En el marco de Agro en Punta & Bussines, el economista Pablo Roselli, participó del Foro Producción, en la última jornada, donde brindo una presentación denominada “El impacto más valioso es el que trasciende al negocio”. Visto desde el sector agropecuario, el titulo de la charla recuerda la afirmación del exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Tabaré Aguerre, que indicaba que “cada dólar invertido en el agro se multiplica por seis en la sociedad”, en el contexto de la presentación, el integrante de la consultora Exante analiza los últimos 25 años de la economía nacional y su relación con un desempeño del sector, que, junto a sus cadenas de valor, representa cerca del 20% del Producto Bruto Interno (PBI) y es responsable del 17% del empleo total en el país.

Al observar el comportamiento del país desde la salida de la crisis financiera del año 2002, se evidencia que el dinamismo de la economía estuvo impulsado por un auge de las materias primas. En aquel período de bonanza, el sector creció a tasas superiores al 2,5% anual, lo que funcionó como el combustible necesario para que la economía uruguaya alcanzara niveles de expansión de entre el 4% y el 4,5% anual hacia el año 2014.

Sin embargo, Roselli advirtió que este dinamismo no es permanente y depende de factores tanto externos como internos. Al respecto, el economista señaló que “en esos últimos 25 años, los distintos ritmos de crecimiento que hemos observado en Uruguay tienen una explicación importante, no única, pero una explicación importante en el propio ciclo de las materias primas”. Roselli indicó que “a la salida de la crisis y hasta el 2014 tuvimos un auge de materias primas, una expansión significativa del sector agropecuario que, además de la expansión en el nivel de producción consolidado, tuvo una enorme transformación porque hubo un auge agrícola”. Esta transformación incluyó un crecimiento exponencial de las áreas forestales y la instalación de sucesivas plantas de celulosa, marcando el período de mayor dinamismo en la historia económica contemporánea del país.

El fin del superciclo de las materias primas en 2014 marcó un punto de inflexión. Desde entonces, la economía uruguaya ha ingresado en una fase de crecimiento moderado, con un ritmo promedio de apenas 1,2% anual en los últimos diez años. Roselli explicó que, tras el boom, el sector agropecuario atravesó un período de “acomodo” debido a que se encontraba sobre invertido, habiendo realizado grandes apuestas de capital bajo la premisa de precios que luego descendieron relativamente rápido.

La realidad actual muestra un sector agropecuario que crece, pero a un ritmo que no logra traccionar al resto de la economía como en décadas anteriores. Para Roselli, la explicación de este fenómeno radica en problemas estructurales que el agro, por sí solo, no puede resolver. “En los últimos años estamos observando un crecimiento moderado del sector agropecuario y un crecimiento que ha seguido siendo moderado de la economía, porque tenemos otros problemas que el agro no puede mitigar. Uruguay es un país caro en dólares, es un problema de competitividad que tiene dos patas: tiene una pata macroeconómica y una pata microeconómica”, afirmó el especialista.

Uno de los mayores obstáculos para el crecimiento sostenido es el desequilibrio en las cuentas públicas y su impacto en la competitividad. En la última década, el gasto público ha crecido de manera sostenida, incluso a un ritmo superior al del propio PBI. Este fenómeno tiende a encarecer la economía y complica la labor de la política monetaria. Aunque se ha logrado mantener la inflación dentro del rango meta durante dos años, el costo ha sido una política contractiva con tasas de interés altas, lo que ha favorecido un dólar bajo, perjudicando la rentabilidad de los sectores exportadores.

La falta de competitividad se traduce directamente en bajos niveles de inversión. Uruguay invierte actualmente solo 16 puntos del producto, una cifra que lo sitúa en el tercio inferior de un ranking de 175 países elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para Roselli, esta baja inversión es un síntoma claro de la escasa rentabilidad empresarial. Además, destaca que la Productividad Total de Factores, que mide la eficiencia con la que se utilizan la tierra, la maquinaria y el trabajo, prácticamente no ha crecido en los últimos diez años, lo que indica falta de innovación.

Sobre la necesidad de reformas en este ámbito, Roselli dijo que “si miramos hacia adelante tenemos que lograr contener el gasto público. Es muy difícil bajarlo, es una discusión importante en la sociedad, pero no hay espacio para que el gasto público continúe subiendo en los próximos años. Sin lugar a duda tenemos que tener negociaciones colectivas y relaciones laborales donde los crecimientos de los salarios estén mucho más atados a la evolución de la productividad y a la evolución de la rentabilidad de las empresas” del sector.

Más allá de los equilibrios fiscales, Roselli pone el foco en la necesidad de introducir competencia en mercados internos que hoy se encuentran estancados por regulaciones deficientes o marcos jurídicos poco claros.

El mercado de la distribución de combustibles es un ejemplo. A pesar de que los grandes consumidores obtienen descuentos por volumen en el gasoil, la competencia es considerada insuficiente. Roselli criticó las limitaciones impuestas por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) a la apertura y traslado de estaciones de servicio, calificando algunas normativas de “muy dudosa legalidad”.

En este sentido, el economista planteó que el debate no debe centrarse únicamente en el monopolio de Ancap, sino en lo que sucede “de la puerta de la refinería hacia adelante”. Un punto de fricción es el fideicomiso del gasoil, utilizado para subsidiar el transporte público. Según Roselli, “está muy bien subsidiar el transporte público, pero no se entiende mucho por qué ese subsidio lo tienen que pagar los consumidores de gasoil. Lo correcto sería que esos fondos surgieran de rentas generales, del conjunto de impuestos que pagamos todos los uruguayos. Pero si eso no es posible, como mínimo podríamos pensar que ese costo se distribuyera entre los consumidores de gasoil y los consumidores de nafta”.

En el ámbito portuario, Roselli señaló que la Administración Nacional de Puertos (ANP) cobra tasas que podrían ser más altas de lo necesario para sus niveles de inversión, castigando las importaciones con un criterio arancelario basado en el valor de la carga. Roselli recordó que “los macroeconomistas sabemos que para exportar más hay que importar más y si tenemos muchas barreras a las importaciones, terminaremos exportando menos”, subrayando que el exceso de controles y gravámenes en el comercio exterior termina siendo un freno al desarrollo.

A pesar de las dificultades globales y el surgimiento de tendencias proteccionistas, Roselli ve oportunidades para que Uruguay fortalezca su posición mediante la cooperación con otros países medianos y potencias que buscan alternativas al cierre de mercados. La agenda para mejorar la competitividad es, en sus palabras, “realmente enorme”, y requiere un compromiso tanto en la gestión macroeconómica como en la desregulación de mercados internos.

Para el economista, el agro seguirá siendo el motor, pero ese motor necesita que el resto de la estructura nacional, desde el gasto público hasta la eficiencia portuaria, funcione en sintonía. La competitividad no es una opción, sino el único camino para que el campo siga generando bienestar para toda la sociedad.

El “impuesto invisible” de los aranceles

Uruguay enfrenta el desafío de ser una economía pequeña que necesita abrirse al mundo para crecer. Sin embargo, el Estado mantiene una estructura de controles y gravámenes que encarecen la vida y la producción. Roselli mencionó el exceso de controles en la importación de productos básicos como medicamentos o alimentos, lo que limita la libertad del consumidor y encarece los procesos. La recaudación por aranceles y tasa consular, que suma unos 800 millones de dólares. Roselli la describió como un “impuesto invisible” que el sistema político se resiste a abandonar debido a su facilidad de cobro y baja percepción por parte de la ciudadanía. “Uruguay debería estar discutiendo qué otras fuentes de ingreso vamos a buscar para reducir los aranceles y la tasa consular. Si avanzara el acuerdo con la Unión Europea, vamos a tener que eliminar instantáneamente la tasa consular y bajar los aranceles rápido. Sustituir esos impuestos, que los estamos pagando los consumidores en los precios de todas las cosas, por pagar un poco más de IVA o de IRPF es muy antipático porque ahora lo vamos a ver todos los días”.