El Estado uruguayo obtuvo una sentencia favorable ante el juicio que inició Conaprole el año pasado por la deuda que Venezuela mantiene con la cooperativa de productores. La defensa del gobierno sostuvo que se interpusieron “excepciones”, como la de prescripción y caducidad, por lo que la Justicia entendió que la demanda estaba fuera de plazo.

El año pasado Conaprole inició acciones judiciales ante el Estado uruguayo reclamando el cobro de una deuda que mantiene Venezuela con la cooperativa de productores por unos 30 millones de dólares de un negocio que se hizo hace algunos años atrás.

En diálogo con Valor Agregado de radio Carve, la Dra. Fernanda Maldonado, directora del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, explicó que fueron encomendados en la defensa del gobierno ante la demanda que interpuso Conaprole contra los gobiernos de Uruguay y Venezuela.

Se trató de una demanda del entorno de 62 millones de dólares, que se compone de varios conceptos, entre ellos, daños y perjuicios que fueron fundamentados principalmente en hechos y decisiones de la administración anterior, pero que debió hacer frente el gobierno actual.

Maldonado explicó que, más allá de la cuestión de fondos, es decir, discutir si corresponde o no el pago, también se interpusieron algunas “excepciones” que se pueden presentar conjuntamente con la demanda. Una de ellas fue la de prescripción y caducidad.

Explicó: “Cuando una persona va a presentar una demanda, a reclamar por un derecho que cree que le corresponde o por una indemnización tiene determinados plazos para presentar esa demanda. Los plazos dependen de la materia si es materia laboral, materia penal u otros. En materia civil, consideramos que a Conaprole se le había vencido la oportunidad, el plazo, de presentar esa demanda”.

Esto ocurrió en el gobierno de Tabaré Vázquez. El gobierno entendió que los hechos se dieron durante varios meses, incluso, varios años. “Nos fuimos a los primeros hechos que suscitaron todo esto. Así que obtuvimos una sentencia favorable acogiendo a esta excepción. No se pronunció el juzgado respecto a cuestiones de fondos, es decir, si corresponde o no o si tiene razón o no. Se nos dio una sentencia a favor, que es muy importante y muy relevante por el tema de la prescripción y caducidad; esto impide que se pueda seguir adelante con el juicio. Conaprole apeló esta sentencia y ahora el proceso se derivó al Tribunal de Apelaciones”, señaló.

Maldonado no entró en detalles de cuáles fueron los argumentos del gobierno venezolano sino que explicó que el Estado uruguayo tuvo su propia estrategia de defensa que pasó por refutar los hechos dentro de los elementos que tienen hoy .