El PBI de la economía uruguaya frenó su crecimiento en el 3er. trimestre, según informó el Banco Central (BCU). Para quienes están en el rubro ganadero, el dato no llama la atención: la faena cayó abruptamente en dicho período (-26%), arrastrando el PBI industrial, además del propio PBI agropecuario.
Tamaño retroceso en un sector clave de la economía apenas logró compensarse con el avance en sectores vinculados al comercio y servicios, que siguen en proceso de recuperación post-pandemia y van captando el crecimiento en otros sectores.
El BCU corrigió al alza el dato previo (2do. trimestre), de manera que la base de comparación crece. Aun así, el dato del PBI del 3er. trimestre es una luz amarilla de advertencia: el escenario externo cambió sustancialmente luego de la retracción de la demanda china, en especial en carnes. A su vez, el rebote post-pandemia va perdiendo fuelle y -además- el tipo de cambio se retrasa, complicando la competitividad.
Comparando con el mismo trimestre del año pasado (cuadros), el PBI avanzó 3,7%. El agro cayó 7,4% interanual, por la referida retracción en el sector ganadero que no logró compensarse por el avance agrícola. La industria también bajó, casi 3% interanual, por la menor actividad en frigoríficos que no se compensó por los avances en la industria automotriz y en la producción de concentrados.
Contrariamente, los sectores de servicios como el comercio, hoteles y restaurantes, así como servicios personales y administrativos, avanzaron en torno a 10%, prosiguiendo la recuperación post pandemia y algo más. También creció fuerte (7,2%) el sector transporte y comunicaciones, donde aumentaron los servicios de cargas y transporte de pasajeros (en especial a Argentina).
Mención especial merece el caso de la construcción, que avanzó 8,4% interanual. Aquí se está dando un proceso virtuoso de continuidad, en el cual va mermando la actividad en el obrador de la nueva planta de celulosa de UPM (que arranca a funcionar en pocas semanas) y aumenta la construcción en viviendas, obras viales y en el Ferrocarril Central.
Este empuje de obras se confirma con los datos de las Cuentas Nacionales analizados desde el punto de vista de la demanda, donde la inversión crece 10% interanual. A su vez, el comercio exterior aporta modestamente al aumento interanual: las exportaciones de bienes y servicios subieron 19% y las importaciones 18%, variaciones muy similares. Pero como el monto por exportaciones es mayor, hay un saldo positivo.
Si el PBI tan solo se mantiene en el último trimestre del año, la economía uruguaya cerraría 2022 con un crecimiento anual promedio de 5,5%, el máximo desde 2011. Es un escenario plausible e incluso podría haber un cierto avance: las cosechas han sido mejores a lo esperado y la faena se está recuperando. A su vez, los sectores de servicios podrían mantener su dinamismo y el gasto mantener dinámica, en especial si la inflación va cediendo. Sin embargo, para 2023 las incertidumbres son más que las certezas.
Problemas externos ¿soluciones propias?
Uruguay va a culminar el 2022 con un escenario externo bastante más adverso al del primer semestre. La demanda desde China -principal socio comercial- aflojó, con el consiguiente descenso en los precios. En la región la relación con los vecinos se ha puesto más tensa: el cambio de gobierno en Brasil le pone un signo de interrogación a la política de apertura con independencia del Mercosur, que ha impulsado el gobierno; éste -además- demoró mucho el pedido de acceso al TPP, que recién concretó hace pocas semanas.
Uruguay debe seguir avanzando su vínculo comercial con China, y -si es posible- con el resto de las potencias asiáticas. Y si Brasil propone retomar las negociaciones con la UE que se explique bien el alcance, porque ya van 20 años sin concreciones (más allá de que el acuerdo está formalmente firmado). Con la UE el problema no solo es comercial sino político: si la agenda la siguen imponiendo los europeos (el plano ambiental es elocuente) las ventajas para América del Sur no se vislumbran.
Con el Mercosur, se hace imprescindible un sinceramiento, algo de lo cual se planteó en la última cumbre. La relación de Uruguay con Brasil es mucho más virtuosa que con Argentina y no creo que la llegada de Lula al gobierno cambie esto. La relación con los vecinos es más relevante que en años previos, porque las economías desarrolladas (EEUU, UE) están perdiendo dinámica y convivirán con mayores tasas de interés.
Por otra parte, el 2022 culmina con el dólar marcando mínimos desde que asumió el actual gobierno, con el tipo de cambio real retrasado más de 10% y la relación de precios con los socios comerciales muy debilitada (gráfica). El Banco Central fue a fondo contra la inflación y debe definir si sube o no -por última vez- la tasa de interés; ya ha adelantado que lo hará en medio punto porcentual. Si no lo hace, hay un impacto en su reputación; si lo hace, corre el riesgo de hundir más al dólar. Un dilema difícil.
Los ajustes tarifarios de enero son claves para la inflación. Si ésta cede, habrá más espacio para que el Central baje la tasa de interés, algo necesario especialmente si la economía no logra retomar el crecimiento. Tendría el doble efecto de abaratar el crédito y dar espacio a una mejora del tipo de cambio.
Mediano y largo plazo
Más allá de estos vaivenes, la baja del dólar implica el fortalecimiento de la moneda uruguaya. Y si nuestra moneda se ha vuelto efectivamente más fuerte y confiable, debería aumentar paulatinamente el ahorro en pesos. Sin embargo, esto no es claro y la mayor proporción del ahorro de los uruguayos sigue haciéndose en dólares, lo que restringe la efectividad de la política monetaria.
Seguramente hay un problema en la coordinación de políticas entre los distintos actores que -desde la conducción económica- inciden en la competitividad, donde se necesitan cambiar cuestiones más de fondo. En el Banco Central sería bienvenida una mayor independencia política (por ejemplo, no cambiar el directorio en simultáneo con el ciclo político).
En el plano fiscal, se reconocen las virtudes de reducir el déficit; a largo a mediano y largo plazo es esencial una composición de gasto equilibrada y sostenible, con un mayor porcentaje de inversión que apuntale el crecimiento futuro de la economía. Y la política laboral no debería remitirse solamente a administrar la puja salarial y su interacción con la inflación; es preciso más énfasis en generar más empleo y de mayor calidad, en una relación dinámica con la formación y la educación.
En todos estos planos cuesta salir del corto plazo y abordar a fondo los dilemas políticos y los conflictos; pero más vale hacerlos transparentes y encararlos, que seguir tropezando una y otra vez con los mismos problemas.
En este sentido, esta semana la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) presentó una actualización de su agenda de políticas públicas, con el objetivo de mejorar la capacidad de crecimiento de la economía uruguaya. Es un documento valioso con reclamos sobre temas pendientes y propuestas de avances en distintos planos, desde la conducción macroeconómica hasta asuntos tributarios, pasando por el funcionamiento del estado, las empresas estatales y la política tributaria.
Allí hay un capítulo específico de propuestas sobre relaciones laborales, donde se reconocen los avances incluidos en la LUC que garantizaron el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho al trabajo de los no huelguistas y el derecho de los empresarios de Ingresar a sus empresas libremente, habilitando la intervención de la fuerza pública en caso de ocupación o piquete.
La CCE señala -sin embargo- que hay varios temas pendientes. Por un lado, si bien reconoce que ya tiene media sanción parlamentaria el proyecto de reforma de la Negociación Colectiva que incluye las recomendaciones de la OIT (casi idéntico al enviado por el Frente Amplio en el gobierno anterior), insiste en que la negociación salarial sea bipartita, y no tripartita como se mantendría ahora.
A su vez, reclama nuevamente contemplar la heterogeneidad de las empresas al momento de la negociación salarial, en especial por tamaño y localización. Esto es especialmente relevante para muchas agroindustrias de pequeño y mediano porte, ubicadas en diversas localidades. En varios casos se le han impuesto a empresas lácteas, frigoríficos locales o industrias de transformación de mediano porte, laudos salariales que llegan desde Montevideo. Esto desconoce la mencionada heterogeneidad y las limitaciones de las empresas locales, pero también que el costo de vida fuera de Montevideo es -en promedio- notoriamente inferior al de la capital, como lo muestran los números del Instituto Nacional de Estadística (INE). Contemplar esto es clave para mantener el empleo.
La CCE también reclama que los mecanismos de descuelgue en la negociación salarial -cuando una empresa enfrenta situaciones excepcionalmente desventajosas- se haga más ágil, estableciendo mecanismos automáticos. Además plantea que sea una decisión por mayoría, y no por consenso cómo es hoy.
El documento plantea también un asunto sumamente interesante y potente para mejorar la competitividad del Uruguay, que a veces pasa desapercibido y que se aplica en otros países con clara vocación exportadora. En concreto plantea establecer una secuencia de negociación salarial que cierre primero las negociaciones de los sectores transables, luego los no transables y finalmente los sectores regulados (salud transporte y similares). El objetivo de fondo es evitar que las áreas de servicio no transable queden con aumentos superiores a los sectores que compiten directamente en el mercado local y externo (un interesante antídoto contra el atraso cambiario).
Son estas cuestiones las que a veces se soslayan en la discusión social y política. Ahora se prendió la luz amarilla y hay que recargar combustible. Pero en algún momento habrá que hacer una reparación a fondo del vehículo, para que siga avanzando a largo plazo.