A pocas horas del comienzo del año 2024, se preparan las reuniones con familiares y amigos para celebrar el año nuevo, y seguir adelante con esperanzas renovadas. Es alrededor de la mesa donde se celebra, se recuerda y se desean buenos augurios. La gastronomía es protagonista, con un menú que mezcla la tradición criolla (el clásico asado) con ingredientes europeos, más apropiados para el invierno del norte que para el calor veraniego uruguayo.
Las mesas navideñas y de fin de año son para celebrar; luego hay que ‘parar la olla’ todo el año, un desafío permanente, en especial para la gente de menores ingresos. Más aún cuando Uruguay es un país de neto perfil agroexportador, que ha mantenido como política de Estado la libre exportación de sus productos alimentarios, aún a costa de que eso eleve el precio en el mercado local.
Y ha sido un acierto que se comprueba por el absurdo en que han incurrido nuestros vecinos, hace ya varias décadas. Es recurrente en la discusión política argentina escuchar voces que hablan de cuidar “la mesa de los argentinos”, como justificativo para trancar exportaciones de carne y otros productos. Contrariamente al objetivo que se plantea, esas políticas -junto a otras tan o más graves- empobrecieron al extremo un país con un enorme potencial para producir comida, tanto commodities como productos especiales. Por defender “la mesa de los argentinos”, hoy miles de nuestros vecinos han caído en la pobreza y llegan a fin de año con la incertidumbre de no poder cubrir sus necesidades básicas.
Alimentos e inflación
Esto no quita que Uruguay tenga sus propias dificultades. En los últimos años el precio promedio de los alimentos se ha movido por encima de la canasta promedio de consumo (IPC). En cierta parte, esto podría explicarse -precisamente- por la apertura de los mercados agroalimentarios y la valorización de los alimentos a nivel global, particularmente por el aumento en la demanda asiática (China, etc.).
Esto se ve claro en el sector cárnico. La carne vacuna es un producto central de la canasta alimentaria en Uruguay; sin embargo, la gran demanda externa ha hecho que -cada vez en mayor medida- la producción uruguaya se exporte, lo que -lógicamente- ha presionado los precios internos. Es que mientras para Uruguay la carne vacuna ha sido un producto básico, en el mundo es un producto exclusivo, de alto valor.
Una reacción refleja y populista hubiera sido -como en Argentina- trancar en frontera. Por suerte, hay una convicción generalizada en Uruguay de que eso sería un gravísimo error y una enorme destrucción de valor. Las exportaciones se mantienen y han aumentado las importaciones, con un mercado que se adapta tanto a la demanda interna como externa. Así, hemos tenido un sector cárnico que ha logrado récords de exportaciones (más allá de la caída de este año), mientras crece fuerte el consumo de carne vacuna importada, para sorpresa de los más veteranos.
Además, como sucede en casi todos los mercados -especialmente en alimentos- surgen sustituciones de consumo: ante el encarecimiento relativo de un producto aparecen opciones más económicas. En el caso de la carne, el consumo de carne vacuna ha bajado - aunque se mantiene muy alto en términos mundiales- y subió el de otras carnes como cerdo y pollo.
A propósito, en el caso de la avicultura se ha planteado una discusión en las últimas semanas porque -efectivamente- es un producto cuya importación no es libre y los importadores reclaman más apertura. Y si los argumentos esgrimidos para la carne vacuna son válidos, también lo deberían ser para la industria avícola. Aun así, es relevante consignar (como se muestra en el cuadro y gráfica adjuntos) que el precio de la carne de ave ha evolucionado en paralelo con el IPC o incluso algo por debajo; y en la comparación con otros componentes importantes de la canasta alimentaria, es la que tuvo menos aumento de precio. Esto no quita que haya que revisar la política de importaciones, con la inevitable consideración de que Brasil -el gran proveedor regional de carne de ave y potencia mundial- tiene unas escalas abrumadoras y además -según plantean los industriales avícolas uruguayos- aplica subsidios indirectos a la actividad.
Pero mirando los datos de los precios de los alimentos al consumidor en Uruguay, salta a la vista el serio problema que hay hoy con los precios de las frutas y verduras, que han subido en torno a 30% en el último año; y al hacer la comparación en los últimos dos años - para dejar de lado episodios excepcionales como la sequía- el aumento también es extraordinariamente mayor al del resto de los alimentos y al del de la canasta de consumo total (IPC) (cuadro).
¿Por qué el precio de frutas y verduras subió mucho más que el de las carnes? Es posible que incida más la sequía, y/o también que el sector tenga una productividad inferior, aunque esto varía rubro a rubro: frutas y verduras es una categoría general que incluye muchas cosas muy diversas. Pero seguramente el principal factor es que tienen un mercado protegido por la aplicación de autorizaciones de importación sanitarias, llamadas AFIDIs (Autorización Fitosanitaria de Ingreso), que se emiten según las circunstancias del mercado a importadores y/o productores. Regularizar esta situación, transparentar y hacerla más previsible, seguramente mejoraría el mercado; el MGAP ha hecho algunos avances, pero -a juzgar por los precios- los consumidores aún no los ven.
El asunto no es menor porque frutas y verduras son un componente importante del IPC general (más de 3,5% en la ponderación total) y los aumentos en sus precios, por más que sean transitorios, se trasladan parcialmente al resto de los precios a través de la alta indexación que tiene la economía uruguaya. Esto complica -en su medida- la tarea de bajar la inflación, a la que sigue abocado el Banco Central (gráfica).
Una mayor apertura en los referidos mercados de alimentos seguramente permitirá un mejor acceso del público a estos productos, a menor precio. Se plantea que eso puede afectar a la granja y sus productores, concebidos como un sector social relevante y vulnerable. Pero esos conceptos suenan bastante parecidos a lo que se ha escuchado en Argentina, y los resultados han sido malos. Ante una apertura, lo acertado sería preparar al sector granjero (esto ya tiene antecedentes). Las políticas sectoriales de apoyo son compartibles, en la medida que sean justificadas y transparentes.
Así, por diversas razones, el componente alimentos del IPC ha subido por encima del promedio, y eso afecta particularmente a las familias y personas de menores ingresos. Para paliar este problema, también hay consenso en el país de que en lugar de intervenir en el comercio y los precios, es más acertado establecer políticas sociales precisas, efectivas y justas. También allí hay una diferencia con nuestros vecinos, aunque hay que seguir mejorando.
