En el Mes de las Mujeres Rurales, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) presentó la Política de Género Agro y su Plan de Acción 2025-2029, un documento estratégico que condensa más de dos décadas de trabajo entre la institucionalidad agropecuaria y la sociedad civil organizada del medio rural. Su horizonte es claro: construir un agro y una ruralidad elegibles por todas las personas, donde la equidad de género sea un pilar del modelo de desarrollo nacional.
La nueva política no surge en el vacío. Es el resultado de una construcción colectiva, sostenida por la experiencia de organizaciones de mujeres rurales, gremiales mixtas e instituciones públicas del agro. Como se señala en el documento, constituye la asunción compartida de que existen desigualdades de género en el medio rural, el agro y la pesca, y que superarlas fortalecerá al sector entero.
Esa afirmación, simple y contundente, condensa una visión: el desarrollo agropecuario uruguayo será sostenible en la medida en que sea equitativo. Por eso, la política no se limita a programas de corto plazo, sino que propone una hoja de ruta estatal de largo aliento, con un horizonte aspiracional al año 2040.
Su diseño se apoya en diagnósticos técnicos, consultas ciudadanas y una construcción interinstitucional que involucra a todo el sistema agropecuario público. El resultado es un plan operativo 2025-2029, monitoreable y con metas específicas para cada institución, acompañado de las llamadas Claves Ejecutivas de Equidad, que aseguran compromisos concretos de implementación y seguimiento.
El diagnóstico
El punto de partida es un diagnóstico robusto, basado en el trabajo de sistematización realizado por la institucionalidad agropecuaria desde 2021. Allí se identifican nudos estructurales que sostienen las desigualdades en el agro uruguayo: la división sexual del trabajo, la subrepresentación de las mujeres en la titularidad de predios y empresas, la brecha salarial, las dificultades de acceso al crédito y la tecnología, y la invisibilidad del trabajo reproductivo y de cuidados en las políticas públicas.
En el agro, las mujeres representan apenas el 26% de las explotaciones con titularidad femenina, un avance frente al 19,7% registrado en 2011, pero aún lejos de la paridad. A nivel del empleo, ocupan el 19% de los puestos en la fase primaria y el 35% en la agroindustria, cifras muy por debajo del promedio nacional. Además, están sobrerrepresentadas entre las trabajadoras sin remuneración -13,6% frente a 4% de los varones- y subrepresentadas entre los asalariados permanentes.
Las causas no son individuales sino estructurales: roles tradicionales que asignan a las mujeres tareas cercanas al hogar, limitaciones en la movilidad, falta de reconocimiento de su trabajo y políticas estatales que aún tienden a inscribir un único “titular” de la producción.
Sin embargo, las consultas ciudadanas incorporadas en la Política revelan también una mirada optimista: las mujeres rurales muestran mayor formación, capacidad de adaptación, compromiso con las normas y tendencia a liderazgos participativos.
En los predios donde participan en la gestión, se observa una mayor incorporación de prácticas sustentables, diversificación de la producción y apertura a la innovación.
El documento advierte que las brechas de género en la gestión del conocimiento agropecuario son profundas. De los 81 registros administrativos relevados en 2024, apenas 18 incluyen la variable sexo, lo que impide medir con precisión la participación de las mujeres.
Asimismo, sólo el 25% de las investigadoras del sector están categorizadas en el nivel superior del Sistema Nacional de Investigadores, y apenas el 13% de los planes de manejo de suelos presentados ante la Dirección General de Recursos Naturales están firmados por agrónomas.
La menor presencia de mujeres en la extensión rural -por estereotipos, dificultades de conciliación y falta de reconocimiento- reduce su acceso al conocimiento técnico y a la toma de decisiones. Sin embargo, la política destaca experiencias positivas: los programas diseñados con perspectiva de género logran mayor involucramiento de las mujeres y generan impactos positivos en la productividad.
Durante el quinquenio 2021-2025, más de 2.700 mujeres participaron en cursos de formación agropecuaria específicos, y representaron el 52% de las beneficiarias en las plataformas virtuales de capacitación del MGAP, INAC, INASE e IPA. Estos datos reflejan una creciente demanda de formación y la necesidad de consolidar políticas que garanticen continuidad y acceso equitativo.
Género, ambiente y sostenibilidad
Una de las innovaciones del nuevo marco político es la incorporación de la dimensión “género, ambiente y naturaleza”, que reconoce la vulnerabilidad diferencial de las mujeres ante los efectos del cambio climático y su rol activo en la conservación ambiental.
El texto señala que las mujeres rurales suelen estar más expuestas a los impactos de sequías o heladas, debido a su menor acceso a recursos y a la sobrecarga de cuidados en momentos de crisis. Pero también son las primeras en advertir los efectos negativos de ciertas prácticas sobre la salud humana, animal y vegetal.
En ese sentido, la Política de Género Agro se articula con el Plan Nacional de Género y Cambio Climático, promovido por la Dirección Nacional de Cambio Climático del MA, y con las medidas transversales incluidas en la NDC3 de Uruguay.
La participación de las mujeres en la gestión ambiental aún es desigual: solo dos de los 19 CECOED departamentales están coordinados por mujeres. No obstante, su presencia en espacios comunitarios vinculados a la conservación del bosque nativo, el uso de semillas criollas y la agroecología es cada vez más visible. Las mujeres, afirma el documento, “innovan más, diversifican sus sistemas productivos e incorporan árboles nativos, viveros y prácticas de autoconsumo”, contribuyendo a una ganadería más sostenible.
Participación, liderazgo y cambio cultural en la agropecuaria
El componente de participación y cambio cultural atraviesa toda la política. El país cuenta hoy con más de 80 grupos de mujeres rurales distribuidos en todo el territorio, muchos de ellos con actividad productiva y comercial. Las mujeres integran el 31% de las bases sociales de la Comisión Nacional de Fomento Rural y el 28% de sus presidencias, aunque persisten brechas en el acceso a cargos de liderazgo y en la representación política local: de 125 municipios, sólo 19 alcaldías están encabezadas por mujeres.
Las consultas ciudadanas recabadas muestran también un cambio generacional en marcha, donde las jóvenes rurales cuestionan los traspasos automáticos de tierra a varones y buscan nuevas formas de organización. Pero subsisten barreras culturales, desconfianza hacia su liderazgo y formas persistentes de violencia basada en género: el 60% de las mujeres rurales ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, según la última encuesta del CNG (2019).
En respuesta, la Política impulsa medidas de empoderamiento, liderazgo y autocuidado, junto a la implementación de protocolos institucionales como el del Instituto Nacional de Colonización para abordar situaciones de violencia basada en género en predios rurales. El documento dedica un capítulo central a la institucionalidad agropecuaria, reconociendo que el propio Estado forma parte del sistema que puede reproducir o revertir desigualdades.
Aunque todas las instituciones del sector han incorporado mecanismos de género, los niveles son dispares. El MGAP cuenta con una Unidad Especializada en Género, dependiente directamente del ministro, y una Comisión Especializada de Género Agro que articula con las unidades ejecutoras. INIA e INASE avanzaron con políticas internas y procesos de certificación bajo el Modelo de Calidad con Equidad de Género, mientras que el INC mantiene políticas afirmativas de acceso a tierra y protocolos de atención frente a situaciones de violencia.
Sin embargo, el liderazgo de las instituciones sigue altamente masculinizado: el 100% de las máximas autoridades del sector son varones, y solo el 21% de los cargos de segundo nivel (direcciones, juntas o directorios) están ocupados por mujeres.
Un horizonte común: equidad como política de Estado
La Política de Género Agro 2025–2029 marca un punto de inflexión en la relación entre el Estado y el medio rural. No se trata solo de visibilizar las desigualdades, sino de transformar las estructuras que las reproducen.
Su horizonte al 2040 propone un agro más equitativo, diverso y sostenible; un medio rural donde las mujeres y los varones puedan elegir vivir, producir y desarrollarse en igualdad de condiciones.
Para alcanzarlo, la política se compromete a consolidar la formación técnica y ambiental con enfoque de género, fortalecer la representación de las mujeres en la institucionalidad agropecuaria, ampliar la información estadística, mejorar la corresponsabilidad en los cuidados y promover la sostenibilidad como valor compartido.
“La equidad de género no es un tema sectorial, es un tema de desarrollo”, sostiene el documento. Y ese es quizá su mayor aporte: entender que el futuro del agro uruguayo dependerá tanto de su capacidad productiva como de su justicia social.
Encuentro Nacional de Mujeres del Sector Ganadero
El 31 de octubre, casi 300 mujeres rurales se reunieron en Melo, Minas y Salto para debatir sobre los desafíos de la ganadería sostenible y el liderazgo femenino en el campo.
El evento, organizado por el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) a través de su Unidad Especializada de Género, contó con el apoyo del Ministerio de Ambiente, las intendencias locales, el CENUR, el CUCEL y el Proyecto Fortalecimiento de la Ganadería Sostenible en Uruguay, en el marco del programa Euroclima financiado por la Unión Europea.
Durante la jornada se realizaron talleres sobre sanidad animal, buenas prácticas ganaderas, conservación del campo natural y transición agroecológica, con participación de técnicos del Plan Agropecuario, DGRN y DGSG.