La reciente compra de la estancia María Dolores ha despertado fuertes críticas hacia el Instituto Nacional de Colonización (INC), adjudicando motivaciones políticas e ideológicas detrás de una adquisición sin la debida diligencia. Si bien no queremos caer en la falsa dicotomía entre colonización y pobreza infantil porque nos obligaría a repensar y cuestionar todo el rol del Estado, ante un contexto internacional apremiante y recursos siempre finitos, este tipo de operación no parece ajustarse a las prioridades que debería tener el gobierno y confirma la discrecionalidad que existe dentro del INC.

Algunos de los temas que pretendemos poner sobre la mesa, refieren a la eficacia y pertinencia del INC. La motivación fuertemente ideologizada detrás de la política de tierras intenta evitar estérilmente la concentración y extranjerización de la tierra y se alinea detrás de una incomprendida soberanía nacional, utilizando recursos con el objetivo de modificar a fórceps la tenencia de la tierra, reproduciendo pobres con campo. ¿Importa realmente la cédula de identidad del propietario o la superficie que ocupa? ¿O es más importante que las empresas inviertan, produzcan, generan empleo y paguen sus impuestos? Un deber cívico algo devaluado últimamente.

¿Resulta pertinente otorgar activos millonarios a un pequeño grupo de colonos sin demostrada idoneidad, que no cuentan con el capital necesario para poner en funcionamiento un establecimiento agropecuario? ¿Esto requiere de ayudas, que el INC pone a disposición de los colonos con recursos públicos adicionales? Y finalmente ¿existen otros mecanismos que podrían utilizarse en forma más efectiva para el desarrollo del medio rural en el Uruguay?

Un poco de historia. Fundado en 1948 el Instituto Nacional de Colonización inició su actividad bajo un sistema productivo y económico muy diferente al que rige actualmente. Ya en la década del sesenta, trabajos como “El Proceso Económico del Uruguay” (PEU) demostraron cómo la concentración de la tierra, el estancamiento económico y el bajo nivel de inversión de los ganaderos (expresado a través de la baja implementación de pasturas artificiales), no se debía al conservadurismo político, sino que respondía a estímulos puramente económicos. Los importantes excedentes que captaban los grandes ganaderos ante una producción estancada y sin estímulos materiales para la inversión, tendrían otros destinos como seguir expandiendo el tamaño de los establecimientos, exacerbando el proceso de concentración de la tierra.

El trabajo del PEU contribuyó a comprender la racionalidad de los ganaderos y la estructura de la propiedad de la tierra, siendo que no respondía a un resabio colonial (prejuicio que sigue aún vigente en algunos sectores de la sociedad y se manifiesta en la rivalidad campo-ciudad), sino a la dinámica de acumulación de capital que existía, producto de la ausencia de estímulos para invertir en los paquetes tecnológicos disponibles de aquella época.

Este paradigma de producción y el estancamiento económico no se modificó realmente sino hasta el boom de la soja de principio de este siglo, que vino acompañado por un considerable aumento del precio de la tierra y una refrescante extranjerización que trajo dinamismo al sector y adopción de nuevas tecnologías como la siembra directa. Esta última no solo viabilizó un paquete tecnológico de pasturas de alta productividad, sino que permitió el desarrollo de rotaciones agrícolas de forma sustentable. El uso de los herbicidas y la soja transgénica como cabeza de rotación resultaron en un factor determinante para una efectiva limpieza de las chacras. Ello permitió aumentar la productividad y reducir el costo de producción de granos, con lo cual se estableció un flujo exportador y se viabilizó un importante proceso de intensificación ganadera vía subproductos agrícolas para la suplementación animal.

Ante este radical cambio de paradigmas, el accionar del INC quedó desactualizado y obsoleto. Los elevados precios de la tierra, así como la pesada estructura de costos, en muchos casos fogueada por el propio sobrepeso del Estado (gasoil, electricidad, entre otros), elevan aún más las barreras de entrada a la producción agropecuaria. Esto en lugar de oficiar de incentivo para buscar alternativas modernas acordes a los tiempos que corren, ha sido utilizado como insumo para redoblar la apuesta, intentando justificar el accionar estilo Robin Hood del Instituto.

¿Es inherentemente negativa la concentración? ¿O deberíamos preocuparnos si ésta viene acompañada de destrucción de valor y deterioro de la competencia? Cuando analizamos los complejos agroindustriales en Uruguay, es posible identificar ciertos vicios, producto de estructuras oligopólicas, que en efecto deterioran la competencia y distorsionan los mercados. En el caso de la producción primaria, donde las empresas, incluso aquellas que concentran importantes superficies de tierra y son tomadores de precios, no resultan en una verdadera amenaza para la libertad económica y la soberanía nacional.

En un contexto de precios de tierra elevados y una histórica baja rentabilidad (2-3%), donde la superficie ganadera mínima para cubrir una canasta básica familiar supera hoy las 500 hectáreas (a 4000 USD/ha equivale a un patrimonio de 2 millones de dólares), resulta contrario a todo sentido común destinar recursos para forzar el establecimiento de pequeñas unidades productivas y más aún cuando este costo asciende a 7000 USD/ha.

El Instituto, de acuerdo con los informes de auditoría, ha demostrado una total opacidad, desorden organizacional y una toma de decisiones defectuosa, donde una pesada estructura administrativa aprueba compras de alto perfil a precios desorbitantes, sin el debido análisis técnico, atentando contra la gestión de lo público. Resulta imperativo explorar algunas alternativas con mayor participación en el ámbito privado que sustituyan el ineficiente accionar del INC, más allá de esta compra puntual.

Propuestas. Una primera alternativa consiste en sustituir la política asistencialista del INC por una activa política crediticia para la compra de campos a 30 o más años de plazo. Esto, que podría incluso sustituir los aportes que actualmente realizan los colonos y no los excluye necesariamente, ofrece mayores garantías a los contribuyentes y alinea incentivos desde el punto de vista del riesgo moral y la explotación de los campos, producto de un sentimiento de pertenencia asociado a la propiedad de la tierra que se contrapone al descuido de lo público.

Desde la crisis de 2001, el sistema financiero uruguayo ha mostrado una destacada estabilidad macroeconómica, lo que ha permitido el desarrollo de una política crediticia más robusta, similar a lo observado en países con mercados financieros consolidados. En este contexto, el BROU, sin comprometer su equilibrio como institución financiera y banco de fomento, ha sido pionero en la creación de líneas de crédito para la compra de campos a 15 y 20 años. Si se canalizaran de manera más eficiente los recursos actualmente gestionados por el INC, sería posible ampliar estas líneas de crédito con condiciones aún más favorables en términos de tasas y plazos, en función de potenciar una política de desarrollo rural y acceso a la tierra más sostenible.

Lechería como instrumento de colonización rural. Una experiencia ampliamente utilizada en Nueva Zelanda, que insistimos debiera ser considerada como instrumento alternativo para la promoción de la lechería, es el sharemilking (o lechería asociada). Esta modalidad convoca a dueños de campos y operadores lecheros a fusionarse en sociedades para la producción de leche, repartiendo costos y los beneficios de la remisión, en contratos que van desde 80/20 hasta 50/50.

Esta modalidad reduce al mínimo las barreras de entrada al sector lechero con un mínimo aporte de capital, con lo cual podría transformarse en una herramienta infinitamente más eficiente para revertir el cierre de tambos y fomentar el recambio generacional, en comparación con la desordenada promoción de la lechería que se realiza desde el INC.

Una de las variantes más interesantes de este instrumento corresponde al “career path” como se denomina en origen, donde la figura del operador del tambo puede incrementar el capital y acceder a contratos cada vez mayores, generando un genuino régimen de escalamiento social en base a mérito e idoneidad. Esta herramienta podría atraer trabajadores, actualmente empleados en el sector o estudiantes de carreras técnicas de lechería, que de hecho ya se encuentran disponibles, pudiendo dinamizar uno de los sectores de mayor derrame en la economía.

En definitiva, parafraseando al Dr. Jorge Batlle con algunos grados de libertad, la soberanía que persigue infructuosamente el INC interviniendo el mercado de tierras, no se mide en hectáreas ni en la nacionalidad de los productores, sino en la capacidad de nuestros ciudadanos para pensar, crear y progresar. Es en el conocimiento, en la educación y en las oportunidades que damos a los uruguayos donde realmente se juega el partido.