Paz Sartori (*)

Se muestran juntos, hablan de caminos comunes, firman acuerdos que los comprometen a trabajar juntos en temas sensibles que involucran producción y ambiente. Los ministros Fernando Mattos de Ganadería Agricultura y Pesca, y de Ambiente, Adrián Peña, se esfuerzan por comunicar que la relación es más estrecha que tiempo atrás, cuando producción y ambiente no estaban tan cercanas en el discurso político ni en la acción. Ante la prensa, Peña destaca que algunos productores ya notan esta cercanía y Mattos asiente. El momento ameritaba tales reflexiones. Un acuerdo firmado hace pocos días marcó un punto de inflexión en el trabajo con plaguicidas en Uruguay.

El registro de plaguicidas que se comercializan en el país era, hasta ahora, un área de trabajo exclusiva del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), específicamente de la Dirección General de Servicios Agrícolas. Sin embargo, el acuerdo del 18 de noviembre, le abre la puerta a la participación del Ministerio de Ambiente (MA) para trabajar en “la mejora del registro de productos fitosanitarios” con el objetivo de “disponer un sistema de registro actualizado” y “tendiente a minimizar los impactos al ambiente y la salud humana” además de velar por la disponibilidad de productos eficaces para el control de plagas en el país.

El acuerdo firmado busca incorporar la evaluación de riesgo ambiental y también revisar los requerimientos de registro actuales “con el fin de adecuarla a las exigencias actuales de la síntesis, elaboración, importación, exportación, venta y uso de los fitosanitarios en los diferentes países y mercados”, consta en el acuerdo.

La evaluación de riesgo ambiental permite conocer cuáles son los efectos ambientales cuando un producto fitosanitario es liberado al ambiente en condiciones adecuadas. Es un proceso para tomar decisiones evaluando el riesgo y el beneficio. Es que, el producto puede ser bueno para combatir la plaga concreta pero además hoy es necesario entender el comportamiento ambiental en el suelo, agua, aire y su impacto en los ecosistemas. Por ejemplo, cómo afecta a los organismos como ser lombrices, peces, aves, polinizadores (como las abejas) o enemigos naturales. Decidir hasta qué punto es aceptable el riesgo y beneficio en el país necesita de esta información. Esto se hace con metodologías que ya están disponibles a nivel internacional.

“Vamos a avanzar hacia un sistema más moderno”, anunció el ministro Mattos.

“Uruguay da un paso y un ejemplo muy importante en la modernización de los sistemas productivos agroalimentarios a nivel mundial, como lo hace hoy la Unión Europea, con su estrategia Pacto Verde. Dos ministerios con objetivos distintos se ponen de acuerdo para avanzar, esto indiscutiblemente marca un hito a nivel mundial”, destacó sobre el acuerdo Arturo Correa, experto en registros, quien viajó a Uruguay y trabajó para el Proyecto Plaguicidas con apoyo de la Organización de Naciones Unidas de Agricultura (FAO) con el objetivo de realizar un diagnóstico del registro de agroquímicos en Uruguay y proponer mejoras. En el marco del Proyecto Plaguicidas, que desde 2016 integran el MGAP, el Ministerio de Salud Pública y el MA con la FAO, Correa estudió la situación local y planteó la necesidad de mejorar el sistema de registro para adecuarlo a los estándares internacionales. Este insumo “fue clave” para concebir el acuerdo, destacó Peña. “Nos comparamos con sistemas de registro que hoy son casi una referencia como son Unión Europea, Estados Unidos y Colombia porque queremos prepararnos y caminar para donde va el mundo. Viendo aspectos normativos, administrativos y técnicos. Fue un proceso fermental de discusión y de auto-cuestionamiento entre los ministerios y eso nunca es fácil. Pero seguimos ahí, porque cada uno de nosotros cuida un bien que la sociedad nos confía”, destacó el ministro de Ambiente.

Evaluación ambiental. El registro de agroquímicos en el país no es un mero trámite para vender un producto. Incluye la necesidad de demostrar con ensayos agronómicos el funcionamiento del producto, permite definir para qué usos y a qué dosis y con qué condiciones se debe utilizar. Sin embargo, en el mundo hay países, muchos en la Unión Europea, aunque también otros como Brasil y Chile, están más avanzados. La tendencia es incorporar otra evaluación más como condición para registrar y poder vender un plaguicida. Se trata de la evaluación de riesgo ambiental.

Por eso el registro es un trabajo clave. “Si se comete un error en el proceso de evaluación y adicionalmente, el seguimiento del plaguicida una vez registrado no es el adecuado, las consecuencias pueden ser graves, tanto para la salud humana y animal, como para el medio ambiente o el propio control de plagas”, destacó Correa.

¿Se verán menos afectadas las empresas que ya comercializan sus productos en mercados con exigencias similares a las que pronto Uruguay? ¿Podrán las empresas más chicas hacer frente a las nuevas exigencias?

Muchos de los fabricantes de fitosanitarios registran sus productos en otros países, algunos de los cuales son más exigentes. Esto significa que en muchos casos esos estudios o información “adicional” hoy ya existe, explicó Peña. Pero “ciertamente implica que cada una de las empresas realice algún nivel de adecuación a los procesos y requerimientos que se definan”.

“Uruguay debe generar una estrategia para implementar este cambio, ya que no hay duda de que se generarán efectos, los cuales deben ser considerados”, respondió Correa. El cambio es necesario ya que “el sistema de registro de Plaguicidas de Uruguay está desactualizado respecto de los procedimientos hoy vigentes a nivel internacional” y la puesta en marcha será un proceso que “requiere recursos” además de la participación de academia, laboratorios de investigación y todos los involucrados en la cadena.

“Quisiera que lo viesen como una oportunidad de evolucionar con reglas claras como suele caracterizarnos como país. También una oportunidad para aportar su visión y experiencia para que al fin del día podamos sumar a nuestra marca país productor de alimentos”, dijo Peña. Las nuevas exigencias también demandarán cambios hacia adentro en las capacidades de los organismos públicos para tomarlas en cuenta y analizar la evidencia. Por eso la “mejora incremental” es necesaria, destacó el ministro.

Prohibición y condiciones. El motivo de incluir la evaluación de riesgo ambiental en el sistema de registro se hace con el objetivo de minimizar los impactos y hacer disponibles herramientas seguras para el sector productivo. Entonces, ¿qué esperar de esta nueva etapa? ¿Más productos prohibidos?

Desde hace unos dos años el MGAP viene trabajando en coordinación con las empresas que registran los productos (que integran diferentes cámaras de agroquímicos) en “adecuar los requisitos documentales, químicos y agronómicos tendientes a generar las condiciones para poder aplicar esta herramienta considerando la visión ambiental, de salud y económica-productiva”, informó el director General de Servicios Agrícolas, Leonardo Olivera. Esto permitirá la reevaluación de los productos ya registrados, explicó.

“Algunos de los productos fitosanitarios se usan con evidencia de décadas atrás, por lo que la nueva información científica podrá incorporarse al análisis lo que determinará que algunos productos se prohiban. Además, en otros casos, podría restringirse su uso para problemáticas muy puntuales, para otros se exigirán la presentación de recetas profesionales y otros podrán seguir con sus usos actuales”, planteó Olivera al presentar el escenario que vendrá en los próximos años. “Este instrumento junto con la información de la Toxicidad Residual y la Toxicidad Residual Extendida está determinando nuevas recomendaciones de uso. También está generando cambios en las etiquetas en las renovaciones de algunos productos en ciertos cultivos y limitaciones en otros en cuanto a aplicaciones en floración o fuera del horario de recolección de polen y el néctar”, explicó Olivera.

Por otra parte, el MGAP ha impulsado medidas reglamentarias para sustituir fitosanitarios de síntesis por aquellos formulados con agentes de control biológico y promovió el uso de feromonas de confusión sexual exonerándolos de las tasas de registro y renovación. “Tanto a nivel nacional como internacional hay un aumento creciente en el registro de bioinsumos, lo que representa un desafío ya que debemos contar con mayores capacidades para analizar y evaluar el registro en el país”, destacó Olivera.

Un equipo del MGAP junto con el MA tendrá 12 meses para trabajar en los cambios a realizarse en el registro y establecer regulaciones para llevarlas a cabo. Además, la implementación plena se dará en cinco años. Esta implementación “debe realizarse de forma tal que se eviten posibles impactos abruptos en el sistema productivo y en el mercado”, consta en el acuerdo.

En Uruguay 95 empresas registran importaciones de fitosanitarios. 44 empresas concentran el 99% de las importaciones mientras que las otras 51 dividen el 1% restante, según un estudio realizado por Cinve durante 2019, en el marco del Proyecto Plaguicidas. Los cambios en el registro con nuevas exigencias en materia ambiental impondrán requisitos a las empresas grandes y chicas.

Peña se subió al estrado en Glasgow en noviembre. Durante la Conferencia de las Partes (COP) 26 de Cambio climático y destacó el trabajo para lograr sistemas de producción cada vez más sostenibles. Uruguay “necesita que se le reconozca y valore”, reclamó. Unos días después, ya en Montevideo, y frente a la prensa tras firmar por la mejora del registro de agroquímicos, destaca la firma como un “hito fundamental” porque permite “darle un impulso mayor y definitivamente liderar la incorporación de la dimensión ambiental en los procesos productivos”. Lo mismo hace Mattos, ven en esto una oportunidad para enviar un mensaje hacia afuera del país.

Correa coincide. “La autorización y uso de plaguicidas es una de las áreas críticas, y, por tanto, esta es una oportunidad para Uruguay de orientar estratégicamente este tema, pensando en su visión del modelo de desarrollo, hacia una agricultura próspera, inclusiva, sostenible, baja en emisiones y resiliente al cambio climático”, indicó.

En el mundo aumentan las exigencias técnicas para el registro de plaguicidas de síntesis química, surgen mejoras en los análisis. Este cambio se da en un contexto de aumento del uso de plaguicidas en el mundo, pese a esfuerzos también crecientes en la búsqueda de alternativas a los químicos como el uso de bioinsumos. El uso de plaguicidas se ha incrementado en las últimas décadas y en el mundo se habla de un crecimiento que puede llegar hasta el 5%, según FAO.

“La preocupación de la sociedad ha presionado a los gobiernos a revisar las normas y reglamentos que se aplican para evaluar y aceptar los nuevos plaguicidas antes de autorizarlos”, agregó Correa.

En Uruguay, la visión desde el gobierno de que esta es una necesidad fue variando en el tiempo hasta llegar en noviembre a la firma del acuerdo.

“En las últimas décadas la visión de la producción y el ambiente muchas veces se vieron contrapuestos. Pero el mundo, de hoy y de mañana, pide un desarrollo sostenible, es decir que a la vez cuidemos los aspectos económicos, sociales y ambientales. Como Ministros tenemos el delicado rol de encontrar esos balances y de generar acuerdos que den claridad en el mediano plazo de nuestro rumbo a todos los actores involucrados desde nuestros equipos técnicos, a los productores hasta los fabricantes de productos fitosanitarios, inversores y mercados”, dijo Peña al ser consultado por El País.

(*) Columnista invitada