Se enfrenta un dilema entre el cuidado para una sanidad controlada, y dar pasos decididos para retomar la actividad económica y social.
Tablas.
Nicolás Lussich | [email protected]
La economía uruguaya – y dentro de ella los agronegocios- transita un período tremendamente difícil, no solo por el impacto directo de la pandemia del Coronavirus, que frenó buena parte de la actividad, sino porque éste ha expuesto debilidades previas que pueden agudizarse una vez superada la crisis sanitaria.
Los problemas con el virus están lejos de superarse y los episodios de Rivera son un claro ejemplo de que -por una razón u otra- seguramente seguirán surgiendo casos y focos de Covid-19. Con un alto costo humano y económico por la pandemia, al país le ha ido realmente bien hasta ahora; pero cantar victoria sería un error mayúsculo.
Nuestra sociedad – y el gobierno como tomador de decisiones desde el Estado- sigue enfrentando un profundo dilema entre el cuidado para mantener la situación sanitaria controlada, y dar pasos cortos pero decididos para que se retome la actividad en todos los sectores económicos y sociales, moviendo las “perillas” a las que alude el Presidente Lacalle Pou. La aparición del brote en Rivera -justo cuando estamos a las puertas de un paulatino retorno a las clases presenciales- ha dejado a más de un jerarca sin dormir.
Aún así, es claro que Uruguay tiene que retomar mayores niveles de actividad cuanto antes, incorporando los protocolos sanitarios, el distanciamiento social y los cambios en las modalidades de producción y convivencia, que la pandemia ha obligado y que demorarán en volver atrás, si es que eso ocurre alguna vez.
El camino a la nueva normalidad hay que seguirlo, asumiendo los riesgos, reduciéndolos y monitoreando permanentemente la evolución del virus. Uruguay ha hecho las cosas bien y está mejor que cuando la pandemia arrancó: el sistema sanitario se ha preservado, la capacidad de testeo es mucho mayor y la mayor parte de la sociedad ya ha visto que con éste virus no se juega. Todo esto permite avanzar, y hay que hacerlo con la mayor premura posible porque la situación económica actual es insostenible.
Cuentas y cuentos. De los datos que van surgiendo sobre la actividad económica hay dos que -creo- son los más importantes en los últimos días. El primero es el dato de recaudación correspondiente al mes de abril, que mostró una caída real en los ingresos de la DGI del 11% interanual. El dato es importante porque es el primer registro que incorpora un mes completo con el efecto de la pandemia.
La caída es muy fuerte, pero tal vez dentro de lo esperado para un país que redujo buena parte de su consumo y con la mayoría de las empresas con una facturación mucho menor. Aún así, es posible que el efecto de la pandemia en la recaudación se refleje con mayor intensidad en los meses siguientes, dado que los impuestos se pagan -en general- a mes vencido. Además, la DGI ha decidido postergar vencimientos, atendiendo la emergencia.
El otro dato va en sentido inverso y es el número de personas que han recurrido al subsidio por desempleo: son más de 190.000 las que cobraron el subsidio en abril, más del cuádruple de lo que ocurre en un mes normal. Esos subsidios -herramienta de apoyo social clave- implicaron gastos por unos US$ 56 millones en el mes, cifra que casi triplica lo de un mes normal. Otros gastos sociales del Estado -asignaciones familiares,, seguro de enfermedad- tienen la misma tendencia a un gasto creciente.
Los datos ilustran con claridad que las erogaciones del Estado suben y la recaudación baja, lo que aumentará drásticamente el déficit de las cuentas estatales, que ya venía muy alto; hay quienes estiman que llegará al 7% del PBI al cierre del año; otros son aún más pesimistas.
La cifra final del impacto total de la pandemia se verá cuando ésta se supere. Con optimismo -y si no hay serios contratiempos sanitarios- puede esperarse que en el segundo semestre surjan los primeros síntomas de recuperación, y con ello que la brecha entre gastos e ingresos deje de abrirse.
En ese momento surgirán nuevos desafíos, a mi juicio tanto o más importantes que los que impone la pandemia. Uruguay ya venía mal en su desempeño económico antes de la llegada del virus: el relato sobre el país próspero que iba camino a empardar a los países del primer mundo, quedó atrás. Hoy hay dificultades para competir en el exterior, porque la productividad avanza poco, la inserción internacional es restringida y los costos son altos (la agenda de reforma de las empresas estatales va lento).
El lector podrá pensar que esto no es nuevo y no es la primera vez que lo expresamos, pero con la pandemia los problemas quedan aún más expuestos y se agudizan. Es que la gran expansión de la economía uruguaya entre el año 2006 y el 2014 tuvo -entre otros- dos factores clave: el fuerte abaratamiento en dólares por la devaluación de 2002 que permitió una rápida salida, y la gran expansión de la demanda externa, con China como protagonista pero también con una gran dinámica de las economías regionales. Por supuesto, hubo virtudes propias: un ambiente amigable para la inversión, regímenes de promoción y una solidez institucional que se sigue reconociendo, por ejemplo a través del mantenimiento del grado inversor.
Pero Uruguay se pasó de optimismo con el gasto Estatal, mientras quedaron muchas materias pendientes para recibirnos de primer mundo; había legítimas demandas sociales: seguridad, educación y la propia salud, pero por más legítimas que sean, no son sostenibles sin una economía fuerte y competitiva.
Eso es lo que ahora nos está faltando y el escenario externo está lejos de ser propicio: en la región, Brasil y Argentina están en serios problemas, y -más que ayudar con más demanda- seguramente nos van a competir en terceros mercados con sus productos, en especial en los agronegocios. Ya está ocurriendo en la carne e indirectamente en otros rubros. Mientras manejamos las perillas, no está claro cómo se mueve la palanca para poner segunda, tercera y -ojalá- cuarta.
