El presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, cuestionó duramente el proyecto de creación de un área protegida en la cuenca de la futura represa de Casupá, luego de una reunión realizada este jueves en pueblo Gaetán, departamento de Florida, con representantes del Ministerio de Ambiente. El dirigente aseguró en Valor Agregado de radio Carve y Oriental Agropecuaria, que la propuesta podría afectar unas 67.000 hectáreas productivas y adelantó que la gremial se encamina a adoptar una posición contraria a la construcción de la represa.

Según explicó, durante el encuentro se presentaron los lineamientos para incorporar la cuenca alta de Casupá al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), una iniciativa que, a su entender, implicaría importantes limitaciones para el desarrollo agropecuario de una extensa región
comprendida entre Florida y Lavalleja.

“La represa de Casupá en sí no debería ser el problema, pero en el fondo del asunto tenemos una restricción a la producción enorme. Ayer quedó esto en evidencia, algo que hasta el momento siempre se habían escapado de decirlo claramente”, afirmó.

Ferber detalló que el área involucrada se extiende desde el emplazamiento de la futura represa hasta las proximidades de Alejandro Gallinal, sobre la ruta 7, y Zapicán, comprendiendo buena parte de la cuenca que aporta agua al embalse.

A diferencia de otras áreas protegidas existentes en Uruguay, sostuvo que esta propuesta abarcaría una región caracterizada por su actividad agropecuaria, con establecimientos ganaderos, forestales y diferentes sistemas de producción.

Entre las posibles restricciones mencionó limitaciones a nuevas plantaciones forestales, emprendimientos de engorde a corral, sistemas de riego y utilización de fertilizantes y fitosanitarios. Si bien reconoció que las condiciones específicas todavía se encuentran en estudio, consideró que las medidas terminarían condicionando las inversiones.

De acuerdo con sus estimaciones, actualmente existen unas 9.000 hectáreas forestadas dentro de la zona comprendida en el proyecto, cuya posibilidad de expansión quedaría comprometida.

El presidente de la ARU también advirtió sobre las consecuencias patrimoniales para los propietarios rurales. A su juicio, la incertidumbre sobre las futuras restricciones ya representa un perjuicio económico, dado que podría reducir el interés de empresas forestales y otros inversores por adquirir campos en la región.

“Ya discutir esto significa que el patrimonio de toda esa gente cayó”, sostuvo, y estimó que la pérdida de valor de los establecimientos podría situarse entre 10% y 15%, aunque aclaró que todavía no existen cálculos precisos.

Uno de los principales cuestionamientos de Ferber fue la ausencia, según indicó, de una evaluación económica que cuantifique cuánto dejaría de producir la región como consecuencia de las eventuales restricciones.

Durante la reunión, aseguró, plantearon la necesidad de conocer tanto la pérdida patrimonial como las consecuencias sobre los ingresos productivos de los establecimientos comprendidos en el área.

A modo de ejemplo, señaló que una reducción de ingresos de US$ 100 por hectárea sobre una superficie de 67.000 hectáreas representaría una pérdida de US$ 6,7 millones anuales.

“Estamos hablando de 6.700.000 dólares por año, para toda la vida”, enfatizó.

El dirigente recordó además que la cuenca del río Santa Lucía comprende aproximadamente 1,34 millones de hectáreas y, según los datos presentados anteriormente por la ARU, representa el 28% del producto bruto interno agropecuario nacional.

En ese sentido, manifestó su preocupación por la posibilidad de que las medidas inicialmente planteadas para Casupá constituyan un antecedente para extender nuevas restricciones a otras regiones productivas de la cuenca.

“Si no nos defendemos en este primer paso todos los productores y apoyamos a los involucrados y damnificados de hoy, cuando queramos ver vamos a tener todo limitado”, advirtió.

Ferber reconoció que hasta ahora la Asociación Rural había evitado posicionarse directamente contra la construcción de Casupá, considerando la importancia del abastecimiento de agua potable para la población.

Sin embargo, sostuvo que la información presentada en Gaetán modifica sustancialmente la evaluación del proyecto, especialmente por las consecuencias que, a su entender, tendría sobre la producción.

“Esto claramente inviabiliza, desde nuestro punto de vista, la represa en sí”, expresó.

Consultado sobre si la ARU solicitará directamente que no se construya, respondió que los nuevos elementos conducen a esa posición, aunque aclaró que la definición deberá formalizarse en la directiva de la institución durante los próximos días.

“Evidentemente nos llevan a eso. No hay forma de decir que la represa se puede hacer si viene con esto de la mano”, afirmó.

También cuestionó la ausencia de representantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca durante el encuentro, donde, según relató, participaron varios técnicos y autoridades del Ministerio de Ambiente.

Ferber consideró que el sector productivo no está encontrando dentro del propio gobierno un contrapeso suficiente frente a las iniciativas ambientales que pueden condicionar su desarrollo.

En ese escenario, planteó que las gremiales agropecuarias deberán asumir un papel activo en la defensa de los productores afectados y promover su participación en las instancias de consulta pública previstas para el proyecto.

Como próximos pasos, el presidente de la ARU adelantó que procurarán establecer contactos con Presidencia de la República y otras autoridades del Poder Ejecutivo para trasladar sus cuestionamientos y solicitar que se considere el impacto económico de las medidas.

Asimismo, insistió en la necesidad de evaluar alternativas para garantizar el abastecimiento de agua potable del área metropolitana sin comprometer el potencial productivo de la cuenca del Santa Lucía.

En particular, recordó la propuesta impulsada por la gremial de incorporar una fuente de abastecimiento desde el Río de la Plata, mediante una toma de agua en las proximidades de Juan Lacaze.

Finalmente, Ferber vinculó la situación de Casupá con la planificación de nuevas áreas protegidas hacia 2035 y advirtió que una eventual expansión del sistema podría alcanzar otras regiones agropecuarias del país.

“Tenemos que generar la manera de que todos los productores agropecuarios queden al tanto de lo que se está jugando acá”, concluyó.