En medio de un panorama de conflicto en la industria frigorífica, el Poder Ejecutivo, encabezado por el Presidente de la República, firmó un laudo salarial que establece ajustes en los sueldos de los trabajadores de este sector. Federico Daverede, Director Nacional de Trabajo, brindó detalles sobre esta medida y el contexto de negociación que la rodeó.

El decreto establece un período de vigencia de dos años con ajustes salariales semestrales basados en la inflación proyectada. Los aumentos se aplicarán retroactivamente desde el 1° de julio de 2024, con siguientes incrementos en enero y julio de 2025, y enero de 2026. Además, se incluirán correctivos anuales que ajustarán los salarios en caso de diferencias entre la inflación proyectada y la real.

Daverede explicó que este laudo se limita a lo que legalmente puede resolver el Ejecutivo, dejando fuera temas como mejoras en beneficios laborales o cláusulas de paz y prevención de conflictos, los cuales requieren acuerdo entre las partes.

El proceso de negociación, iniciado a mediados de 2024, fue extenso y en ocasiones complicado. Según Daverede, se realizaron entre 25 y 30 reuniones formales, además de numerosos contactos informales. Sin embargo, las propuestas del Ministerio de Trabajo, incluida la última presentada el 16 de diciembre, no lograron consenso.

“El Ministerio avanzó en la fijación de salarios, que es lo que la ley nos permite hacer. Sin embargo, no hubo acuerdo en temas como beneficios o cláusulas de prevención de conflictos, lo que nos dejó sin margen para continuar la negociación”, afirmó.

Ante la reciente reunión de la Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines (FOICA), Daverede subrayó que el Ministerio de Trabajo mantiene abiertas las puertas al diálogo, pero señaló que será necesario que ambas partes flexibilicen sus posturas. “Hoy la negociación formal está cerrada, pero si hay voluntad de las partes para acordar en los puntos pendientes, el Ministerio puede actuar como intermediario”, indicó.

Respecto al pedido de declarar la esencialidad en el sector, Daverede descartó su viabilidad a menos que se presenten fundamentos excepcionales relacionados con riesgos graves para la salud o la vida de las personas. “La esencialidad está claramente regulada por los convenios de la OIT, y en este caso no veo argumentos para aplicarla”, señaló.

El laudo salarial firmado pone un punto de referencia en el conflicto, pero los desafíos persisten. La resolución de temas pendientes dependerá de la capacidad de las partes de encontrar puntos de acuerdo, un reto que, según Daverede, aún está por superar.