En los primeros días de este año, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia comenzó el análisis de la operación de activos Marfrig y Minerva, donde de acuerdo a la legislación uruguaya el negocio se encuentra sujeto a control de la comisión, la solicitud de autorización se tuvo que realizar de manera previa a la transacción, explicó en primer lugar Héctor Ferreira, integrante del estudio Hughes & Hughes.
Entrevistado en Valor Agregado, el especialista indicó que este proceso presenta un cambio en relación al proceso anterior, donde solamente se ponía en conocimiento de la comisión la intención de realizar la operación.
“Luego la comisión tiene que determinar si la presentación es correcta, si tiene todos los elementos formales para poder analizarla, sino están van a requerirle a las partes que presentes los elementos necesarios”, sostuvo Ferreira, que además agregó que en caso de existir un principio de que va a haber una concentración del porte establecido por la norma, el mismo se ubica en el eje de los US$ 70 millones.
Una vez que estén presentados todos los elementos requeridos por la comisión, la misma tiene un plazo de 60 días para expedirse, pero “ese plazo puede estar sujeto a suspensiones que se derivan de solicitudes de información que pueda hacer la comisión”, acotó el integrante de Hughes & Hughes.
Si bien los 60 días pueden estar sujetos a suspensiones para solicitar más información, la comisión “debería de expedirse en el entorno de ese plazo”.
Sobre la decisión que tome la Coprodec, Ferreira sostuvo que nos podemos enfrentar a tres escenarios: la autorización, la denegatoria y en el medio podría haber una autorización condicionada, donde la comisión autorice bajo determinadas condiciones. Estas condiciones “pueden implicar un monitoreo posterior de la operación, puede eventualmente que se admite en parte la operación”.
En caso de aprobarse la operación, Minerva pasaría a tener 7 plantas en nuestro país, abarcando a aproximadamente el 50% de la faena, con lo que “parecería” que puede darse una situación de posición dominante.
Aunque en el derecho uruguayo, “la mera posición dominante tampoco es un factor determinante, o un factor que pueda implicar hacer o no hacer algo, lo que no se quiere por parte de la norma es el abuso de la posición”, explicó el especialista.
