La posible construcción de un embalse en la cuenca alta del río Santa Lucía, a la altura de Casupá (Florida), mantiene en vilo a más de 80 familias de la zona. El proyecto, que busca reforzar el suministro de agua potable al área metropolitana, abarcaría unas 3.600 hectáreas de campos naturales, montes nativos, arroyos y cañadas, dejando bajo agua establecimientos rurales, caminos vecinales y hasta escuelas centenarias.

En diálogo con Rurales El País, Walter Martínez, productor de la zona y vecino directamente afectado, explicó que la iniciativa amenaza con alterar de raíz la vida de quienes han habitado y trabajado esas tierras por generaciones. “Acá vivimos desde nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros y ahora nuestros hijos y nietos. Son cinco generaciones de arraigo que quedarían bajo el agua”, relató, al remarcar que se trata de una zona con campos productivos y que muchos de ellos no están en venta.

El proyecto afectaría directamente a 103 padrones, con unas 450 hectáreas de monte nativo que desaparecerían. “Si 20 hectáreas eran importantes para frenar un emprendimiento, 450 lo son mucho más”, advirtió Martínez. Los vecinos también alertaron sobre el riesgo de desarraigo y la pérdida de fauna silvestre.

La reconfiguración de la red de caminos es otro de los puntos críticos. Muchos establecimientos quedarían desconectados o con accesos mucho más largos. “La gente de campaña no está acostumbrada a movilizarse a reuniones y protestas, pero esto nos empujó a salir. Es una revolución para nosotros”, sostuvo el productor.

Martínez señaló que los pobladores nunca fueron consultados oficialmente y que se enteraron del proyecto “por la televisión y los teléfonos”. Desde entonces, han organizado reuniones, participado en la Mesa de Desarrollo de Florida y entregado documentos a autoridades y legisladores. “No hay nada certero, nadie nos dio una información clara. No aceptamos vender ni recibir ofertas, porque nuestros campos no están en venta”, subrayó.

También destacó que la eventual inundación alcanzaría incluso zonas históricas, como cascos de estancia vinculados a la familia Artigas, que quedarían sepultados bajo el agua.

El pasado martes, vecinos de Florida y Lavalleja recibieron a diputados de la Comisión de Medio Ambiente en el lugar donde se proyecta la represa. Allí, muchos plantearon argumentos sociales, ambientales, económicos e históricos para frenar la construcción.

La senadora nacionalista y exintendenta de Lavalleja, Adriana Peña, dijo que se está creando "un gran problema social y económico". "Hay tres escuelas que hay 100 años que están acá", recordó, y aseguró que la zona que estaría afectada por la represa "es el verdadero Uruguay, el que produce para todos".