Según Benech, va a beneficiar a un 84% de los productores.
Enzo Benech, ministro de Ganadería. Foto Francisco Flores.
El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, informó que la rebaja en la contribución inmobiliaria rural que promulgó el Poder Ejecutivo beneficiará al 84% de los productores.
Se trata de otra de las medidas implementadas por el gobierno para atender la situación del campo, y que formó parte de las iniciativas que el presidente Tabaré Vázquez presentó al grupo Un Solo Uruguay y las gremiales rurales cuando se reunieron a mediados de febrero.
Según declaraciones de Benech publicadas en la web de Presidencia, la reducción del 18 % de la alícuota de la contribución inmobiliaria rural para los ejercicios 2018 y 2019 es genérica a todos los propietarios de tierras que exploten a cualquier título padrones y que, en su conjunto, no excedan las 1.000 hectáreas con índice Coneat 100. Este beneficio “ya está en condiciones de aplicarse”, señaló y destacó que “abarca al 84 % de los productores agropecuarios que pagan el tributo”.
A su vez, dentro del proyecto aprobado se incluye un descuento adicional del 10% en la contribución para los productores comprendidos que no tributen Impuesto a la Renta de las Actividades Empresariales (IRAE) —pagan el Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba) porque su facturación no es elevada—. El beneficio apunta a los productores “más chicos”, que así “llegan al 28 % de rebaja”, subrayó el ministro.
Para acceder a los descuentos establecidos, los productores deben presentar en las intendencias correspondientes una declaración jurada con detalles de los padrones que al 1° de enero anterior explotaban, con indicación del correspondiente valor real de cada uno. El plazo para esa gestión es de cuatro meses, según lo que estipula la ley.
Según dio cuenta El País tiempo atrás, la medida que regirá durante este año y el próximo supondrá alrededor de US$ 1,5 menos por hectárea para los productores abarcados (que hoy pagan alrededor de US$ 7 por hectárea). Así lo estimó el contador Federico Camy del estudio Guyer & Regules, quien ratificó que se verán beneficiados alrededor del 85% de los productores, que representa cerca del 40% de la superficie en explotación en Uruguay.
La ley promulgada por el gobierno readopta un beneficio que había sido aprobado durante el mandato de Jorge Batlle (2000-2005) y eliminado en 2015. “Es una señal política, que seguramente no solucionará todos los problemas, pero es una ayuda que se agrega a varias”, sentenció Benech.