 has en diversos rubros no son suficientes para enfrentar los costos de producción y los costos familiares. Esto se ve agravado si tiene que enviar sus hijos a estudiar a un centro poblado. En consecuencia, la única alternativa que le queda es vender su campo y emigrar a la ciudad. ¿Y quién compra? Extranjeros. Pero no estamos en contra que extranjeros compren tierras en nuestro país.
—¿Qué es lo que preocupa?
—Para que quede claro lo que nos preocupa son las causas y consecuencias para el país de la venta de esas tierras por parte de muchos productores familiares uruguayos. Cuando pedimos igualdad de condiciones para todas las agro industrias es porque creemos que esto es lo que lleva a una eficiente asignación de recursos de acuerdo con las señales del mercado, y en el mediano y largo plazo es lo mejor para el país. Cuando se generan beneficios y condiciones impositivas especiales para atraer inversiones se está demostrando que el Uruguay no es atractivo y que las empresas que están produciendo en el país lo están haciendo en un ambiente adverso que en muchos casos las lleva a desaparecer. Cabe preguntarse por qué dejamos fracasar empresas que están trabajando y dando trabajo en el país mientras nos esforzamos por generarle condiciones especiales a las nuevas inversiones que queremos atraer.
-¿Cómo ve el tema impositivo en el sector?
-Todos queremos que nos den garantías en cuanto a que los impuestos se mantengan en el tiempo y sean siempre los mismos porque permite planificar con tranquilidad. Esto se les garantiza a las nuevas inversiones. Pero no sucede lo mismo para los que trabajamos en el país.
-¿Por qué lo dice?
-En el año 2007 se realizó una reforma impositiva donde se nos aseguró a los productores agropecuarios que la base de imposición iba a ser el impuesto a los ingresos y al gasto, quien más gana, más paga. Esto había sido largamente reclamado por el sector: bajar al mínimo los impuestos ciegos sobre la tierra y el capital que son tremendamente regresivos ya que no tienen en cuenta las continuas variaciones del mercado agro alimentario que es el más intervenido del mundo ni las variaciones climáticas que en muchos años causan pérdidas importantes. Si hay ganancias se paga, pero si hay pérdidas no, esa debería ser la filosofía.
-¿Y no fue así?
-Ese año 2007 efectivamente fue así, el 23% de lo que pagó el sector fue por impuestos a la tierra, pero sucesivamente se fue cambiando el criterio y se volvió a los impuestos ciegos a la tierra y el capital. Hoy los impuestos ciegos son más del 55% de la carga impositiva que soporta el sector. Es decir, aunque haya pérdidas hay que pagar y descapitalizarse. No es justo con el sector, ya es bastante tener como socio al Estado en las ganancias y arreglarse solo con las perdidas. ¿No será demasiado que el Estado exija en los ejercicios que hay perdidas que se le entregue parte del capital a través de impuestos ciegos?
Pero lo peor es la instabilidad y el cambio permanente de las políticas impositivas. Este tipo de cosas es a lo que nos referimos cuando pedimos igualdad de condiciones.
-Algunos dirigentes políticos consideran que la rentabilidad del negocio agropecuario es muy buena y prueba de ello es la valorización de las tierras. Incluso proponen gravarla con nuevos impuestos porque dicen que los productores están ganando mucha plata.
-Lo primero que vale la pena aclarar es que los productores viven de lo que la tierra produce y no de lo que la tierra vale salvo que la vendan. Lo segundo es que la relación entre el precio de la tierra y la rentabilidad del negocio cambió hace mucho tiempo. Han crecido los grandes capitales y las grandes fortunas personales en el mundo y no siempre encuentran oportunidades de colocación seguras, los bancos han tenido problemas, los papeles también. La tierra es un bien finito, no se fabrica más, y las tierras productivas cada vez son menos por el crecimiento de las ciudades.
También cuesta más mantener las tierras en buenas condiciones para la producción sostenible y saludable de alimentos por el crecimiento de la contaminación y los problemas relacionados a la calidad del agua. Eso ha determinado que en el mediano y largo plazo la inversión en tierras tiene una buena y segura rentabilidad por su propia valorización y no por la rentabilidad del negocio que sobre ella se realiza. Nuestro país reúne todas las condiciones para atraer inversiones en ese sentido, por la calidad de sus tierras, su clima, la calidad y disponibilidad del agua, su muy baja contaminación, su estabilidad social y política etc. Es fácilmente demostrable en cifras.
-Hágalo por favor…
-Si usted analiza un productor ganadero de 500 has, tiene un capital en tierra de aproximadamente US$ 1.500.000 y el ingreso neto, en promedio no supera los US$ 15.000 anuales, un poco más de US$ 1.000 por mes. Una rentabilidad del 1% sobre el capital en tierra, sin considerar el capital de trabajo. Ese ingreso, viviendo en el Uruguay no le da para mantener a su familia y enviar a estudiar a sus hijos. Su opción es vender el campo, ¿y quién compra?, en la mayoría de los casos extranjeros porque en el Uruguay no hay grandes capitales.
Y no es un problema que compre un extranjero, en muchos casos ha sido muy positivo porque traen nuevas tecnologías, realizan importantes inversiones y desarrollan los predios. Nos preocupan las causas y consecuencias que está provocando esta situación, pérdida de productores familiares, pérdida de tejido social en el campo, pérdida de experiencia de trabajo, pérdida de conocimiento, despoblación del campo, pérdida de territorialidad, imposibilidad de un desarrollo social y económico equilibrado. Si se aplican nuevos impuestos a la tierra se va a agravar esta situación.
Las políticas que le pediría a futuros gobernantes
-¿Cree que las políticas de los últimos gobiernos han provocado un desánimo en inversores?
-Uruguay pasó por un periodo entre el 2004 y 2014 donde un conjunto de condiciones internacionales y también de políticas determinaron que fuéramos atractivos para las inversiones. Pero esas condiciones cambiaron y nuestro país paso de ser el segundo en Sudamérica, detrás de Chile en la inversión medida como porcentaje del PIB a ser el último, y ahora la inversión es negativa, es decir se va más inversión de la que llega. Eso debería de llamarnos a un análisis de la situación, los números muestran claramente que no somos atractivos para los inversores.
-¿Qué políticas le pediría a los futuros gobernantes?
-Todas lo que tienen que ver con la competitividad del país porque nos va la vida en ello. Bajar y mejorar la calidad del gasto público. Disminuir el déficit fiscal y en lo posible eliminarlo por las consecuencias negativas que tiene.
Mantener un tipo de cambio adecuado. Lograr que las empresas publicas brinden servicios de calidad al mínimo precio posible para darle competitividad al sector privado y bajar el costo de vida de las familias.
Mejorar la inserción Internacional logrando acuerdos comerciales que mejoren las condiciones de acceso de nuestros productos en los mercados.
Mejorar las relaciones laborales logrando mayor flexibilidad sin afectar los derechos de los trabajadores.
Lograr que la gestión del Estado se apoye en una burocracia bien entendida, profesional en el ejercicio de su función, bien remunerada, leal a la función pública, independiente del partido que gobierne, que entre por la puerta que corresponde y no por la ventana y que desarrolle su carrera de acuerdo a sus condiciones, su dedicación y su esfuerzo.
Terminar con el clientelismo, amiguismo y nepotismo en la función pública. Que no sea una promesa electoral que nunca se cumple. Esto entendemos que es básico para lograr una mayor eficiencia y eficacia en el Estado. La competitividad del país debería comenzar por un estado competitivo que no traslada a las empresas y la población su ineficiencia y sus costos.
—El Dr. Pablo Zerbino destacó la puesta en marcha del Grupo Agro, con las demás gremiales del sector. ¿Qué piensa al respecto?
—Creo que fue una excelente iniciativa que debemos mantener y profundizar. Tenemos muchos intereses en común y los trabajos en equipo siempre logran mejores propuestas y resultados que los esfuerzos individuales de cada Institución.
PERFIL.
Nacido entre las ovejas.
Nombre: Gabriel Capurro Álvarez
Edad: 66 años
Otros datos: Casado, 4 hijos y 11 nietos. Hincha del Club Nacional de Fútbol.
”Nací entre las ovejas, mi tío y mi padre me transmitieron esa pasión, tanto que cuando tenía 10 años, un vecino que iba a comprar carneros todos los años a El Aguará le preguntó a mi padre: “¿A este gurí lo parió una oveja o lo parió la madre?, vengo todos los años y se pasa acá en los bretes…”.
La anécdota del Ing. Gabriel Capurro Álvarez lo define claramente.
A los 18 años arrendó un campo con un tío y se ocupó de las ovejas.
Tras recibirse de Agrónomo ingresó al SUL: “trabajé 10 años en el departamento de Extensión, en Durazno y Florida, después fui jefe del área de Extensión, durante 4 años fui jefe del departamento y después 15 años gerente general”. Fueron 35 años en la institución.
“Le prometí a mi mujer que cuando me retirara íbamos a vivir tranquilos al campo, a disfrutar lo que no habíamos podido y de los nietos…
Pero no cumplió. Primero integró la directiva encabezada por Ruben Echeverría, luego la de Ricardo Reilly y la de Pablo Zerbino. Y ahora le tocó a él ser presidente.
El Ing. Agr. Gabriel Capurro está casado con Pilar Barcia, es padre de 4 hijos: Gabriel, Alberto, Alfonso y Pilar, y orgulloso abuelo de 11 nietos.