El gobierno encara uno de sus mayores desafíos: la ley de Presupuesto. La economía ya venía escorada y la pandemia le dio un golpe que la complicó más todavía. La tarea es recomponer equilibrios y volver a crecer.
Nicolás Lussich
Ing. Agrónomo MBA / Periodista
Hace unas semanas tuve oportunidad de recorrer bosques de producción forestal destinados a la producción de madera aserrada, libre de nudos. A diferencia de lo que sucede con los montes destinados a celulosa, que se cosechan a los 10 años, en este caso se requiere un trabajo intenso de poda y raleo, cosechándose los árboles a los 20 años de plantados.
Las primeras podas se hacen temprano en el ciclo y posteriormente, ya con el monte avanzado, se procede al raleo: se eligen cuáles árboles permanecerán hasta la cosecha final, creciendo al mayor diámetro posible, y cuáles se quitarán, para facilitar que los que quedan crezcan mejor.
Este manejo forestal es toda una alegoría de la discusión presupuestal, que está en pleno proceso. Arrancó con la “poda” que establece el decreto de reducción de gastos (15%) y -seguramente- seguirá en otras áreas. Lo que está pendiente -se verá en la ley- es el raleo: qué cosas van a mantenerse y cuáles se van a achicar. Porque como en el monte, el espacio está acotado y el gobierno pretende reforzar educación y vivienda, entre otros sectores. ¿Cuáles serán entonces raleados?
La puja por los recursos.
Si bien el proyecto presupuestal aún no se conoce, ya hubo decisiones que implican prioridades. Por ejemplo, se exceptuó de la reducción de gastos a los institutos de investigación. Asimismo, en estos días se divulgaron los lineamientos salariales para los trabajadores del Estado, que tendrán un correctivo por inflación del 2020 en enero 2021, y luego ajustarán por meta de inflación; esto seguramente implicará una pérdida de salario real, que se irá recuperando paulatinamente.
Implícitamente, es un primer capítulo del Presupuesto: contener el gasto en salarios, para ayudar a bajar el déficit, y además desindexar la economía, cortando el círculo vicioso entre aumentos e inflación. La medida cruza horizontalmente todas las dependencias y áreas de la administración; y está implícita la consideración de que los trabajadores estatales no están expuestos al desempleo, como sucede con todo el resto.
Pero será el Presupuesto que establecerá qué árboles siguen y cuáles no: si la intención es apuntalar vivienda y educación (y seguramente algunos rubros de defensa), se necesitan más recursos. ¿De dónde saldrán? No hay otra que “ralear”, es decir, achicar o eliminar dependencias y/o tareas; pero eso no es fácil políticamente: el Estado es la herramienta de la política, y a los políticos -ni a nadie- les gusta mucho auto limitarse. La Ley de Urgente Consideración (LUC), incluyó algunas iniciativas en este sentido, pero también creó algunas tareas y dependencias adicionales para el Estado.
Ese “raleo” es la tarea más política: definir qué es lo importante y qué es lo prescindible; cuáles son los árboles que permanecerán fuertes y grandes, y cuáles se removerán para dar espacio a los primeros. La discusión es válida cuando se reconoce que los recursos son limitados y por tanto hay que priorizar. De lo contrario el debate no es económico, sino una puja de voluntarismos.
El Estado uruguayo -contando todo el gasto- alcanza casi el 35% del PBI, en una economía que no crece. No solamente hay que aspirar a contener ese guarismo -y si es posible bajarlo-, sino a mejorar la calidad del gasto, por ejemplo incorporando más inversión. Un criterio es ver si cosas que hace el Estado las pueden hacer las empresas y trabajadores no estatales. Hay varias. Otro es priorizar y fortalecer lo básico, aquello que las empresas difícilmente aborden, como seguridad, justicia, servicios básicos, y revisar cuestiones más accesorias. En cualquier caso, el Estado uruguayo tiene mucho gasto comprometido y es difícil reducir y reasignar; los que realmente “mueven la aguja” son algunos grandes capítulos (cuadro).
Uno es el mencionado capítulo salarial, que se acotará con aumentos nominales modestos y con la renovación parcial de vacantes. Otro la seguridad social, sin cuya reforma será difícil mejorar las cuentas fiscales. Asimismo, el servicio de deuda se lleva 8% del gasto total y seguirá aumentando, aun con la baja en la tasa de interés global. Se proyecta que la relación deuda / PBI suba casi 10% este año, por el doble efecto de la devaluación y el mayor déficit fiscal, lo que complica seriamente el escenario financiero.
Por eso urge bajar el rojo de las cuentas estatales. El gobierno se plantea llevarlo al 2,5% del PBI en 2014, bajando además la inflación (gráfica). Ambiciosa tarea si se proyecta -al mismo tiempo- que la economía vaya retomando dinámica. El planteo es mantener el gasto estable y que la recaudación vaya aumentando, así el déficit irá bajando.
Por lo tanto, que las proyecciones se cumplan depende -en buena medida- del desempeño de las empresas y sus trabajadores: inversiones, mercados, productividad. Después de un ciclo de expansión histórico, la economía uruguaya se frenó e incluso retrocedió, mientras el déficit llegó a un máximo preocupante (gráfica). Y hay que remarcar que dicha brecha fiscal se generó porque subieron fuerte los gastos, la recaudación no cayó. Superada la pandemia, el gobierno tiene la tarea, a partir del año próximo, de reequilibrar las cuentas y retomar el crecimiento.
Para eso se precisa hacer crecer todos los sectores de la economía: turismo, energía, los entretenimiento, construcción. Y, por supuesto el agro, que ha sido de los que han sostenido la actividad en este año de pandemia y puede crecer mucho más, si se dan las condiciones. Las externas -mercados, precios- no las podemos manejar, pero sí las propias: tener una economía más competitiva, lo cual pasa por un Estado más eficiente, enfocado y sostenible. Y dado que el escenario externo viene bastante entreverado, mayor aún es la necesidad de una reducción de los costos locales y aumentar la eficiencia.
El ajuste ya se hizo.
Es claro que las áreas y sectores afectados se resistirán a los cambios, pero se trata de que prevalezca el bien común por sobre los intereses sectoriales y/o corporativos. Fácil decirlo y difícil concretarlo porque -claro está- cada uno tiene su propia visión sobre el mencionado interés común. Con excepciones, la política ha sido más permeable a los reclamos corporativos, de interés particular, que a iniciar grandes reformas de interés común. Hemos visto el éxito de los cincuentones, del sindicato de la construcción, de los comerciantes que se opusieron a la inclusión financiera, etc.. En cambio, las reformas para racionalizar gastos o para mejorar la competitividad, en general han sido más tímidas; la LUC introdujo algunas -lo que es alentador- pero se precisa más.
El Estado tiene un rol muy relevante en la economía, y más en Uruguay. Pero la dinámica general depende de las empresas y trabajadores no estatales, y éstos ya ajustaron y mucho. En la economía, el saldo de Cuenta Corriente equivale al resultado fiscal más el ahorro neto de las empresas y trabajadores no estatales (CC = Resultado Fiscal + A-I ); Entre 2014 y 2019, esa Cuenta Corriente pasó de un déficit de 3,2% a un superávit de 0,6% del PBI, mientras el déficit fiscal subió de 3,5 a 5,0% del PBI. Quiere decir que el ahorro neto (el ajuste del “cinturón” de los que no están en el Estado) fue de 5,3% del PBI (!), unos US$ 2.600 millones.
Esto explica por qué el empleo venía cayendo notoriamente antes de la pandemia, la inversión bajó, la rentabilidad de las empresas mermó y también el consumo. Hay que devolverles condiciones de crecimiento, y -para eso- ahora es el sector Estatal el que tiene que hacer los deberes.
Esperemos que el Presupuesto que resulte aprobado por el Parlamento sea un facilitador e impulsor de la economía, y no un obstáculo. Es imperioso superar la crisis sanitaria y retomar el crecimiento, para que la cosecha sea de la mejor madera.