Esta intensificación de las fiscalizaciones, enfocada prioritariamente en las zonas con mayor incidencia de la garrapata bovina, no responde a un deterioro de la calidad de los rodeos, sino al compromiso estatal de detectar tempranamente las infracciones en los tiempos de espera de los fármacos veterinarios, garantizar la inocuidad alimentaria y proteger el cotizado estatus sanitario del país frente a los exigentes compradores internacionales.
Las actuaciones acumuladas reflejan el esfuerzo de fiscalización más riguroso en la historia reciente del Programa Nacional de Residuos Biológicos, sumando los 191 casos registrados este año a los 308 iniciados durante 2025, se han alcanzado 499 procedimientos sobre productores, empresas y profesionales del sector. La fortaleza del esquema de control radica en su trazabilidad individual, la cual permite que cualquier resultado no conforme en un frigorífico o en un mercado extranjero se rastree en cuestión de días hasta el establecimiento ganadero de origen, activando inmediatamente las garantías sanitarias.
Ante una detección confirmada, la prioridad del sistema no se centra en el castigo inmediato, sino en corregir las prácticas para evitar la reiteración de los incidentes en la cadena exportadora. Por esta razón, el establecimiento involucrado es interdicto de manera cautelar en el Sistema Nacional de Información Ganadera, impidiendo el envío de animales a faena mientras se desarrolla la investigación.
Para levantar dicha restricción, el ganadero debe presentar un plan de trabajo correctivo avalado por un veterinario de libre ejercicio y aprobado por los servicios técnicos oficiales, proceso que se complementa con campañas de capacitación nacional y un nuevo etiquetado que destaca claramente los periodos de retiro en los envases.
A lo largo del período analizado se dictaron 52 resoluciones sancionatorias y 6 adicionales al amparo del actualizado régimen normativo que rige desde finales de 2025 y se reforzó con el Decreto 88 de 2026. La diferencia entre el volumen de expedientes abiertos y las sanciones definitivas obedece al estricto respeto del debido proceso administrativo, que otorga a los involucrados la oportunidad de presentar pruebas y descargos. No obstante, las autoridades mantienen una postura de firmeza contra los infractores reincidentes o ante el uso de sustancias no autorizadas, aplicando suspensiones severas en el movimiento de ganado para evitar que conductas irresponsables pongan en riesgo la labor de toda la industria.