El tipo de cambio, los costos y los problemas de inserción internacional, le ponen límites al comercio uruguayo y a su capacidad de mejorar los ingresos. Uruguay tiene virtudes, pero sin levantar aquellas restricciones, lo bueno no lucirá mucho.
Ing. Agr. MBA, Nicolás Lussich.
El dato de exportaciones del mes de julio mostró una caída interanual de casi 20%, un retroceso significativo luego del dato más alentador en junio. Pero las variaciones mensuales tienen cierta volatilidad y conviene más ver la evolución acumulada en el año (gráfica), que marca una caída de 16% en el monto por exportaciones medido en dólares, respecto a igual período de 2019. Es difícil que esto se revierta en lo que resta del año: Uruguay tendrá una caída relevante en sus ventas de bienes al exterior, y lo mismo sucederá en los servicios, en especial en turismo.
La pandemia es un factor importante en esta caída, pero no es el único: como hemos insistido, nuestro país tiene problemas serios de competitividad, a varios niveles, que ya se habían instalado antes de la llegada del Coronavirus.
Por un lado, se trabaja con costos muy altos en la comparación internacional, por lo que a las empresas les resulta difícil competir con proveedores externos, tanto en el mercado local como en las exportaciones. Estos costos se expresan en diversos renglones de los presupuestos de las empresas agropecuarias y agro industriales. Es el caso de las tarifas de servicios públicos, que si bien han bajado -medidas en dólares- permanecen altas en comparación internacional. También han subido los costos laborales (ver edición anterior del suplemento), lo cual es sano y positivo si están acompañados de mayor productividad; esto se ha logrado en muchos rubros (por ejemplo en agricultura y lechería), pero no en la dimensión que aumentó el costo, en particular de la mano de obra menos especializada, de manera que también aquí hay un problema. Y el costo de los servicios conexos, logística, etc., además de los impuestos y tasas, también subió, todo lo cual compone el mentado “costó país”, que va carcomiendo la capacidad de las empresas de rentar, invertir y crecer. En muchos casos también creció la carga de intereses, por un mayor endeudamiento.
En los últimos días, se explicitó una perla más al collar de dificultades: empresarios de la industria frigorífica han manifestado su especial preocupación por los elevados costos del Puerto de Montevideo, donde cargar un contenedor -denuncian- es 500 dólares más caro que en otros puertos de la región (un costo equivalente a 4 centavos por kilo de novillo para faena). De tal manera que un frigorífico ya optó por exportar mercadería a través de Río Grande (Brasil). En el sobre costo de Montevideo “colaboran” varios factores: falta de competencia, falta de profundidad y costos elevados en cada paso, donde cada uno busca su propia supervivencia, en lugar de apuntar a dar más valor al proceso comercial. Está subyacente la amenaza de litigio de Katoen Natie (principal accionista de la terminal TCP), en un nudo difícil de desatar para el gobierno: la empresa belga se ha resistido a que haya grúas pórtico en otras zonas del puerto, con el argumento de que solo su terminal especializada tiene ese derecho, el cual “pagó” con importantes inversiones. Además, incide la posición dominante de los armadores (líneas marítimas).
Uruguay también enfrenta un problema macroeconómico: la recesión ya se había instalado antes de la pandemia y se agudizó con la llegada del Coronavirus. La expansión del gasto del Estado en los últimos años necesita un imprescindible ajuste, que ya se está procesando pero que no se expresa aun claramente porque -al mismo tiempo- suben los gastos que impone la situación sanitaria, mientras los ingresos bajan. El déficit fiscal crece y llegó a 5,5% del PBI, estimándose que llegará a 6,5% al cerrar el año, según la proyección oficial. Será un “rojo” de más de US$ 3.000 millones, que ya se cubrió con deuda.
Parte de ese gasto estatal responde a los mecanismos que Uruguay tiene de sostén social, para amortiguar el impacto de la recesión. Pero esto no puede alargarse indefinidamente: el vínculo económico-social clave es el empleo y allí hay problemas. El sano ajuste del gasto estatal, para que sea sostenible, pasa por la ley presupuestal, que comenzará a aplicarse recién en 2021.
Mientras, vuelve una tensión archiconocida por los productores rurales y exportadores de todos los rubros de bienes y servicios: la que ocurre entre inflación y tipo de cambio. En los últimos meses, es notorio que el gobierno ha priorizado lo primero, luego del aumento del tipo de cambio en marzo. De hecho, está vigente un acuerdo que estabilizó los precios de alimentos y otros artículos de almacén hasta este mes. Bajar la inflación es siempre un objetivo compartible, pero sin una mejora de la situación fiscal a través de una recomposición y reducción del gasto, todos los esfuerzos anti inflacionarios pegarán en el tipo de cambio y por lo tanto en la competitividad. La consecuencia es menor crecimiento y menor empleo. El Banco Central está impulsando una nueva estrategia para bajar la inflación a niveles menores -ahora con la tasa de interés como herramienta de política monetaria- pero necesita ayuda desde el plano fiscal, entre otros.
En lo que va del año, hubo una mejora del valor real del dólar, que atenúa la caída de las exportaciones cuando las medimos en términos reales (cuadro). Un consuelo parcial en una situación complicada.
Además -por supuesto- no todo pasa por un tipo de cambio equilibrado. Otro plano de dificultades es la inserción internacional, que no por reiterado deja de ser relevante. En este capítulo hay un asunto ineludible: que el Mercosur y la Unión Europea ratifiquen el acuerdo comercial que han convenido el año pasado. En el reciente Foro Económico Unión Europea-Mercosur organizado por la Embajada Alemana la Cámara de Comercio Uruguayo Alemana y la Fundación Konrad Adenauer, diplomáticos y expertos de ambos bloques coincidieron en destacar la relevancia no sólo comercial sino también estratégica del acuerdo, al tiempo que alertaron sobre la necesidad de promover su ratificación al más alto nivel político.
Uno de los escollos principales es la desconfianza que importantes sectores de la sociedad europea tienen sobre la producción agropecuaria de nuestra región; en particular las críticas hacen foco en Brasil, al que acusan de producir avanzando sobre la selva amazónica, sin cuidado ambiental. Esta crítica al barrer -alentada por las polémicas actitudes del presidente brasileño Bolsonaro- es simplista, pero allí está y requiere una respuesta ponderada, algo que ha hecho el vicepresidente brasileño Hamilton Mourao.
En los últimos días, la carne -uno de nuestros principales rubros de exportación- sufrió también el embate de discursos ignorantes y engañosos. Un tweet emitido ni más ni menos que por una cuenta de Naciones Unidas (ONU), alertaba sobre los perjuicios que el consumo de carne tiene sobre el ambiente y agregaba que la emisión de gases de efecto invernadero causada por la producción cárnica era mayor que la de la propia industria petrolera, un disparate mayúsculo. Para Uruguay el asunto es especialmente sensible pues nuestra producción es mayoritariamente sobre praderas naturales y al aire libre, integrando una biodiversidad difícilmente alcanzable por otras modalidades de producción. El gobierno uruguayo expresó a través de su cancillería un enérgico y fundamentado rechazo a las expresiones del tweet, de tal manera que el mismo fue borrado.
Esta posición activa es la que se precisa para defender -con argumentos- nuestra forma de producción. Las críticas ambientalistas y la preocupación por el bienestar animal son una potente fuerza en estos tiempos y -en general- pueden ser de recibo. Pero los panfletos con falsedades -impresos u online- tienen que ser combatidos. De lo contrario, cualquier excusa sin fundamento puede servir para trabar el comercio. El Acuerdo Comercial con la UE es una excelente oportunidad para dejar las habladurías perniciosas y pasar a la acción virtuosa, incorporando certificaciones con estándares de producción de alto nivel de calidad y cuidado, tanto del ambiente como de las condiciones laborales. La forestación en Uruguay es un buen ejemplo de aplicación de estas herramientas, que se van incorporando también en la agricultura y la producción animal.
Si no se acuerda con la UE -una de las grandes economías globales-, con las que además hemos ganado algo de competitividad-precio, seguiremos penando entre aranceles y cuotas, compitiendo con nuestros vecinos, con los que tenemos un importante retraso en el Tipo de Cambio Real (gráfica).
Si todos estos puntos comienzan a superarse, el escenario será más positivo y Uruguay podrá salir de la pandemia fortalecido. Hay inversiones en marcha -además de la notoria UPM- y más en carpetas, esperando los avances. Y si la inversión se reactiva a todo nivel -no solo en los agro negocios- volverán el crecimiento y el empleo.