Nicolás Lussich /Ing. Agrónomo MBA / Periodista
Se divulgaron esta semana los datos preliminares del censo de población 2023, con algunas tendencias esperables y algunas sorpresas. Del trabajo surge que en Uruguay hay 3.444.263 habitantes, cifra bastante menor a lo estimado. Las proyecciones de población previas del Instituto Nacional de Estadística apuntaban a que en Uruguay debería haber unas 3.566.550 personas, pero el número resultó 122.287 personas inferior, una diferencia del 3,4%. Y esto a pesar de la inmigración de más de 60.000 personas en el período intercensal, en su mayoría venezolanos, argentinos y cubanos. De manera que la población del Uruguay ha permanecido básicamente estancada en los últimos 12 años.
Una población menor a la estimada implica -desde ya- que las proyecciones en varios planos (entre ellos el de la seguridad social) quedan más exigidas de lo pensado. Uruguay aprobó una reforma de la seguridad social previendo estas tendencias, pero seguramente habrá que revisar el asunto antes de lo pensado.
Asimismo, se confirma el envejecimiento de la población, en el sentido de que la estructura etaria muestra proporciones cada vez mayores de gente adulta y veterana, con una baja en la proporción de las generaciones más jóvenes. Esto se da por la sencilla razón de que ha habido una fuerte caída en el número anual de nacimientos, que pasó de un promedio de algo más de 47,000 hacia el año 2015, a poco más de 32,000 en el año 2022. De tal manera que los decesos ya superan a los nacimientos. De no producirse un cambio significativo en esta tendencia, la población en Uruguay comenzará a caer.
Demógrafos y expertos en estudios de población destacan que Uruguay no ha sido la excepción en los resultados del censo: países como Brasil también han registrado poblaciones inferiores a las proyectadas, lo mismo otros países de sur y centro América.
Estas tendencias de menos nacimientos y mayor esperanza de vida también se dan en economías desarrolladas. Pero esos países -en general- tienen mayores recursos para adaptarse a la nueva demografía. Uruguay se muestra más vulnerable y hay un riesgo de cargar excesivamente el esfuerzo económico en las nuevas generaciones.
Ruralidad y trabajo
El Censo 2023 también mostró que se sigue reduciendo la población rural, la gente que vive en campaña, fuera de poblaciones urbanas de cualquier tamaño. Esta es una tendencia inexorable que se comprueba en todos los países. Hace pocos años, la ONU informaba que, según sus estimaciones, ya en el mundo vive más gente en las ciudades que en el campo, con procesos fuertes de migración campo-ciudad en países de grandes poblaciones, en Asia y África. Este proceso ya se dio en Uruguay hace muchas décadas y hoy apenas un 4% de la población vive en campaña (unas 137.700 personas).
Vivir en la ciudad tiene notorias ventajas respecto a la vida en el campo y las cifras así lo comprueban: la concentración de servicios en un área cercana, un mercado laboral más abierto y -por lo tanto- mayores oportunidades potenciales de empleo, una mayor cercanía para la vida social en todos sus planos, etc., hacen atractiva la vida en la ciudad. Esto sin desconocer las mejoras en la calidad de vida en muchas zonas rurales.
Además de la población rural estricta, la ruralidad también abarca a decenas de pequeñas localidades, donde la vida gira en buena medida en vínculo con la producción circundante. Es cada vez más frecuente que el trabajador rural resida en una localidad y se desplace a los establecimientos para desarrollar sus tareas, combinando la oportunidad de trabajo en el campo con la vida en el pueblo, donde puede establecer familia y otros vínculos sociales. Aun así, los datos preliminares también indican que esas pequeñas poblaciones también están reduciendo su número de habitantes, lo que implica un desafío importante para las comunidades y las políticas de población y territorio.
Desde el punto de vista laboral el campo ha mejorado notoriamente la retribución a sus trabajadores. Cotejando las variaciones entre 2006 y 2023 para el salario real promedio de la economía y el salario rural, se observa que el primero subió casi 50% en el período, mientras el salario rural subió 135%, en términos reales.
Los aumento en productividad que ha logrado el campo, así como la competencia de otras áreas del empleo -caso de la construcción que es el trabajo alternativo más frecuente para los trabajadores rurales- ha permitido mejorar las retribuciones y la calidad del trabajo, de tal manera que hoy el empleo en el campo tiene condiciones similares o mejores a muchos empleos de servicios en zonas urbanas. Esto no quita que sea un permanente desafío conseguir gente para el trabajo rural, asunto que enfrentan todos los años los productores de todos los rubros; en los últimos tiempos ha sido particularmente difícil sostener el empleo en el sector granjero, con los problemas que eso implica para la producción de alimentos básicos de la canasta de consumo. Además, el referido envejecimiento de la población en general, también afecta al agro, que enfrenta un serio problema de recambio generacional en los productores. Hay muchos veteranos y veteranas expertos que dejan la producción y para los cuales no hay sustitutos. Las escalas de producción han crecido, claro está, pero en algunos rubros (reiteramos los granjeros) esto a veces no compensa la salida de quienes culminan su vida productiva. En los trabajadores rurales también hay dinámicas similares.
Inversiones y descentralización
Más allá de estas tendencias, para la vida rural es clave la infraestructura con la que se cuenta, en especial para la movilidad, el transporte y las comunicaciones. Aun con cierto rezago (en parte entendible) respecto a los avances en las ciudades, las Tecnologías de la Información (TI) con las redes de telefonía móvil están llegando a los rincones más alejados del país, justamente para que dejen de serlo y acercarlos a la información y los servicios que la revolución informática ofrece.
Lo mismo ocurre con la infraestructura vial, clave para los fletes y la movilidad de las personas. En este plano hay que destacar la fuertísima inversión que se está desplegando en vialidad, unos U$S 900 millones anuales que totalizaron U$S 3.400 millones en el período 2020-2024. Las inversiones en nuevas carreteras, dobles vías, puentes e infraestructuras que facilitan el transporte y el tránsito, le están cambiando la vida a miles de uruguayos en todo el territorio, muchos de ellos población rural. Sobre los temas de la descentralización y la vida rural se ha escrito y hablado mucho, pero del dicho al hecho hay un buen trecho y -por suerte- en estos años ese aterrizaje de la realidad se va concretando con las mencionadas obras.
La combinación entre buena infraestructura y tecnologías de la información puede ayudar a reconfigurar el empleo en el campo; incluso con gente que -a través del teletrabajo- pueda residir en zonas rurales o localidades pequeñas o medianas, trabajando de manera remota y teniendo un vínculo directo o indirecto con la zona. Las propias capitales departamentales o ciudades importantes del litoral tienen allí una oportunidad de nuevos desarrollos. Las tecnologías de la información y la revolución informática están generando cambios muy trascendentes en la dinámica del empleo, y el trabajo rural no es la excepción.
Esto puede generar oportunidades muy positivas, pero la modernidad también ha traído sus graves problemas: la inseguridad de las zonas Rurales ha aumentado, con episodios muy desagradables por decir lo menos, a lo que se suma El problema del abigeato y los ataques de perros entre otros. Llevar seguridad a todos los rincones es costoso, al igual que con la infraestructura, pero hay que hacerlo.
Al momento de priorizar y disponer de la manera más eficiente los recursos públicos, la política es clave y allí intervienen los distintos niveles de gobierno, con las intendencias como protagonistas en asuntos de descentralización, a las que se han sumado recientemente las alcaldías. En este sentido es legítimo preguntar qué impacto ha tenido la introducción de este tercer nivel de gobierno.
La pregunta cabe porque -además de la mencionada reducción de población en las pequeñas localidades- se está dando un proceso de centralización de la gestión de ciertos asuntos, por ejemplo con el Sucive (patentes) y más recientemente el Runaev (bromatología), para mejorar la eficiencia y facilitar las cosas a los ciudadanos y empresas.
Es que la descentralización por el solo hecho de tenerla no tiene fundamento, Uruguay es un país relativamente chico -aunque esto siempre es relativo- y es bienvenido que se resuelvan y se dejen de lado pujas espurias por los impuestos, como sucedió por décadas con las patentes.
Sin embargo, me pregunto si en otros temas muy trascendentes, como los servicios de salud y educación, no habría que profundizar en la descentralización de las decisiones, para una gestión más eficiente, mejor enfocada en las necesidades y aspiraciones de las poblaciones locales. Donde incluso puedan complementarse mejor los apoyos del Estado con las propias iniciativas de la gente.