Rurales El Suplemento

La igualdad va por pago

Los indicadores de pobreza y desiguladad mejoraron en los últimos años. Hay diferencias importantes según las zonas del país.

Gráficas.

Por Nicolás Lussich. 

La pobreza subió levemente de 7,9% a 8,1% en 2018, según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es una medición de pobreza según el ingreso, sin considerar otras dimensiones (acceso a infraestructura, vivienda, educación, derechos, etc.). El método consiste en analizar los estratos de población por ingreso (de menor a mayor) hasta llegar al que cubre una canasta básica de alimentación (línea de indigencia). Sobre ese estrato de referencia se calculan gastos agregados básicos en transporte, vestimenta, calefacción, etc. (canasta básica no alimentaria) lo que sumado a lo anterior da la Línea de Pobreza. Esto se hace para Montevideo, interior urbano e interior rural. A diciembre de 2018 la línea de pobreza se ubicó en 13.619, 8.825 y 5.926 pesos respectivamente (mensuales por persona). Personas con ingresos inferiores, se consideran pobres.

El método puede resultar poco “exigente” pues determina un mínimo muy básico (en especial en el “interior”), pero es el que se ha usado en forma continua, permitiendo la comparación año a año. La equidad, por su parte, se ha mantenido más estable desde 2012, luego de mejorar significativamente en años previos. Se mide a través del Índice de Gini, que calcula la “distancia” entre una distribución perfecta de la riqueza (todos los individuos tienen el mismo ingreso, el índice es 0) con la real; a menor índice, más igualdad.

En términos geográficos, la pobreza está particularmente concentrada en los departamentos de la frontera norte-noreste: Artigas, Rivera (con más del 8% de los hogares pobres), Cerro Largo y Treinta y Tres; y también en la periferia de Montevideo. En cuanto a la equidad, los departamentos más equitativos, son Colonia, San José, Flores y Florida, a los que se suma Cerro Largo, aunque éste con un nivel de pobreza mayor.

Los datos mencionados llevan a analizar la descentralización como posible factor de mejora en los ingresos y en las condiciones de vida, en especial en momentos en que la economía uruguaya está frenada, con problemas de competitividad y con varias cuestiones sociales sin resolver.

En los departamentos mencionados (los del suroeste) la mayor equidad y capacidad de integración social podría asociarse a la existencia de localidades medianas y pequeñas, sin grandes aglomeraciones urbanas. En efecto, los departamentos con mayor equidad no tienen grandes ciudades concentradoras de población, como es el caso -por ejemplo- de Montevideo o Salto, que se asocian -en general- a mayores desigualdades, con parte importante de la población que queda en condiciones más precarias y difíciles. Claro que esos movimientos no son antojadizos: el empleo que no aparece en otros lugares se percibe más fácil de obtener en las grandes urbes y hacia allí van las personas.

Otro rasgo notorio de los departamentos más equitativos es la diversificación de sus economías. En Colonia y San José la combinación de industria, agro y servicios (turismo, etc.) se muestra allí equilibrada, tal vez más que en otros lados. Al combinar eso con un desarrollo urbano más parejo, se facilita concretar mejores niveles de equidad.

Impulsar la descentralización está establecido en la Constitución (art. 50). En su artículo 298 se crea el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), que hoy destina unos $ 1.500 millones anuales a proyectos en todo el territorio, ejecutados por Intendencias y ministerios, y coordinado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP); a eso hay que sumar el fondo para caminería rural y otros recursos. El FDI se financia con el 11% de los impuestos nacionales que se recaudan fuera de Montevideo; recursos que salen y luego vuelven a las localidades del “interior”.

Hay otras políticas que fomentan la descentralización. Por ejemplo, la ley de inversiones puntúa más a los proyectos localizados fuera de Montevideo. Por su parte, el acuerdo con UPM para la instalación de su segunda planta de celulosa tiene en la descentralización un objetivo clave.

En educación se destaca la fundación de la UTEC (Universidad Tecnológica) y otras iniciativas de descentralización universitaria (Udelar e institutos no estatales). Hasta no hace mucho, el sistema educativo -en especial el universitario- era un factor de concentración más que de descentralización: para estudiar una carrera “morías en la capital”. Esto mejoró, aunque aún hay para avanzar.

Para las Intendencias una mayor descentralización puede ayudar a fortalecer sus comunidades locales y mejorar la calidad de vida. En este plano se han dado tendencias contrapuestas. Por un lado, los procesos para priorizar inversiones en el territorio -que definen la OPP con las intendencias-, han mejorado, permitiendo una mayor efectividad del gasto asignado, con mejor impacto local.

Al mismo tiempo, en los últimos años las Intendencias han resignado recaudación de impuestos propios a cuenta de asignaciones presupuestales directas desde el gobierno central. Es una discusión abierta: hay quienes valoran los sistemas centralizados – caso de la patente- como más eficientes y transparentes. Sin embargo, eso quita margen de maniobra a los gobiernos locales y sus ciudadanos para ejecutar sus prioridades. Históricos problemas de gestión de muchas Intendencias han coadyuvado para llegar a la situación actual.

En cualquier caso, para un avance más profundo en la independencia de la gestión local y la descentralización habría que poner en juego áreas relevantes como educación, salud y -por qué no- seguridad. Pero para organismos como ASSE, ANEP, etc., la descentralización ha quedado más en los papeles que en la realidad.

Comunidades locales robustas pueden ser el soporte de sociedades más equitativas, que crezcan más equilibradamente en los ciclos de expansión y amortigüen mejor los efectos de períodos más difíciles. Sin caer en ejercicios voluntaristas de ingeniería social, apostar a la descentralización paga. Esto no quita que se deba mejorar la eficiencia económica de las grandes urbes. Considerar Montevideo como verdadera área metropolitana (que incluya -al menos- partes de Canelones) podría hacer más eficiente su gestión. El resto del país lo agradecería.