Los cambios introducidos en la Ley de Inversiones en 2026 modifican tanto los montos mínimos de los bienes a incluir como las condiciones de ejecución y presentación de los proyectos, según explicó el contador Andrés Migliaro.
Es preciso recordar que esta herramienta ha permitido una expansión interesante del agro uruguayo, especialmente en lo que refiere a renovación de parque de maquinaria, uso de energías renovables, aumento del personal, proyectos de riego, proyectos vinculados a la innovación, entre otros.
Migliaro señaló que uno de los principales ajustes es el aumento del valor mínimo de los bienes elegibles, que pasó de 500 a 1.500 UI, lo que eleva el piso de inversión y obliga a presentar proyectos más integrales. A su vez, indicó que el plazo para proyectar inversiones se redujo de 10 a 5 ejercicios, acortando el horizonte de planificación.
También explicó que se limitó la inclusión de inversiones ya realizadas: ahora solo se pueden computar las efectuadas en los seis meses previos a la presentación y hasta un máximo del 20% del proyecto total, con el objetivo de promover proyectos más planificados y no la incorporación de inversiones aisladas.
Además, Migliaro remarcó que se extendió el plazo de cumplimiento de los indicadores de empleo, que pasó de tres a cinco años, lo que implica un mayor compromiso en la generación y sostenimiento de puestos de trabajo.
En cuanto a los beneficios, Migliaro destacó que los proyectos vinculados al riego mantienen un fuerte incentivo y pueden alcanzar exoneraciones superiores al 50% de la inversión a descontar del IRAE, dependiendo del peso de esa inversión dentro del proyecto.
Pese a los beneficios, Migliaro advirtió que aún existe margen para mejorar el aprovechamiento de la herramienta. Señaló que muchos productores no acceden a la ley por falta de información, a pesar de tratarse de un instrumento “muy poderoso” para mejorar la rentabilidad y mantener la competitividad de las empresas agropecuarias.