Uruguay tiene crecientes dificultades para encontrar su lugar en un mundo cada vez más hostil, cerrado e impredecible, el cual padece una crisis institucional global sin precedentes, motivada por posicionamientos religiosos, ideológicos y comerciales extremos. La actual dinámica internacional resulta poco favorable para un país pequeño y poco influyente como Uruguay, donde el orden internacional ha sido sustituido por afinidades circunstanciales entre algunos mandatarios de turno.

En este escenario incierto, donde debería cobrar importancia aquello de “los países solo tienen intereses permanentes”, Uruguay ha quedado a la deriva, del estribo de un Brasil que mira para el costado, sin la fuerza para alcanzar acuerdos con China o Europa y viendo cómo se aleja el tren Argentina-EEUU. A esta falta de rumbo se suma una crisis de liderazgo interna, donde el actual gobierno, aparentemente acéfalo, sufre alteraciones en su agenda que no responden ni a las preferencias de sus grupos mayoritarios ni a los pobremente comunicados compromisos de campaña.

Padecemos una mezquindad generalizada a nivel de dirigencia política, incentivada por ciclos electorales cortos, que les impiden impulsar las reformas que el país realmente necesita. Esa lógica de supervivencia los vuelve poco confiables y erosiona aún más la credibilidad del sistema político. En vez de pensar el Uruguay de los próximos cincuenta años, se cuelan en la agenda medidas cargadas de ideología y espíritu revanchista, que proponen, entre otras cosas, nuevos impuestos al 1% más rico o endurecer las leyes laborales, ignorando la delicada situación económica del país, que mantiene un enorme déficit fiscal a cuenta de alcanzar objetivos de crecimiento que estas mismas medidas se encargan de tirar por la borda ahuyentando al inversión.

Esta falta de rumbo no se circunscribe solo al gobierno actual, sino que es un lastre que cargamos por lo menos desde principio de siglo, donde a pesar de la alternancia de signo político, y la imperiosa necesidad de adoptar transformaciones, Uruguay no ha sabido reinventarse y su imagen de país natural y confiable ya no alcanza, y contrasta con un país sin visión de largo plazo, repleto de rigideces regulatorias, chacras intocables, corporativismos y un Estado sobredimensionado que ningún gobierno quiere o es capaz de depurar.

Mientras se confunde a la población con un relato ambiguo, adjudicando una de nuestras principales debilidades (la incapacidad de aprobar las reformas necesarias), como la verdadera fuente de estabilidad y seguridad jurídica, el mundo no para y en el camino quedamos excluidos y obsoletos. Quizás eso atraiga algún grupo selecto de empresarios que nos elige como retiro espiritual, pero ciertamente no atrae inversiones que muevan la aguja y promuevan el empleo, en todo caso huyen y “sin aviso”.

Las últimas grandes reformas que experimentó Uruguay datan de la década del 90, donde la ley forestal, la ley de puertos, ley de arrendamientos y ley de promoción de inversiones, gestaron las principales transformaciones que actualmente mantienen en pie a en nuestra economía.

El boom agrícola-ganadero habría sido impensable sin la seguridad jurídica configurada desde la aprobación de la ley de arrendamientos. Aunque ciertamente experimentamos un par de décadas excepcionales de desarrollo agrícola que la ley de uso y conservación de suelos no logró truncar, no debemos dormirnos en los laureles y debemos combatir la natural convicción de los burócratas por regular todo lo que se mueve. Si bien la masificación del riego se perfila como el instrumento lógico para transformar el agro uruguayo, su desarrollo incipiente ya fue víctima de una sobrecarga regulatoria multiplicando burocracia que limita su expansión desde los escritorios.

Por su escala y exitosa implementación, esta es la madre de las reformas de aquella época. La ley forestal, generó un cambio virtuoso, que nos posicionó como un país netamente agroforestal, complementándose en forma excepcional con los rubros tradicionales como la ganadería. Esta transformación se dotó de conocimiento técnico y culminó con un ejemplar desarrollo industrial. Ello fue gestado desde una política tributaria más laxa, y aunque ha sufrido algunos embates regulatorios para limitar su expansión, el saldo es netamente favorable.

Uruguay podría haber aprovechado las condiciones naturales de nuestro puerto y el marco regulatorio de la ley de puertos para transformar Montevideo en un verdadero hub logístico para la región, sin embargo, hemos dinamitado todas nuestras posibilidades de crecimiento, cediendo ante las presiones sindicales que aplican un freno de mano al desarrollo portuario o ferroviario en el Uruguay.

Si tomamos como ejemplo el puerto de Rotterdam, principal vía de ingreso de bienes a Europa, notaremos que su capacidad logística no descansa en las condiciones naturales de su puerto, sino en una vasta red trasnacional de transporte marítimo y ferroviario, que potencian a los servicios competitivos que ofrece la terminal portuaria. Es casi un insulto a los sentidos intentar compararlo con la historia vial de Uruguay, condicionada por miradas cortoplacistas y corporativismos como el que gobierna a AFE, que han reducido a su más mínima expresión la excepcional red ferroviaria que alguna vez los ingleses, bajo emprendimientos privados, construyeron en nuestro país.

El principio del fin del Uruguay ferroviario nos retrotrae hasta la época de Batlle y Ordoñez, quien a cuenta de una mal entendida soberanía nacional, desarrolló una red vial contigua a la red ferroviaria. En lugar de apostar por expandir una red vial complementaria que potenciara nuestra conectividad, buscó competir con ella, sepultando así nuestras aspiraciones como país de servicios logísticos modernos. 100 años más más tarde podemos decir que lo logró y con creces.

Aunque ciertamente la ley de inversiones ha sido responsable en promover la inversión y el empleo en las últimas décadas, al igual que la política de sustitución de importaciones que rigió a mitad de siglo pasado, éstas no nos permiten sincerarnos totalmente respecto de los principales problemas estructurales que padece Uruguay. Falta de competitividad, elevada estructura de costos y una carga tributaria que hace inviable cualquier inversión productiva.

Cuando esta protección artificial se transforma en un requisito excluyente (ejemplo que persiste en las inversiones como el riego), es necesario realizar un verdadero ejercicio de introspección ya que mantener estructuras productivas con pinzas, a la larga adormece los sentidos de los empresarios, quienes se acostumbran a producir entre algodones. Una receta para el desastre que en el pasado dejó como resultado fierros oxidados, chimeneas olvidadas, en un proceso de desindustrialización que padecemos hasta la fecha.

Como bolilla extra podríamos describir un proceso más reciente en el tiempo como fue la transformación de la matriz energética, la cual constituye uno de los cambios estructurales más relevantes de los últimos años.

Si bien la fase inicial de la transición energética estuvo marcada por una planificación desordenada y compromisos contractuales muy ruines para el país, ciertamente redujo nuestra dependencia a las oscilaciones en los precios del crudo, consolidando un esquema energético reconocido a nivel internacional por su base renovable.

¿Pero, en que se diferencia con las reformas antes mencionadas? En que a pesar de la magnitud en la transformación energética, la visión nunca fue traducir a precio la capacidad instalada, buscando aliviar los costos de nuestra languideciente industria nacional. En lugar de ello, los costos de la energía permanecieron entre los más altos de la región, exportando circunstancialmente los excedentes para hacer caja, en lugar de apostar a nuestros propios empresarios, como lo hizo la ley forestal, esperando que ello vuelva en forma de más inversión, más empleo y mayor recaudación.

Esperamos que el constante declive que se observa en las cuentas públicas y el pobre crecimiento de nuestra economía, que se sustenta en ciclos de precios de comodities aún muy favorables, no migre a un estancamiento más pronunciado. Nuestros dirigentes han demostrado ignorar estas señales durante décadas barriendo debajo de la alfombra y los mecanismos para armar los presupuestos nacionales son un ejemplo claro de ello.

Quizás es hora que la ciudadanía comience a exigir una política más propositiva y audaz, que se encuentre realmente escrutada tanto por sus resultados electorales como por su gestión. Solo así será posible alinear los objetivos de largo plazo que requiere la ciudadanía con las metas electorales que dictan la agenda política.