La preocupación de los productores rurales de Florida y Lavalleja por el proyecto de construcción de la represa de Casupá sumó un nuevo capítulo, luego de conocerse la propuesta de incorporar unas 67.000 hectáreas de la cuenca al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Los posibles efectos sobre la actividad agropecuaria y la necesidad de establecer mecanismos de compensación económica se encuentran entre los principales planteos de los habitantes de la zona.

En diálogo con Hablemos de Agro, de Oriental Agropecuaria, Álvaro Rivadavia, productor de Lavalleja y uno de los voceros de los vecinos afectados, confirmó que el Ministerio de Ambiente se comprometió a realizar una nueva instancia de intercambio, prevista inicialmente para fines de noviembre, con el objetivo de profundizar en las características y eventuales restricciones que implicaría la declaración de área protegida.

La convocatoria surge luego de la reunión celebrada el pasado jueves 29 de octubre en pueblo Gaetán, donde participaron aproximadamente 250 personas y autoridades ambientales. En esa oportunidad, el director nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, Alejandro Nario, presentó los primeros lineamientos de la iniciativa.

"Lo que hizo fue simplemente nombrar y delimitar el área que iba a englobar este asunto, pero no dijo de qué se iba a tratar en definitiva", señaló Rivadavia, quien consideró necesario que el próximo encuentro permita conocer con mayor precisión las condiciones de funcionamiento y las restricciones que podrían establecerse.

El productor también planteó que el nuevo taller debería realizarse en Gaetán, por entender que constituye un punto de referencia para los habitantes directamente involucrados. Según explicó, a diferencia de la ciudad de Casupá, esa localidad se encuentra dentro del territorio donde se concentrarían buena parte de las consecuencias del proyecto.

"Casupá ni siquiera está comprendido en la cuenca de la zona protegida. Increíblemente, sí Reboledo, pero no Casupá", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que los efectos de la represa no deben analizarse únicamente desde el lugar donde se construirá el muro, sino fundamentalmente desde el territorio que será ocupado por el embalse y las áreas circundantes. Según indicó, el futuro lago tendría un perímetro aproximado de 104 kilómetros.

Asimismo, mencionó la situación de otras localidades, como Bolívar y Fray Marcos, que también podrían enfrentar consecuencias vinculadas a la construcción de la infraestructura.

Uno de los aspectos centrales de la preocupación de los productores es el efecto que las futuras restricciones ambientales podrían tener sobre la productividad y los ingresos de los establecimientos agropecuarios.

Rivadavia señaló que, tomando referencias de producción de la región, los ingresos productivos se ubicarían entre 200 y 250 dólares por hectárea al año. A partir de esos valores, planteó un escenario hipotético de reducción del 50% de la productividad como consecuencia de las eventuales limitaciones.

Aunque todavía no se conocen las restricciones definitivas ni existe una evaluación económica concluyente sobre sus efectos, el productor advirtió que, de concretarse un escenario de esa magnitud, las pérdidas anuales para el conjunto del territorio podrían alcanzar varios millones de dólares.

Frente a esa posibilidad, consideró que debería establecerse un mecanismo de compensación económica permanente para los productores afectados, especialmente porque las medidas de protección tendrían como finalidad preservar la calidad del agua que posteriormente sería utilizada por OSE para abastecer a la población.

Para fundamentar su posición, comparó la situación con los pagos que realizan otras empresas públicas por la utilización de terrenos privados o la constitución de servidumbres.

"Cuando UTE te instala un molino eólico, te paga un canon por la utilización del terreno y por el perjuicio que te genera. Cuando Antel pone una torre de telecomunicaciones, te paga", ejemplificó.

A su entender, el mismo criterio debería aplicarse en caso de que la protección de la cuenca implique una reducción de los ingresos agropecuarios.

"Nosotros consideramos que, si vamos a tener una pérdida del 50% de nuestros ingresos, esa pérdida no puede ser solamente asumida por nosotros mismos, porque esa agua la va a vender OSE", sostuvo.

Rivadavia insistió en que el costo de preservar la fuente de abastecimiento no debería recaer exclusivamente sobre quienes producen y viven en la zona.

"Creemos que un grupo de vecinos de una parte del país no tiene que echarse sobre sus hombros el costo del agua para más de la mitad de la población del país", expresó.

Según explicó, este planteo ya fue trasladado a las autoridades durante la reunión de octubre, aunque todavía no recibieron una respuesta concreta. Por ese motivo, esperan que el próximo taller permita abordar tanto las restricciones propuestas como los eventuales mecanismos de compensación.

Otro de los aspectos que genera preocupación entre los productores es el impacto ambiental que tendría la construcción del embalse sobre el monte nativo ribereño existente en la cuenca.

Rivadavia sostuvo que el proyecto provocaría la inundación de unas 426 hectáreas de bosque ribereño, una superficie que, según explicó, cumple una función relevante en la conservación de la calidad del agua.

"Casupá tiene un gran bosque ribereño, 426 hectáreas, que es lo que van a inundar", manifestó.

El productor argumentó que estos ecosistemas funcionan como filtros naturales de los cursos de agua y consideró contradictorio establecer restricciones para proteger la cuenca mientras se proyecta inundar parte de su vegetación ribereña.

En ese sentido, aseguró que la calidad actual del agua responde tanto a las características ambientales de la zona como al manejo productivo desarrollado durante generaciones.

"Ortuño dice que quiere hacer la represa de Casupá porque el agua es la mejor que tiene el país. Esa agua la hemos conservado nosotros sin área protegida", expresó.

A su juicio, la pérdida de esa superficie de monte nativo debería ser especialmente considerada en los estudios de impacto ambiental, por las consecuencias que podría tener sobre el funcionamiento del ecosistema.

La propuesta de protección ambiental todavía se encuentra en etapa de discusión. Desde el Ministerio de Ambiente, Nario ha señalado públicamente que la iniciativa busca preservar la calidad del agua sin desplazar a los productores ni afectar sus principales fuentes de ingreso.

Sin embargo, Rivadavia insistió en que resulta imprescindible conocer las medidas concretas antes de evaluar sus efectos sobre la actividad agropecuaria y el valor de los establecimientos comprendidos en la cuenca.

El nuevo taller, anunciado para aproximadamente 30 días después del encuentro de octubre, será una instancia clave para que las autoridades presenten mayores precisiones y respondan las inquietudes planteadas por los vecinos.

Por el momento, no se ha confirmado oficialmente la fecha ni el lugar de realización.