Opinión

Un nuevo impulso

El presidente Lacalle Pou anunció más medidas para mitigar la pandemia, además de un plan de inversiones para mejorar la competitividad e impulsar la actividad. Al mismo tiempo, los precios externos siguen firmes. Buenas noticias para impulsar una economía en problemas.

Nicolás Lussich / Ing. Agrónomo MBA / Periodista

La discusión política seguirá en estas semanas sobre las medidas para mitigar el impacto de la pandemia en la economía (empresas y personas), y sobre si son suficientes o no (nunca lo son).

Para varias de ellas se requiere un proyecto de ley, que ya está elaborando el Poder Ejecutivo.

Es una discusión lógica y se trata de dar con el equilibrio justo entre las varias demandas sectoriales y sociales, y el necesario cuidado financiero, porque al Estado no le sobra nada: el déficit ha crecido y no se vislumbra que la recaudación mejore en estos meses (cayó 5% real en enero), por lo que -para ayudar más- hay que endeudarse. La suba de impuestos está descartada.

Por suerte, se va configurando al mismo tiempo un escenario externo de altos precios de exportación que -con seguridad- impulsará la producción del campo y los agronegocios. Y con ello la actividad y el empleo, que es lo que se precisa para superar el impacto de la pandemia.

Esta semana, mientras el Presidente Luis Lacalle Pou preparaba su discurso ante el Parlamento, el precio internacional de los lácteos daba un salto extraordinario, con un aumento promedio de 15% (21% en el caso de la leche en polvo). También siguen firmes los granos y las carnes.

Estas tendencias ya se van expresando en los datos de exportaciones. En el primer bimestre las ventas de bienes al exterior sumaron US$ 1.345 millones, cifra 14% superior al mismo período de 2020. A eso hay que agregar que el dólar subió 13% interanual, por lo que el valor real del ingreso por exportaciones subió casi 20% (cuadro). Es una excelente noticia en el marco de las serias dificultades que enfrenta la economía, entre ellas la caída en las exportaciones de servicios turísticos.

Y es esperable que la mejora exportadora persista y se fortalezca a lo largo del año. Sin extremos apocalípticos, parece bastante claro que está faltando alimento en el mundo: la demanda sigue firme en el Asia y los precios suben, señal clara de mercado para que aumente la producción. Se trata de aprovechar la oportunidad respondiendo a una necesidad genuina de otros países.

¿Será esto suficiente para mejorar la situación de la economía en su totalidad? Afirmarlo puede resultar demasiado optimista, pero hay que remarcar la capacidad dinamizadora de las cadenas agroindustriales. Tal como se vio en la salida de la crisis del 2002, el empuje del agro (especialmente agricultura y forestación) lideró la recuperación.

De tal forma que Uruguay sorteó la crisis global del 2008 sin demasiado daño, para luego retomar dinámica hasta 2014. Eso sí: además del crecimiento del agro hubo una conducción económica que cuidó bien los aspectos financieros entre 2004 y 2009, extendiendo plazos de deuda y vigilando que el déficit no se dispare (hubo duras discusiones en la interna del FA, gobernante en aquel tiempo). Estos dos aspectos -crecimiento del agro y macroeconomía- vuelven a ser claves para la recuperación.

Demanda externa. Los altos precios de exportación van a motivar un empuje productivo relevante.

Sin embargo, el Uruguay no es el del 2004-2007: en aquel tiempo la devaluación previa había bajado sustancialmente los costos en dólares, lo que permitió aprovechar esa competitividad-precio transitoria, por un tiempo. Hoy Uruguay tiene costos mayores, aunque mejoró el tipo de cambio en los últimos 2-3 años.

La competitividad debe fundarse ahora en mayor productividad y en mercados, y en ambos planos hay tareas pendientes.

Para los exportadores, la solución del conflicto portuario con la terminal de contenedores TCP es una buena noticia. Este largo contencioso (complejo, con varias idas y vueltas), se originó en el reclamo del accionista mayoritario de TCP (la belga Katoen Natie), que entendía que era la única con autorización para trabajar con grúas pórtico y soporte específico para contenedores (en tanto terminal especializada), mientras la ANP era proclive a autorizar infraestructura (enchufes y eventuales grúas pórtico) a otros operadores en los muelles públicos (como Montecon).

El asunto llegó al extremo de que TCP -en una actitud beligerante- elevó las tarifas a niveles inauditos para los exportadores, que -sin comerla ni beberla- enfrentaron el costo de un conflicto ajeno, y amenazó con un juicio millonario. Como publicáramos en esta misma columna, hasta ahora un contenedor de carne de exportación paga costos portuarios por 362 dólares en Buenos Aires, mientras en Montevideo paga 800 dólares si sale por TCP (ver nota del 16 de agosto de 2020, en esta misma sección).

El acuerdo entre Katoen Natie y el gobierno implica que TCP desiste de los juicios, bajará las tarifas para los exportadores (20% inmediato + 10% posterior) y distribuirá ganancias con la ANP (a la que le entrarían de inmediato unos US$ 30 millones). A su vez, la empresa se compromete a duplicar la capacidad de la terminal, con una inversión de US$ 460 millones; en contrapartida, el Estado le extiende la concesión 50 años más (hasta 2080). Ni más ni menos.

Por otra parte, el Presidente anunció un plan de obras, que incluye inversiones en las Rutas 5, 6 y 8, en todos los casos con beneficios para la logística y el transporte de diversos agronegocios. La ruta 5 deberá sostener las primeras etapas de la producción de celulosa de UPM 2, ante las demoras en el Ferrocarril Central. La ruta ya está con ciertos niveles de saturación, por lo que la doble vía prevista tiene connotación urgente. En la 8 también ha crecido notoriamente el tránsito, y también se extenderá la doble vía. En la 6 se responde a demandas de mejora de diversos rubros y localidades, en una ruta históricamente postergada.

Las inversiones pública no tienen sentido en sí mismas, sino en cuanto mejoran la capacidad productiva. Anunciar abultadas cifras siempre es excitante en el momento (en especial para los líderes políticos) pero inversiones mal enfocadas y excesivas, son pan para hoy y hambre para mañana, además de generar ciertas “confusiones económicas”: hacen crecer el producto y la actividad en lo inmediato, para dificultarla luego. Los casos de ANCAP, la regasificadora y el exceso de energía eólica son muestra reciente.

Mantener el equilibrio. A nivel macroeconómico, las tensiones persistirán este año. Es posible que los aumentos en los precios internacionales de los alimentos generen presión sobre los precios locales afectando al alza la inflación, que se proyectaba fuera bajando. Un desafío importante.

Uruguay no tiene una inflación escandalosa, pero es alta, en especial en un mundo donde ha sido muy baja desde hace muchos años.

Ante circunstancias parecidas de presiones sobre los precios (el año pasado y en gobierno anteriores) se recurrió a acuerdos voluntarios entre industriales, frigoríficos y comerciantes para evitar aumentos de precios por unos meses (el año pasado fue por la suba del dólar). Es una modalidad sui generis pero efectiva para evitar conflictos mayores: la inflación en Uruguay es rebelde y todo diálogo es valioso en aras de que se contenga y (en lo posible) siga bajando.

Esto es importante para frenar la caída del salario real y comenzar (todavía falta) un proceso de recuperación. Más importante aún es la recuperación del empleo, que cayó más de 5% el año pasado. En este plano, las obras e inversiones son relevantes, lo mismo que la mencionada recuperación y crecimiento de los agronegocios. Bien vendría agregar una mayor dinámica de apertura comercial, aunque sin Acuerdos de Libre Comercio (donde hay una mutua apertura de mercados) parece difícil que haya avances sustanciales.

En cualquier caso, para que todos estos problemas puedan sortearse, es preciso que la macroeconomía no se deteriore, al menos más de lo que está. En particular, el cuidado fiscal es importante para que no se presione en exceso el tipo de cambio, por un aumento sin fundamento del gasto. El año pasado el gobierno gastó US$ 711 millones adicionales para atender la pandemia (Fondo Coronavirus), pero ahorró US$ 660 en asuntos que consideraba no prioritarios (incluyendo el ámbito de las empresas estatales); sería bueno que esa lógica persista.

En esta convulsionada economía local y global, los impactos sociales serán graves: la pobreza aumentará (como lo reconoció la propia ministra Arbeleche) y se trata de mitigar las consecuencias más extremas. En este plano, lo más virtuoso, digno y sostenible, es que las personas se incorporen al mercado de trabajo en tareas que agreguen genuino valor, como la construcción de rutas, los servicios comerciales y tecnológicos, las cosechas y el transporte. Eso amplía la demanda agregada, que mueve el comercio y los servicios. Las ayudas sociales son siempre importantes y también expresan el valor de la solidaridad, tan caro para los uruguayos. Tienen que ser efectivas y suficientes, para reducir lo más posible los impactos sociales; pero en lo posible transitorias, pues una sociedad donde la gente pueda valerse por sí misma, será más libre y fuerte. En este plano, el campo sigue dando oportunidades.