Ing. Agrónomo MSC| Guillermo trajtenberg | guilletr@gmail.com
Uruguay, que alguna vez se enorgulleció de ser un faro de libertad en el Cono Sur, hoy se encuentra atrapado en una creciente maraña de regulaciones y permisos que amenaza con asfixiar las libertades más fundamentales: la libertad individual, la propiedad privada y el derecho a prosperar de las próximas generaciones. Este país, que supo ser sinónimo de oportunidades, hoy se enfrenta a una encrucijada existencial, donde a la excesiva participación del Estado en el proceso de toma de decisiones que ejercen los productores agropecuarios con los planes de uso de suelo, restricciones para el desarrollo de la forestación, colegiado de agrónomos, entre otros, se suma ahora una cuestionable reglamentación para limitar el uso del campo natural.
Exceso de burocracia.
Cada nueva regulación, cada nuevo decreto, es una capa adicional que se acumula a las ya existentes, creando un laberinto en el que se pierden tanto emprendedores, productores como ciudadanos de a pie. En lugar de fomentar la creatividad y la innovación, el Estado se ha dedicado a erigir barreras que sofocan cualquier intento de crecimiento. No existen malas intenciones aquí, simplemente incentivos que se encuentran alienados en este círculo poco virtuoso donde el burócrata promueve y se retroalimenta de más burocracia.
Si bien no toda regulación es intrínsecamente mala o negativa y en ocasiones pueden albergar la genuina intensión de proteger un bien amenazado, la verdadera tragedia no radica únicamente en la acumulación de restricciones, sino a la ausencia de procesos desregulatorios periódicos. Estos procesos, tan raros como imprescindibles suelen promover un necesario adelgazamiento y modernización del Estado.
Economista a ambos lados del espectro político han destacado a este problema endémico que sufre Uruguay como una de las principales causas del elevado costo país. Estos sobrecostos regulatorios se filtran y trasladan a precio deteriorando la competitividad de las empresas, dejando de rehén al desatendido consumidor uruguayo.
Nos enfrentamos a un futuro incierto, lleno de dificultades y con pocas perspectivas de crecimiento. ¿Qué estamos haciendo para amortiguar los efectos en el largo plazo? ¿Qué va a ocurrir cuando el viento de cola cambie y los precios de los commodites no sean tan favorables? No hemos utilizado estos tiempos de vacas gordas sabiamente para sanear y ordenar las cuentas. En lugar de eso hemos continuado ampliando la participación, ya excesiva del Estado, en desmedro de un sistema productivo ágil y dinámico.
Ideología ambiental.
La reglamentación sobre el campo natural no es un hecho aislado, se encuentra influenciada por un lobby ideologizado y globalmente sincronizado, el cual hace algún tiempo viene ensañado desmedidamente con la vaca, sobredimensionando su participación en el calentamiento global. Al mismo tiempo, Europa, el precursor de esta conciencia ambiental exacerbada, busca limitar el comercio de carne a zonas libres de deforestación, lo cual coopera con sus ambiciones proteccionistas y aspiración de autoabastecimiento. Allí perece dinamitado el acuerdo UE-Mercosur y se reduce la cuota 481 a su mínima expresión, principal responsable del proceso de desarrollo más importante que ha experimentado la ganadería uruguaya en más de 50 años: la producción de carne a corral
Para variar, Uruguay ejerciendo su rol de buen alumno y muchas veces siendo más realista que el rey, impulsa esta medida fuera de contexto para limitar el uso del campo natural. A pesar de que nos autoconvenzamos de que el mercado se encuentra ávido por consumir carne natural a pasto, esto no necesariamente es así o al menos no es la señal de mercado que la industria transfiere al productor. Difícilmente estas nuevas exigencias que impone Europa se trasladen a precio y los productores uruguayos, de ejemplar desempeño a nivel de protección del medio ambiente y seguridad alimentaria, perciban algún beneficio por ello.
Como se mencionó en el debate final de la reciente jornada de la UPIC, las restricciones pueden venir impuestas por los consumidores, lo cual es una oportunidad para incorporar valor agregado, impuestas por los países de destino, configurando una barrera paraarancelaria y me permito agregar una tercera: medidas autoinfligidas como la restricción del uso del campo natural, que generará un costo hundido que absorberán pura y exclusivamente los productores, poniendo en seria desventaja y posiblemente desvalorizando una importante proporción de las tierras del norte del país donde predomina el campo natural.
No desconocemos el valor ambiental, económico y hasta social del campo natural, sin embargo, antes de emitir una sentencia demonizando a los privados por ejercer su libertad de ejercicio, quizás debiéramos analizar algunas experiencias desarrolladas por los privados que nos permitan discernir si efectivamente se encuentra amenazado o simplemente no hemos destinado recursos suficientes para promover las buenas prácticas.
Si bien existen infinidad de casos individuales que vale la pena destacar, asociaciones organizadas y más visibles como SUPRA (Sociedad Uruguaya de Pastoreo Racional), han llevado a cabo la encomiable tarea de desarrollar masivamente técnicas como el Pastroreo Racional, realizando una genuina contribución para la promoción y conservación del campo natural. Estas prácticas que no por antiguas dejan de estar vigentes, tienen la capacidad de potenciar la producción de pasto, conservar la biodiversidad, aumentar la materia orgánica del suelo, duplicar la producción de carne e incluso resistir en mejor forma a las sequías. A la larga lista de beneficios se debe sumar la capacidad que adquieren estos sistemas de capturar carbono.
Ello demuestra que la vaca no solo no es parte del problema y has sido injustamente menospreciada, sino que bajo una gestión adecuada puede incluso ser parte de la solución. Todo este esfuerzo de los privados ha sido desarrollado mayoritariamente desprovisto de apoyo gubernamental, o recursos públicos, lo cual es aún más destacable y demuestra que con incentivos alineados, esfuerzo y tecnología es posible viabilizar y proteger la producción ganadera de campo natural prescindiendo de la necesidad de acudir a un trámite para ello.
Gran parte de las más de 10 millones de hectáreas (60% de la superficie del país) que ocupa el campo natural actualmente no tienen potencial productivo para ser alterado. Por lo tanto, entendemos esta medida es improcedente. En lugar de enfocar esfuerzos en imponer restricciones y destinar recursos para su fiscalización, sería más conveniente dirigirlos a tareas de extensión y promoción de los casos de éxito, actividad que por cierto es realizada por algunas empresas que participan asiduamente en la expo Prado con mucho éxito hace ya varios años.