El cambio tecnológico va de la mano con el cambio institucional, incluyendo el modo en que se financia la investigación.
Ruben G. Echeverría (*)
El mundo en general invierte poco en investigación aplicada al desarrollo. Pese a los muy significativos resultados de cientos de evaluaciones del impacto económico, social y ambiental de la inversión en investigación agropecuaria a nivel mundial (30% de tasa de retorno promedio) el financiamiento a la investigación agropecuaria sigue siendo deficitario. Solo unos pocos países del ‘Sur Global’ han logrado invertir en investigación sumas cercanas al 2% del PIB agrícola (ej. Brasil, China, India, Sud África) y Uruguay ha sido parte de ese grupo de países ejemplo de visión estratégica.
Hoy en día, un 60% de la inversión en investigación a nivel mundial proviene del sector privado (desde las grandes compañías de semillas y químicos hasta las federaciones de productores) que financian su propia investigación o la contratan a centros de excelencia. El otro 40% es inversión pública que complementa a la privada al tener objetivos sociales y ambientales de mediano y largo plazo, además del desarrollo económico general.
La brecha entre los países que invierten seriamente en investigación (el Norte más desarrollado y algunas buenas excepciones en el Sur Global) a tasas de 4% del pib agrícola y los países que ni siquiera llegan a invertir 1% de su producción agropecuaria en generar nuevos conocimientos se agranda. Esta tendencia tendrá graves consecuencias en el mediano y largo plazo; muchos países no podrán tener la capacidad mínima ni siquiera de comprender la nueva revolución biológica y digital que serán los motores de la transformación del sector agropecuario.
Uruguay ha logrado -en tan solo tres décadas desde la creación del INIA- resultados vitales para la sociedad, la economía y el medio ambiente. Los grandes logros del INIA en tan poco tiempo se explican por los talentos humanos de la institución, el haberse enfocado en las prioridades de mayor impacto y al dinamismo del sector agropecuario uruguayo. Pero también -y a veces pasa desapercibido- a un cambio institucional notable que se logró en la ley de creación del Instituto al incorporar el financiamiento público y privado compartido en una fórmula que asegura el apoyo presupuestal a programas de investigación de mediano y largo plazo. Esto es clave, la investigación bien hecha lleva tiempo.
Gracias a la visión estratégica y buena coordinación entre el sector de la producción, el político y el científico hacia fines de los 1980s se logró avanzar sustancialmente en el mecanismo de asociación público-privada a nivel mundial existentes en aquel momento. Uruguay no adapto modelos de otros países, sino que innovo significativamente como financiar la investigación agropecuaria nacional.
Eso ha convertido al INIA en ‘el’ modelo que muchos países (Australia, Colombia) que ya deducen un canon a la producción de ciertos rubros para financiar investigación asociada a dichos rubros quisieran tener. Es decir, algo a nivel de todo el sistema productivo que se beneficie de las sinergias de la investigación a través de diversos rubros, temas y desafíos científicos.
El gran cambio institucional en el mecanismo de financiamiento logrado con la creación del INIA fue acordar una pequeña contribución sumada al IMEBA para cofinanciar por parte del sector privado al nuevo instituto. Con la importante complementación de una contribución por parte del Estado Uruguayo. Esto permitió no solo aumentar -a niveles consistentes con países más desarrollados- los recursos para financiar la investigación sino asegurarse una asociación público-privada clave y estratégica en donde ese balance de intereses permite lograr un excelente portafolio de investigación.
Si bien INIA es parte de un ecosistema de innovación donde hay muchos actores muy relevantes (UDELAR, ANII, Instituto Clemente Estable, Instituto Pasteur, empresas privadas, asociaciones de productores, etc.) constituye sin duda el pilar del sistema de innovación agro alimentaria en el país. Lo notable del caso es que gracias a algo en general poco perceptible pero muy estratégico de la Ley consensuada hace treinta años Uruguay juega -desde el punto de vista del mecanismo de financiamiento- en las grandes ligas de los sistemas de innovación agropecuaria a nivel mundial.
En un momento presupuestario difícil para el país (y para el mundo por la crisis sanitaria y económica asociada al Covid) se discute actualmente un posible cambio al modelo de financiación público-privada del INIA. Es un buen momento entonces de recordar que ningún país del mundo ha logrado tener el modelo uruguayo de cofinanciamiento público-privado a escala nacional, que muchos aspiran a lograrlo y que los logros han sido significativos. Los retornos a las inversiones realizadas han pagado con creces el esfuerzo realizado. Por lo tanto y tomando en cuenta que el sector agroalimentario seguirá siendo un gran ‘motor de crecimiento’ post-pandemia, poner en riesgo la continuidad de recursos suficientes de inversión en desarrollos tecnológicos esenciales sería realmente preocupante.
Algo personal para terminar. Iniciando un post doctorado en 1988 en un centro internacional -basado en Holanda- con la misión de fortalecer los institutos nacionales de investigación me sorprendió gratamente ver -en vivo- el apoyo técnico de dicho centro al gran trabajo de los arquitectos del proyecto de ley de creación del INIA Uruguay. Y su posterior aprobación. ¡Qué gran orgullo ver desde lejos que Uruguay era nuevamente pionero en cambio institucional!
Desde entonces siempre he recibido la misma buena pregunta de diversas partes del mundo: ¿Cómo pudo Uruguay a fines de los 1980s ser tan estratégico y lograr consenso político para innovar profundamente en la creación de un nuevo instituto y en el modelo de financiarlo? Sería una pena que luego de no sólo ser modelo internacional sino de haber logrado grandes impactos económicos, sociales y ambientales para el país dejemos de lado ese modelo con el de lograr ahorros en presupuestos públicos. El financiamiento a la investigación agropecuaria como la que realiza INIA no es ‘gasto público’ sino inversión a mediano y largo plazo cofinanciada por el sector privado. ¡Necesitamos las dos piernas para seguir avanzando!
(*) Ingeniero agrónomo uruguayo, con maestría y doctorado en economía agrícola de la Universidad de Minnesota (USA); ha trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington DC, en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, Roma) y es Director General Emérito del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Actualmente es investigador asociado en el Instituto Internacional de Investigación en Políticas Alimentarias (IFPRI, Washington DC).