Opinión

Empleo en el mínimo de 10 años

Mientras la economía uruguaya sobrelleva con dificultades el impacto de la crisis argentina y los ajustes a la baja en varios precios de exportación (lácteos, carnes, algunos granos), se está desarrollando -con lógicas dificultades- una extensa negociación colectiva a nivel de los Consejos de Salarios, para definir los ajustes que cada sector tendrá éste y los próximos dos años.

Ing. Agr. Nicolás Lussich.


La negociación salarial es clave para la economía y un emblema de los gobiernos de izquierda que están en la conducción del gobierno desde 2005. De tal forma que el Frente Amplio adjudica a la negociación salarial amplias virtudes, definiéndola como la causa principal del aumento real de los salarios registrado en los últimos años. El planteo es tan comprensible como discutible: es bastante lógico que el FA defienda la negociación colectiva, pues su concepción política histórica ha estado en la defensa del salario y la “lucha” sindical, desde donde han surgido parte de sus principales referentes políticos; pero el aumento real de los salarios -en toda la sociedad- difícilmente hubiera ocurrido sin una expansión de la economía como la que hubo, donde el agro tuvo un rol importante.

En Uruguay, la negociación colectiva tiene una particularidad: es tripartita, con una participación explícita del gobierno. En una primera mirada, esto puede ser positivo: el Estado actuando como el fiel de la balanza entre las partes. Sin embargo, el asunto tiene un giro complicado y no nos referimos al cuestionable sesgo pro-sindical del gobierno en los convenios, sino a algo más profundo y -tal vez por eso- menos visible. Nos referimos a que -así planteada- la negociación colectiva soslaya la real situación de las empresas en aras de una pretensión política de aumentar los salarios más allá de las circunstancias. Cuando la economía anda bien, esto no parece ser un problema; pero cuando las cosas se ponen más difíciles, se abre una distancia entre la política y la realidad, con una caída del empleo como estamos viendo en los últimos meses. No es bueno para la política (y para la democracia). En este marco, vale una aclaración: la negociación tripartita no es obligatoria, como bien lo remarca una y otra vez el ministro Murro; pero -por circunstancias políticas y tal vez por la propia cultura estatista de nuestro país- la negociación se resuelve en mesa de tres.

Países con mejores reflejos competitivos enfatizan en la negociación por empresa, lo que permite una traducción más fidedigna y efectiva de la realidad económica a las condiciones de salario y empleo (¿quiénes mejor que el empresario y los trabajadores para saber cómo van las cosas?). La propia OIT recomienda esquemas bipartitos. Algunos países completan esto con un lineamiento general, para toda la economía, pero Uruguay va por el camino del medio, la negociación “sectorial”, que tiende a ignorar las situaciones particulares de cada empresa (más allá de las cláusulas de “descuelge”, difíciles de aplicar) y facilita las cosas a los sectores que tienen capacidad de trasladar a sus precios de venta lo que acuerdan en el Consejo de Salarios (construcción, bebida).

Eso no puede hacerlo un sector como el agro, obviamente. Los precios de venta los pone -en general- el mercado mundial, donde la competencia es intensa y en el cual, en los últimos meses, se ha dado un giro a la baja de varios precios de productos del campo. Esta es una de las causas por las que las gremiales rurales dejaron el ámbito de negociación colectiva, lo que llevó al gobierno a establecer los aumentos por decreto directo; quedaron afuera la negociación y los consensos. El Ejecutivo decretó los aumentos solo por un año (el lineamiento general apunta a convenios de 3 años), para revisar la situación dentro de 12 meses, una decisión lógica dados los vaivenes recientes de los precios de exportación y lo complicadas que están las cuentas de muchos productores.

Lo que no parece lógico es el incremento: si bien nominalmente se plantea una suba de 7,5% para ganadería y agricultura (considerados en situación ‘normal’) y de 6,5% para lechería y arroz (sectores en problemas), a eso hay que sumar el ajuste por inflación del convenio pasado y el ajuste de enero. Así, un trabajador en ganadería tendrá a partir de julio (ajuste retroactivo) un salario 15% superior a julio del año pasado. Ya el año que viene (dado que no hay ajuste en enero), el aumento interanual será del 10%.

Que los trabajadores tengan mejores retribuciones es uno de los objetivos básicos de cualquier política económica. El problema es cuando se va más allá de los fundamentos. Medido en producto (ganado), el salario rural se ha triplicado en 12 años (gráfica). La productividad ganadera subió, pero ni de cerca en esa magnitud.

El ajuste de esta divergencia entre salarios por decreto e ingresos reales de las empresas se da en el empleo, que ha caído a mínimos en -por lo menos- 10 años. En realidad, lo que sucede en el agro también se está dando en el resto de la economía. Era esperable un ajuste a la baja en el empleo luego de los años de la gran expansión de la economía, entre 2006 y 2014, pero la caída sigue y va más allá de un lógico ajuste.

Podría pensar el lector que en el agro la automatización y otras tecnologías, así como mejoran la productividad y la producción, reducen los puestos de trabajo. Esto es cierto si habláramos de un sector de poco dinamismo. Pero no ha sido el caso del agro, que expandió la cantidad de trabajadores significativamente entre 2003 y 2012, aun incorporando maquinarias e inversiones que aumentaron significativamente la productividad de cada trabajador.

El empleo es el gran articulador social, la confirmación de que la persona está aportando su trabajo a la sociedad; podrá hacerlo con mejor o peor productividad, en buenas o mejorables condiciones, pero forma parte. Lamentablemente, en un país con problemas sociales aún graves y con niveles de delincuencia inusitada, que el empleo tenga el actual retroceso es preocupante.

Rurales EL PAIS