Por: Daniel Werner

Una revisión sencilla de la bibliografía profesional define la extensión agrícola-rural como un instrumento clave para promover el desarrollo económico y social de las familias rurales. Esta definición puede vincularse con procesos educativos fundamentados en la comunicación y la identificación de potencialidades, problemas y propuestas de mejora que en teoría, deberían conducir a la adopción de soluciones frente a las limitaciones que dificultan el progreso económico y social.

Al analizar las causas que frenan ese desarrollo, encontramos una combinación de factores: la falta de acceso a recursos, la migración hacia zonas urbanas, la ausencia de infraestructuras, los servicios insuficientes y limitaciones estructurales de acceso a los mercados de comercialización, entre otros. A todo esto, debemos sumar, muchas veces, la alta dependencia económica de la agricultura tradicional y del monocultivo, altamente vulnerables a los fenómenos generados por el cambio climático.

En un contexto en el que el pequeño y mediano productor agrícola buscan alcanzar la sustentabilidad ambiental y económica, surge la necesidad de innovar mediante la creación de nuevos servicios, insumos y tecnologías capaces de responder a los paradigmas actuales, incluyendo los emergentes hábitos y preferencias de los consumidores, fruto de los cambios sociales y demográficos.

El término innovación está, en muchos casos, estrechamente vinculado con la tecnología y, con frecuencia, ambos conceptos se utilizan de forma indistinta. Podemos considerar la innovación como una ventaja; sin embargo, debemos entenderla también como un factor crucial para que la agricultura logre enfrentar los efectos del cambio climático, y, al mismo tiempo, dar respuesta a la creciente demanda de alimentos de la población. Las nuevas tecnologías, las prácticas agrícolas sostenibles y los sistemas de manejo de cultivos mejorados son esenciales para aumentar la eficiencia de la producción y, no menos importante, para garantizar la sustentabilidad y el bienestar económico de los productores.

Se estima que en el año 2050 la población mundial alcanzará los 9.100 millones de personas, lo cual implica la necesidad de incrementar la producción de alimentos en un 70% en relación con los rendimientos históricos del año 2005. Este desafío debe considerar que alrededor del 35% de dicha producción proviene de minifundistas (superficies menores a dos hectáreas), quienes enfrentan carencias estructurales de ingresos, educación y recursos que limitan su capacidad de transformarse en productores eficientes y sustentables.

Sin el desarrollo de capacidades, el acceso a recursos y la disponibilidad de plataformas que permitan mercadear su producción, no existen verdaderas posibilidades de convertir la agricultura tradicional en una práctica más eficiente, sostenible y rentable. Es aquí donde la extensión rural juega un papel clave para lograr la integración de este segmento productivo en sistemas alimentarios sustentables.

La falta de presupuesto o por políticas públicas insuficientes, desafortunadamente, han conducido a los modelos públicos de extensión rural a perder relevancia, ya sea porque no logran generar infraestructuras, servicios de producción, comercialización, investigación y desarrollo. Ante esta ausencia de respuestas, organizaciones del sector privado con capacidad real de financiamiento producen conocimientos y tecnologías cuyos resultados, y la posterior transferencia, terminan limitados a aquellos productores con buen acceso a financiamiento que pueden implementar las soluciones que las tecnologías innovadoras le ofrecen.

En este contexto, los procesos de desarrollo de capacidades y de transferencia de tecnologías se transforman en inalcanzables para el pequeño productor y dejan de ser métodos democráticos que deberían beneficiar a toda la población, fracasando en la construcción de modelos capaces de reducir las disparidades dentro del ámbito agrícola-rural.

Es el estado quien debe tomar responsabilidad y permitir a los servicios de extensión cumplir con el papel clave en la transferencia de la tecnología. Estos servicios deben transformarse en catalizadores de procesos por intermedio de herramientas que faciliten el flujo de información entre el extensionista y el productor, permitiendo el entendimiento que la nueva tecnología no es solo un instrumento sino una nueva metodología de trabajo.

Existe una verdadera necesidad de crear una nueva generación de productores que estén inmersos en procesos de cambio tecnológico de sus fincas. Esta dinámica de cambio permitirá dar rápidas respuestas a las permanentes amenazas y desafíos bajo los que se encuentra el sector.

Es necesario alentar a los productores hacia una mayor participación y activismo en los procesos de diagnóstico, ensayo de soluciones, etc. El objetivo es que el productor logre establecer sus prioridades, tome decisiones y administre sus recursos y medios de producción de manera sustentable. Este enfoque participativo lo deberá vincular con el mercado global por intermedio de la asequibilidad a los conocimientos, nuevas tecnologías y acceso a la experiencia de instituciones dedicadas a la investigación aplicativa, innovación y desarrollo del sector.