Plantear que el Estado “subsidia al agro” a través de las jubilaciones de los trabajadores y productores rurales, es como considerar que las jubilaciones de los maestros son parte del gasto educativo.
Ing. Agr. Nicolás Lussich.
Uruguay enfrenta desafíos trascendentes en su economía. La desaceleración del crecimiento genera un estancamiento y hasta cierta caída en los ingresos del Estado (DGI, BPS). Mientras, el gasto global del Estado sigue creciendo, a pesar de algunos esfuerzos para contenerlo. Así, se está generando una situación fiscal difícil, con el déficit que llegó al 4% del PBI (máximo desde la crisis, y un poco más).
Uno de los factores principales que explican ese creciente y preocupante desbalance es el régimen de seguridad social, que está exigiendo cada vez mayores recursos extraordinarios de Rentas Generales para cubrir las prestaciones. Uruguay tiene un régimen mixto que combina un pilar de ahorro individual (AFAPs) y un pilar de reparto, financiado de forma intergeneracional: las jubilaciones actuales se pagan con lo que aportan los trabajadores actuales.
Típicamente, un trabajador aporta el 15% de su salario para su jubilación. Si está en un AFAP, 7,5% (la mitad de su aporte) va hacia allí, y el resto al BPS (reparto). La empresa paga a su vez (en la mayoría de los casos) un 7,5% de aporte patronal, que va todo al BPS. Pero estos aportes no alcanzan -ni de cerca- para cubrir el gasto en jubilaciones, que ajusta por índice de salarios y es creciente, porque más personas accedieron a los derechos jubilatorios en los últimos años y la esperanza de vida aumenta. Mientras, baja el número de cotizantes por los problemas de la economía.
Los aportes de los trabajadores y empresarios se completan con impuestos afectados. El principal es el IVA: cada vez que Ud. compra una prenda, un alimento o cualquier otro bien o servicio, de los 22 puntos de IVA que paga, 7 van al BPS. Además, toda la recaudación del IASS va al BPS.
Aun así no alcanza y el sistema necesita un financiamiento extra de cerca de U$S 700 millones anuales, y subiendo. Pero sucede que ese déficit general tiene varios componentes, porque el BPS no es una sola caja sino una acumulación de varias: Caja de Industria y Comercio, Caja Civil, Caja Escolar, Caja Rural, etc. Cada una tiene su régimen (por ejemplo, el jubilado de Industria y Comercio no puede trabajar en otros ámbitos, el de Caja Escolar sí), pero a los efectos de cubrir el déficit se considera todo uno (contrariamente, las cajas paraestatales, como la bancaria o la profesional, tienen la responsabilidad de manejarse solas y responder por sus finanzas autónomamente).
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, ha planteado recientemente que el Estado “subsidiaba” con cerca de U$S 400 millones al sector rural, cifra que surge de la diferencia entre el gasto y el aporte jubilatorio de la Caja Rural, más lo correspondiente a Fonasa.
Resulta oportuno completar la información de Murro con lo que sucede en el resto de las cajas del BPS, que también son deficitarias y por montos superiores a la Caja Rural (cuadro 1). ¿Quiere decir esto -por ejemplo- que hay un “subsidio” a la educación y a los jubilados del servicio civil por el hecho de que su caja es deficitaria? De ninguna manera: la jubilación es un derecho inalienable y de por vida, garantizado su monto -además- por la Constitución. El gasto jubilatorio no es ningún subsidio: es una obligación legal constitucional y hay que financiarlo.
Las cifras muestran que el aporte de los rurales cubre un porcentaje más bajo del gasto que en el resto. Esto puede deberse a varias cosas, entre ellas el hecho de que el agro tiene un aporte patronal basado en la cantidad de tierra explotada (dicho de otra forma, es un impuesto a la tierra), que -tal vez- implique menos recaudación que el régimen general (7,5% de aporte patronal). Pero hay otro factor, a mi juicio más relevante: el número de cotizantes en el agro se ha mantenido estable e incluso ha caído, mientras que en Industria y Comercio, por ejemplo, casi se duplicó entre 1998 y 2017 (cuadro 2). En este caso, la base de aporte crece, y aun así hay un déficit grande y creciente. En el agro, la base de aportes no crece e incluso cede, lo cual no debería llamar la atención: en todo el mundo y por décadas, la población rural ha bajado. En Uruguay, hubo una recomposición interesante después de la crisis de 2002, pero los cotizantes volvieron a caer en los últimos 10 años. Hay que considerar esto si se quiere discutir cabalmente el asunto de la seguridad social y las particularidades del campo.
Ciertamente, el Estado uruguayo lo ha tenido en cuenta y los últimos gobiernos no han sido la excepción, con políticas específicas para los pequeños productores, a nivel de Colonización, beneficios por producción familiar y otros. Por ejemplo, hay más de 11.000 productores familiares que pagan el 50% del aporte patronal mínimo ($ 2.594 mensuales) lo que implica una exoneración de algo más de U$S 5 millones anuales.
Cuestiones de fondo. En el marco de la reforma tributaria del año 2007, el gobierno del Frente Amplio impulsó una igualación de los regímenes de aportes a la seguridad social, llevando a la mayoría de los sectores a un aporte personal del 15% más un 7,5% de aporte patronal. Así, la industria (incluyendo las agroindustrias) y otros rubros que tenían rebajados o exonerados los aportes patronales pasaron a tributar más, mientras las empresas de comercio y servicios comenzaron a pagar menos aporte patronal. La idea -compartible- fue emparejar la cancha y que todos los sectores se muevan con las mismas condiciones.
Quedaron -sin embargo- excepciones como la del sector rural, que en su aporte patronal mantuvo (con modificaciones) un esquema de aportación en base a la cantidad de tierra. En cierta forma, es un vestigio de un reflejo aún persistente en la discusión política: que hay que imponer a la tierra para “obligar” a los productores a producir más, algo que -está demostrado- no tiene fundamento económico y más bien arroja el resultado contrario: menos producción y menos empleo. Seguramente, también ha sido una forma de cargar más en términos relativos a los sectores que usan más tierra, como la ganadería, beneficiando a sectores rurales que la usan en menor medida, como la granja; sectores que -recurrentemente- se exponen como los de mayor impacto social, cuando en realidad es la ganadería la que incluye más familias y pequeños productores.
El agro no es el único sector que ha permanecido con régimen diferente. Entre otros, el transporte urbano de pasajeros no paga aportes patronales, está exonerado. El ejemplo es particularmente ilustrativo de las asimetrías y enredos que aún persisten en el sistema, porque el transporte urbano no solo tiene exoneración del aporte patronal a la seguridad social sino un fuerte subsidio (éste sí, con todas las letras), financiado -entre otras fuentes- a través de una alícuota al gasoil, que paga principalmente… el agro. A no engañarse: al campo no lo subsidian, sino que éste subsidia a otros sectores. Por varias vías.