Durante la semana pasada, la delegación del Poder Ejecutivo en la Junta del Instituto Nacional de Carnes (INAC) propuso recomendar al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, la derogación del decreto por el cual se recauda US$ 1 por cada animal faenada para financiar las cajas negras. “Creo que INAC tiene que asumir ese costo en su totalidad”, comentó Conrado Ferber, presidente de la institución en Valor Agregado de radio Carve.
En la Junta realizada durante esta semana, las diferentes partes aprobaron esta propuesta, por lo cual, el siguiente paso es enviarle una carta al ministro de Ganadería, y esperar la resolución del Poder Ejecutivo.
Conrado Ferber consideró que esta medida “no soluciona mucho, pero son entre US$ 2 millones y US$ 2.3 millones que van a quedar en el sector primario. Empezamos con nuestro granito de arena a desandar ese camino de tasas por aquí, y tasas por allá que pagamos por trabajar durante todo el día, y que no vuelven en servicios del mismo nivel”.
“Esperamos que esto se derogue, y la plata quede en manos de los productores, en definitiva, insisto en que esto es poner un grano de arena en achicar el peso del estado, no soluciona nada, pero va en el sentido correcto, y en el sentido de lo que esperamos de toda la administración”, afirmó el presidente del INAC.
Consultado sobre la idea de bajar el 0,6% que paga la exportación y 0,7% que paga el mercado interno para el financiamiento del instituto, Ferber sostuvo que “como fracasamos con esa línea, es que proponemos sacar todos lo que son costos que agrega INAC en la cadena, tanto a nivel industrial, así como también en carnicerías, en habilitaciones y demás. De alguna forma tenemos que bajar el costo del estado”.
VISIÓN DE LOS PRODUCTORES. El integrante de la Junta de INAC, Ricardo Reilly Arrarte, delegado por la Asociación Rural del Uruguay, dijo a Rurales El País que esta medida “va en la línea de la filosofía de ARU, de reducir costos operativos, y utilizar recursos ya existentes”.
El integrante de la Junta recordó que el decreto de cajas negras, data del año 2003, y fueron instaladas con “la finalidad de garantizar el control de la faena, el desosado y la comercialización, así como brindar información para una mayor transparencia y un mejor contralor fiscal”.
En esta línea Reilly sostuvo que desde la ARU se he “planteado en más de una ocasión la necesidad de reducir costos en la cadena, a través de la eliminación o reducción de aportes y tasas que paga el complejo cárnico. Entendemos que el planteo de renunciar a la tasa de control de faena va en el sentido correcto. Apunta a reducir costos y buscar una mayor eficiencia en la utilización de recursos que aporta el sector. Recordemos que el sistema ya es deficitario, y esa diferencia es aportada por INAC”.
El delegado de la ARU cerró sosteniendo que si bien ahora el INAC se haría cargo del financiamiento total de las cajas negras, “entendemos que el instituto cuenta con reservas suficientes como para hacerse cargo de esa diferencia. Por eso apoyamos la iniciativa”.
