La Federación Rural emitió un duro comunicado en el que cuestiona la decisión del Poder Ejecutivo de ratificar el pasaje del Fondo de Inspección Sanitaria (FIS) a Rentas Generales, una medida que —según la gremial— desvirtúa el objetivo original del tributo y suma un nuevo costo a una cadena productiva ya altamente exigida.

El FIS grava todas las carnes faenadas en el país, así como la carne importada y el ganado en pie. Su creación tuvo como finalidad financiar la sanidad y la transparencia del sistema cárnico, pilares centrales del posicionamiento internacional de Uruguay como productor confiable de alimentos. Sin embargo, con esta decisión, el fondo deja de cumplir ese cometido específico para pasar a engrosar la caja general del Estado.

Desde la Federación Rural advierten que se trata de “otro atropello a la competitividad”, en un contexto donde el sector productivo ya enfrenta múltiples cargas. “Un tributo creado para fortalecer la sanidad y la trazabilidad pierde su destino específico y se transforma en un impuesto más”, señala el comunicado, subrayando que se trata de una medida que debilita a toda la cadena cárnica.

El pronunciamiento remarca además la contradicción que supone esta decisión en un momento en el que se discute abiertamente el impacto del llamado “1 % municipal”. Mientras el sector debate y visibiliza los efectos de ese gravamen, el Estado —según advierte la gremial— consolida silenciosamente otro descuento que supera los 30 millones de dólares anuales, recursos que deberían volver al sistema productivo y no diluirse en el gasto general.

Desde la Federación Rural sostienen que este tipo de medidas profundizan un problema estructural: el alto costo país. “Uruguay no solo es un país caro; es un país costoso”, señala el texto, aludiendo a una acumulación de cargas que afectan la competitividad, reducen márgenes y condicionan la inversión. En ese sentido, advierten que cuando el Estado agrega costos sin una contraprestación clara, se erosiona la producción, se frena el desarrollo y se debilita el interior productivo.

El comunicado también remarca que el perjuicio no se limita al productor. Impacta en toda la cadena: la industria, que compite en mercados internacionales cada vez más exigentes; el trabajador rural, cuyo empleo depende de la dinámica del sector; y el propio Estado, que termina desincentivando la inversión y el crecimiento económico.

“La cadena cárnica uruguaya es una de las más eficientes y auditadas del mundo”, subraya la Federación Rural, y sostiene que ese posicionamiento solo puede sostenerse con reglas claras, previsibilidad y un sistema tributario que acompañe, en lugar de castigar, la producción.

En ese marco, la gremial reclama que se revierta la medida y que los recursos del Fondo de Inspección Sanitaria vuelvan a cumplir su cometido original: fortalecer la sanidad, la competitividad y el desarrollo del sector. “Defender la competitividad no es un capricho gremial —concluye el comunicado—, es defender el trabajo, la producción y el futuro del país”.