En entrevista con Hablemos de Agro de Canal 10, el director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), Ignacio Munyo, repasó algunos de los principales desafíos económicos que enfrenta Uruguay. Desde el impacto de la incertidumbre internacional hasta las discusiones sobre seguridad social, gasto público, competitividad e inserción internacional, el economista advirtió sobre los riesgos que, a su entender, pueden afectar el crecimiento del país y planteó una serie de propuestas orientadas a fortalecer la economía.

El primer semestre de 2026 estuvo marcado por una fuerte incertidumbre internacional, aunque para el director ejecutivo de CERES, el principal problema es que Uruguay está incorporando factores de incertidumbre propios que podrían afectar el clima de negocios y las perspectivas de crecimiento.

El economista sostuvo que el contexto global "es inmanejable" para un país como Uruguay, pero remarcó que existen decisiones internas que sí dependen exclusivamente del país.

"A la incertidumbre global le estamos agregando, lamentablemente, incertidumbre local. Eso sí depende del Uruguay, porque hay cosas que no hay necesidad de estar generando incertidumbre y ruido con muchas de las propuestas que aparecen permanentemente sobre la mesa", afirmó.

Entre esas iniciativas mencionó la propuesta del PIT-CNT de reducir la jornada laboral sin rebaja salarial, una medida que, según indicó, implicaría un incremento relevante de los costos para las empresas. "Genera mucha preocupación en el mundo empresarial porque está aumentando entre un 20% y un 25% el costo laboral por ley", señaló.

Munyo también cuestionó varias de las conclusiones surgidas del diálogo social impulsado por el gobierno. Si bien valoró la intención de revisar y ordenar el sistema de transferencias sociales, consideró que la discusión sobre la seguridad social vuelve a instalar temas que la ciudadanía ya había rechazado.

Recordó que el plebiscito sobre la reforma previsional fue rechazado por cerca del 60% de los votantes, aunque el documento final del diálogo social volvió a plantear la posibilidad de reducir la edad de retiro para una parte importante de la población.

"El diálogo social dio como consecuencia un documento que propone bajar nuevamente la edad jubilatoria a 60 años en una parte importantísima de la población, que no está determinado cuánto ni el costo que tiene", advirtió.

En cuanto al futuro de las AFAP, destacó que la propuesta elaborada posteriormente por el Ministerio de Economía representa una señal más favorable que el documento original.

"Es una voluntad de que el sistema se mantenga básicamente como está, con algunos retoques, algunos de los cuales van en el buen sentido de mejorar la posibilidad de invertir en instrumentos financieros que aumenten la jubilación", explicó.

El economista sostuvo que uno de los elementos que agrava el debate previsional es la nueva realidad demográfica revelada por el último censo nacional. Explicó que la reforma jubilatoria aprobada en 2023 fue diseñada utilizando proyecciones elaboradas con información del Censo 2011, mientras que los nuevos datos muestran un envejecimiento de la población superior al previsto.

"Los datos nuevos del censo nos dieron una bofetada al Uruguay y al sistema jubilatorio, mostrando que la reforma que se hizo tiene la mitad del efecto que se pensaba", afirmó.

Según indicó, esa situación implica que una parte importante del ahorro fiscal previsto ya desapareció únicamente por la evolución demográfica, antes incluso de introducir nuevas modificaciones al sistema.

Munyo advirtió que cualquier cambio que incremente el gasto previsional será observado por las calificadoras internacionales de riesgo, responsables de evaluar la capacidad de pago de los países.

"Si Uruguay cambia su sistema jubilatorio y se le carga fiscalmente a las futuras generaciones unas jubilaciones que no se van a poder pagar, es obvio que una calificadora va a tener que decir: 'Pará, déjame revisar'", sostuvo.

Además, manifestó sus reparos sobre las estimaciones oficiales respecto al impacto que tendría una eventual flexibilización de la edad de retiro, recordando la experiencia registrada en 2018.

"Los antecedentes que hay en el BPS con respecto a los cálculos de cuánta gente se va a jubilar o no, no son muy buenos. Se equivocaron por ocho; fue ocho veces más caro de lo que se había dicho", concluyó.

El director ejecutivo de CERES sostuvo que el país necesita un Estado más eficiente y planteó una alternativa para financiar las prioridades del gobierno sin aumentar la carga tributaria. En ese sentido, defendió la necesidad de revisar programas y organismos públicos, entre ellos el Instituto Nacional de Colonización, al que consideró uno de los ejemplos donde existen importantes márgenes para reducir el gasto.

Munyo explicó que el análisis realizado por CERES parte de una premisa sencilla: si Uruguay pretende acelerar su crecimiento económico, no puede seguir recurriendo al aumento de impuestos para financiar el incremento del gasto público.

"Si queremos que Uruguay crezca, que ha sido la premisa de este gobierno, hasta ahora lo que se está planteando desde el punto de vista fiscal son más impuestos. Eso no contribuye en nada a que haya más inversión y más crecimiento", afirmó.

Frente a ese escenario, el economista planteó un camino alternativo. "¿Cómo se puede mantener las cuentas fiscales en orden para que el déficit no se vaya? Hay que buscar un plan B, y ese plan B es achicar gastos en vez de subir impuestos", sostuvo.

El director de CERES aclaró que su propuesta no implica un recorte generalizado, sino una reasignación de recursos hacia las áreas que considera prioritarias.

A su juicio, existen tres grandes desafíos donde debería concentrarse el esfuerzo presupuestal: la seguridad pública, la atención a las personas en situación de calle y la primera infancia.

"Hay compromisos que compartimos todos. Uruguay tiene que generar mejores políticas en seguridad, atender la situación de calle y fortalecer la primera infancia. Esos son los aspectos esenciales", señaló.

Según explicó, la propuesta de CERES identifica alrededor de US$ 550 millones de ahorro potencial mediante una revisión del gasto público, sin afectar las prestaciones jubilatorias.

Munyo indicó que el estudio elaborado por CERES clasifica el gasto estatal en tres grandes categorías: esencial, básico y complementario.

Dentro del gasto esencial ubicó funciones propias del Estado como la seguridad, la Justicia, la Cancillería y la administración financiera. "Eso es lo esencial. Es lo que hace al funcionamiento mínimo del Estado y, sin embargo, representa una proporción muy pequeña del gasto total", explicó.

Incluso sostuvo que esas áreas han perdido participación presupuestal durante las últimas décadas y puso como ejemplo la situación del Poder Judicial.

En una segunda categoría ubicó áreas como educación, salud, vivienda y políticas para la infancia, mientras que el mayor crecimiento del gasto, según CERES, se produjo en un tercer grupo de programas considerados complementarios.

"Lo que no es ni esencial ni básico prácticamente se multiplicó por tres en los últimos 25 años. Ahí es donde hay que revisar el gasto", afirmó.

Uno de los ejemplos que presentó Munyo fue el Instituto Nacional de Colonización, organismo cuya continuidad fue cuestionada por CERES.

El economista señaló que el proyecto presupuestal prevé unos US$ 120 millones para la compra de campos durante el período y consideró oportuno discutir si esos recursos deberían destinarse a otras prioridades. "Nos preguntamos si tiene sentido seguir destinando esa cantidad de recursos a la compra de campos para Colonización", expresó.

Además, cuestionó el costo de funcionamiento del organismo. "Sale más caro pagarle a un funcionario de Colonización por el trabajo burocrático que lo que cuesta un peón rural trabajando en un campo", aseguró.

En ese sentido, explicó que la propuesta de CERES plantea detener las nuevas compras de tierras e iniciar un proceso gradual de transformación del instituto.

"Proponemos una transición hacia ir desmantelando paulatinamente el instituto, frenar las compras y ofrecer alternativas para los actuales colonos, revisando además los arrendamientos para acercarlos más al mercado", indicó.

No obstante, aclaró que existen experiencias exitosas dentro del organismo que deberían preservarse. "Hay excepciones, como la cuenca lechera. Lo que funciona se podrá justificar, pero estamos hablando de menos del 10% de la actividad", sostuvo.

Munyo advirtió que, si el Estado mantiene el actual ritmo de gasto sin introducir reformas, las alternativas seguirán siendo incrementar la deuda o aumentar la presión tributaria.

"Lo que se viene haciendo desde hace muchos años es aumentar deuda y, dependiendo del gobierno, aumentar impuestos. Este año Uruguay va a tener una emisión récord, cercana a los US$ 6.000 millones", afirmó.

Según explicó, ese ingreso de capitales también tiene consecuencias sobre el mercado cambiario, ya que contribuye a mantener deprimido el valor del dólar, un tema que desarrolló en el siguiente tramo de la entrevista.

El director ejecutivo de CERES afirmó que el país atraviesa un escenario de atraso relativo en materia de costos y sostuvo que, más allá del buen momento que vive la carne en los mercados internacionales, existen problemas estructurales que siguen afectando la competitividad. En ese contexto, defendió la necesidad de avanzar con la Ley de Competitividad y con reformas que reduzcan los costos del comercio exterior.

Consultado sobre la evolución del dólar, Munyo señaló que la política monetaria aplicada por el Banco Central ha sido consistente con la del período anterior, dejando que el mercado determine libremente el precio de la divisa.

"La política monetaria de este gobierno ha sido contundente y continuidad del gobierno anterior. El Banco Central no interviene; no compra ni vende dólares. El valor del dólar es el que pone el mercado", afirmó.

No obstante, sostuvo que el nivel actual del tipo de cambio encarece a Uruguay frente al resto del mundo. "Más allá de discutir si hay o no atraso cambiario, lo que es indudable es que Uruguay está caro. Está caro con respecto al resto del mundo y también con respecto a su historia", aseguró.

Munyo explicó que el buen momento de la ganadería ha permitido amortiguar parte de esa pérdida de competitividad, aunque advirtió que el panorama sería muy distinto si los valores internacionales fueran menores. "Hoy quienes están exportando en buenas condiciones son los que tienen un precio internacional que los favorece, que es el sector de la carne", señaló.

Respecto a la política del Banco Central, Munyo reconoció que el objetivo prioritario ha sido consolidar una inflación baja y estable. "El compromiso absoluto del Banco Central es con una inflación de 4,5%. Eso es lo que guía la política monetaria", indicó.

Sin embargo, explicó que una eventual suba del dólar tampoco resolvería automáticamente los problemas de competitividad. "La gran duda es si Uruguay puede procesar una suba del dólar sin que aumente la inflación. Porque si suben las dos cosas al mismo tiempo, no hay una verdadera ganancia de competitividad", sostuvo.

Para el economista, el principal problema no radica exclusivamente en el valor del tipo de cambio, sino en el costo interno que enfrenta la producción.

"El responsable de que Uruguay sea caro es el Estado, porque pone muchos impuestos y porque cobra tarifas elevadas en combustibles, energía eléctrica y agua para financiar su tamaño", afirmó.

A su juicio, el crecimiento sostenido del aparato estatal durante las últimas dos décadas ha contribuido a incrementar esos costos.

"El Estado crece ininterrumpidamente desde hace muchos años. La única vez que el tamaño del Estado se redujo fue después de la crisis de 2002", señaló.

Munyo también se refirió al funcionamiento del puerto de Montevideo y sostuvo que representa uno de los principales obstáculos para mejorar la competitividad del comercio exterior uruguayo.

"El puerto es un gran problema, es un drama. Tener un monopolio en el puerto, y además un sindicato de ese monopolio, hace que la llave del puerto esté en muy pocas manos", manifestó.

Según explicó, los costos logísticos afectan tanto a exportadores como a importadores, por lo que defendió las modificaciones incluidas en la denominada Ley de Competitividad.

"Es muy importante bajar el costo de importar, porque importar más barato también termina permitiendo exportar con mayor competitividad. Además reduce el costo de vida para los uruguayos", sostuvo.

Aunque valoró el contenido del proyecto de ley que actualmente analiza el Parlamento, Munyo advirtió que su éxito dependerá de cómo se implemente una vez aprobada.

"Mi mayor preocupación no es el Parlamento. Es cuando la ley salga y tenga que reglamentarse. Una ley que busca reducir la burocracia va a quedar en manos de la propia burocracia", afirmó.

En ese sentido, alertó que existe el riesgo de que la reglamentación termine desvirtuando el espíritu de la norma. "La burocracia puede generar anticuerpos para que una ley que pretende desregular termine creando una nueva regulación", concluyó.

Ignacio Munyo analizó el posicionamiento internacional de Uruguay y se mostró optimista respecto a la política de inserción comercial del país. El director ejecutivo de CERES consideró que en los últimos años se consolidó un consenso político sobre la necesidad de profundizar la apertura económica, aunque advirtió que todavía quedan reformas por concretar para mejorar el acceso a nuevos mercados. Además, expresó preocupación por la ausencia de Uruguay en algunas iniciativas regionales vinculadas a la seguridad y el combate al crimen organizado.

Munyo sostuvo que uno de los principales cambios registrados en los últimos años es que la apertura comercial dejó de ser un tema de confrontación política y pasó a convertirse en un objetivo compartido por la mayoría de los actores.

"Soy optimista porque se ha logrado una especie de consenso a nivel nacional de que es bueno abrirse al mundo, que es bueno tener mayor inserción internacional, acceder a mercados y también recibir productos de otros países", afirmó.

El economista recordó que durante muchos años existieron sectores políticos que defendían una mayor protección de la industria nacional y cuestionaban los acuerdos comerciales, una postura que, según entiende, ha perdido fuerza.

"Hay un cambio de paradigma muy positivo para el país. Hoy, como pasó con la estabilidad macroeconómica y el combate a la inflación, también existe un consenso sobre la necesidad de abrirse al mundo", señaló.

Consultado sobre los próximos pasos de la política comercial uruguaya, Munyo valoró la entrada en vigor del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y destacó las gestiones para incorporarse al Acuerdo Transpacífico.

No obstante, aclaró que el ingreso depende tanto de las reformas internas como de la voluntad de los países miembros.

"En inserción internacional uno puede querer, pero después el otro también tiene que querer. Por suerte me dicen que viene avanzando rápido lo del Transpacífico", comentó.

Según explicó, Uruguay ya comenzó a adecuar parte de su normativa para cumplir con los requisitos exigidos por ese bloque.

"Uruguay está haciendo los deberes. La Ley de Competitividad incluye los cambios necesarios en compras públicas y funcionamiento de empresas públicas para poder ingresar al Transpacífico", indicó.

Munyo aclaró además que esas exigencias no implican modificar la estructura del Estado ni eliminar monopolios.

"No es una reforma de los cimientos del Uruguay, sino adaptarse a las buenas prácticas internacionales que tienen los acuerdos comerciales modernos", explicó.

Respecto al vínculo entre los cambios de gobierno y la política exterior, el economista relativizó el peso de las afinidades ideológicas entre los presidentes. Tomó como ejemplo el Mercosur, donde, según dijo, las instituciones han demostrado mayor estabilidad que los propios liderazgos políticos.

"Las relaciones personales son importantes, pero menos de lo que a veces pensamos. Bolsonaro quería cambiar radicalmente el Mercosur y no pudo hacerlo porque existe una estructura institucional que tiene vida propia", afirmó.

En ese sentido, señaló que incluso Brasil, siendo el principal socio del bloque, encuentra límites para modificar unilateralmente las reglas de funcionamiento del Mercosur.

Uno de los aspectos que más inquietud le genera a Munyo es que Uruguay no participe del denominado Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por Estados Unidos para coordinar acciones regionales frente al crimen organizado.

"Creo que es una pena que Uruguay no esté ahí. Nos deja fuera de un nivel de conocimiento de un problema que es gravísimo", sostuvo.

A su entender, formar parte de ese ámbito permitiría acceder a información estratégica y fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad. Si bien reconoció que las razones oficiales no han sido explicitadas, consideró que la decisión puede estar vinculada a la relación política entre ambos gobiernos.