La epidemia global y local del coronavirus es un golpe profundo para la economía uruguaya. En algún momento terminará, pero el desfinanciamiento de empresas y trabajadores puede ser profundo. Las medidas del gobierno son una respuesta, aunque seguramente insuficiente, en el difícil equilibrio entre dinero y salud.
Ing. Agr. MBA Nicolás Lussich.
El coronavirus avanza por el mundo, con la esperanzadora excepción de China -su origen- que parece haber pasado lo peor. Europa y EEUU están seriamente impactados y -en consecuencia- la economía mundial tendrá un golpazo fuerte este año, con un recesión casi segura.
En la región también se expande y los problemas son cada vez mayores. Tanto en América como en Europa las decisiones de los gobierno han sido más reactivas que preventivas, lo que ha causado problemas graves en especial en Italia y España, con el colapso de parte del sistema sanitario y la necesidad de ir a una cuarentena total. El Reino Unido debió desandar su estrategia, con costos que se prevén muy altos.
Argentina decidió ir a la cuarentena total y Brasil ha tomado medidas drásticas, en particular algunos Estados. Uruguay -sin ir al extremo de Argentina- también ha tomado decisiones que reducen drásticamente la actividad, para aplacar el contagio.
El objetivo general no es evitar el avance del virus -parece que ya es tarde- sino “aplanar la curva”: que la evolución del contagio y la enfermedad sea lo más paulatina posible, de manera que el sistema de salud pueda atender los casos. Allí se juega el principal partido.
Pero hay otro: ¿Qué pasa con la economía? El Sindicato Médico y otros actores proponen un freno drástico con cuarentena general, que reduzca fuertemente la evolución del virus, aún a costa de una detención casi total de la actividad. Apuntan a que es la única manera de combatir en serio la epidemia. Pero el gobierno no ha querido ir a ese extremo y busca “mantener encendidos los motores”, como expresó la ministra Arbeleche.
Es un dilema de hierro donde hay argumentos de ambos lados. Desde mi punto de vista, el primer enfoque tiene dos complicaciones: la verdadera posibilidad de aplicar esa cuarentena general, y el impacto en la salud y la vida de la detención económica. En el primer punto, se trata (en el fondo) de un problema político y de autoridad: se precisa una aplicación rigurosa y tajante, más plausible en regímenes autoritarios (y esto dicho sin juicios de valor). En el segundo punto, hay que considerar que la crisis económica agudizada también puede afectar la salud y hasta cobrar vidas, aunque esto sea más difícil de visualizar.
El riesgo de la segunda opción es que el virus siga adelante y que -mal y tarde- haya que tomar medidas drásticas y aplicar cuarentena general de todas maneras, como ya sucedió en Europa. Allí se combinarían alto costo sanitario y económico.
Más allá de este serio dilema, buena parte del éxito para superar la pandemia pasa por la capacidad de testeo, mencionándose el caso de Corea del Sur como de los más destacados. Aquí Uruguay tiene un problema, pues la capacidad de testeo es baja y -por lo tanto- estamos bastante a ciegas. El gobierno ha acelerado la adquisición de kits, pero puede ser insuficiente.
Un factor ineludible para considerar cómo se enfrenta la situación, es evaluar el estado de la economía previo a la irrupción del Coronavirus. No era bueno.
Sin crecimiento. Esta semana el Banco Central dio a conocer el dato del PBI al cierre de 2019, que mostró un crecimiento casi nulo (0,2%). Dicho de otra forma, el Uruguay produjo en 2019 lo mismo que en 2018. No sorprende: la economía culminó en 2014 un ciclo histórico de crecimiento y de ahí en más aflojó, avanzó en espasmos, y ya en 2019 no logró crecer. Problemas de competitividad y costos, falta de nuevos mercados y un escenario global más adverso fueron algunos de los factores que incidieron.
Pero hay más: el crecimiento se detuvo en coincidencia con un déficit fiscal cercano al 5%, máximo en 30 años. Es decir: a pesar de una situación fiscal expansiva, con un gasto creciente, la economía no avanzó y se abre un flanco de riesgo por el lado financiero. Mala cosa justo cuando irrumpe la epidemia. En el acceso al financiamiento Uruguay tiene una fortaleza: el Grado Inversor es el reflejo de la confianza en Uruguay, aún en estos tiempos, y todo indica que lo vamos a preservar. Será una ventaja si tenemos que recurrir -una posibilidad cierta- a financiamiento internacional extraordinario por la epidemia.
Ayudaría que la situación fiscal mejore. Al respecto, se ha abierto una discusión a mi juicio algo equívoca respecto a los planes de ahorro del gobierno y su coincidencia con la epidemia, con planteos que apuntan a que se suspenda o postergue el plan por la nueva situación. En realidad, parece bastante obvio que la situación fiscal puede deteriorarse, pues la recaudación va a sufrir el impacto de la menor actividad. En cuanto al gasto, al salud es prioridad y precisamente por eso más aún es importante reducir lo superfluo, ineficiente o no prioritario del gasto. Hace bien el gobierno en reducir la ejecución de gastos, pues la salud demandará más dinero.
Como también demandará el mecanismo de seguro de paro -ahora extendido- que comienza a tener un crecimiento exponencial en su uso. El año pasado, el gasto por coberturas de seguro de paro fue de unos US$ 220 millones, con unos 40.000 beneficiarios. En los últimos días, se habrían sumado 20.000 más, y la cifra sin duda aumentará, y con ello el gasto fiscal. Tener el mecanismo es una fortaleza, pero -obviamente- tiene costos.
Otra fortaleza del Uruguay es su cobertura de gasto social y con mecanismos de apoyo que pueden ser extendidos. Es el caso de la tarjeta MIDES, que -según se anunció- se verá reforzada para atender a personas de alta vulnerabilidad ante la crisis.
Sin embargo, hay un sector de pequeños empresarios y trabajadores, muchos de ellos independientes, cuya sobrevivencia depende directamente de su ingreso corriente. Y éste ha caído por el parate provocado por el coronavirus, cayendo en una situación crítica. Y los mecanismos de cobertura social pueden no ser efectivos para quienes, estando hasta ahora trabajando y con ingresos suficientes y razonables, dejan de tenerlos “de un día para otro”.
Las medidas del gobierno dan un alivio -no una solución- a estas situaciones. Por un lado, el BCU habilitó a bancos y otros agentes financieros a extender el plazo de los préstamos, sin afectar su posición. Esto es un alivio para muchos deudores. Por otra parte, DGI y BPS postergaron el cobro de obligaciones, con diverso alcance (para empresas literal E en el caso de Impositiva, y para monotributistas, unipersonales y sociedades personales con hasta diez empleados de Industria y Comercio. en el caso del BPS). Además, se extendieron garantías y el BROU habilitó una nueva línea de crédito blanda, con tasa subsidiada.
Seguramente habrá más medidas y es posible que Uruguay deba recurrir a un endeudamiento extraordinario para sobrellevar la situación. Lo ideal sería hacerlo en el marco de iniciativas globales, aunque el liderazgo mundial anda un poco ausente en estos tiempos.
Más allá de las graves circunstancias, habrá una salida. Y ésta será más vigorosa si mejoran los fundamentos de la economía. Aquí también hay malas y buenas. La inversión ha sido muy baja en los últimos años, lo que pone un límite a la recuperación. Lo bueno es que el Uruguay ha procesado un ajuste de precios relativos (devaluación) que permitirá relanzarse a partir de costos más razonables. Pienso, por ejemplo, en el turismo la próxima temporada, o en el propio sector agropecuario, el cual -mal que bien- ha mantenido precios razonables en ganadería y granos, a pesar de las duras caídas en las bolsas y el petróleo (lo cual no quiere decir que esté inmune a la crisis).
A corto plazo preocupa mucho la inflación: el aumento del dólar la llevará pronto arriba de 10% y Uruguay tiene -lamentablemente- una economía indexada, que vuelve permanentes aumentos transitorios. Vigilar esto también es tarea clave, para que el daño económico (y por tanto social) por la epidemia, sea el menor posible.