El presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Guillermo Tolosa, informó que frente a la situación regulatoria de los mal llamados “fondos ganaderos”, el ente definió “una ampliación del perímetro regulatorio, porque hasta el momento estas empresas estaban operando fuera de nuestro alcance, y eso generó los resultados que ya sabemos, entonces para que no vuelva a suceder este tipo de episodios, estas empresas tendrán que avalarse a alguna figura que esté contemplado en la legislación para que esté al alcance del BCU”.

En diálogo con Valor Agregado de radio Carve, Tolosa indicó que en el caso de una inversión en ganadería, no es el BCU quien se va a encargar de auditar que efectivamente exista el ganado, sino que “tenemos exigencias para empresas que ya están hoy en el mercado, para que le presenten al inversor balances auditados por empresas contables que nosotros sí controlamos, no es cualquier empresa que te puede hacer esa auditoría”.

Por su parte, en una línea de trabajo paralela “el Ministerio de Ganadería está trabajando en el tema de las guías para ver si corresponde hacer algún ajuste. Nosotros, por nuestro lado vamos a crear requerimientos, que al inversor le va a permitir tener un conjunto de información que hasta el momento no lo tenía”.

Más allá de los ajustes que haga el BCU “los fraudes no desaparecen”, advirtió Tolosa, que además agregó que “lo que se hace, es reducir radicalmente la probabilidad de un fraude, a medida que se empieza a operar en un contexto con mucho más control, que el que había hasta ahora, que era nulo básicamente, pasa a ser bastante más complicado hacer un fraude, antes era demasiado fácil”.

El nuevo marco regulatorio aplica “cuando hay un llamado público a invertir, porque ahí entra el concepto de protección al inversor”, esto sería cuando las empresas que captan ahorro hacen publicidad o cualquier tipo de difusión masiva.

Cuando se da un caso de contratos entre privados “se supone que hay una relación de confianza, por algo uno confía los recursos en otra persona, y se supone que hay un monitoreo, por lo tanto en esos casos el BCU no se inmiscuye en transacciones entre privados”, detalló Tolosa, con lo cual expresa que por ejemplo el negocio de capitalizaciones no se verá intervenido, “es un negocio que tiene más de 100 años y nunca generó problemas, entonces no hay que intervenir ese negocio, sería distorsivo para la actividad del agro. La situación cambia cuando se hace un llamado a gran escala, ahí es que hay que proteger el inversor”.

“Va a haber una primera franja de crecimiento, donde las empresas podrán hacer llamado público pero solo a inversores calificados, se va a poder firmar contratos individuales con gente que tenga suficiente patrimonio o ingresos, para permitir que las empresas crezcan usando algo de ahorro, pero a partir de un determinado umbral, ahí es donde entra el requisito de registrar una figura en el BCU”, explicó el presidente del ente público.

Otra acción tomada por parte del BCU es generar que estar inscripto bajo una figura legal sea más “viable, por ejemplo tenemos fideicomisos financieros simplificados, que pueden ser un vehículo natural para este tipo de fondos (ganaderos)”.

El umbral para las empresas, es algo que aún no se definió, y está sujeto a una discusión interna del BCU, “me imagino que una empresa que ya está en el eje de US$ 7 u US$ 8 millones de ingresos, ya está en condiciones de estar de adherirse a una figura simplificada, pero es una estimación esto, no lo tomemos aún como algo firme”.

Siempre que haya una propuesta financiera el BCU tendrá su lupa observando a la misma, pero tendrá un mayor foco cuando se ofrezca una renta fija.

Frente a los cambios presentados, los “fondos de ganadería” ya han realizado consultas para adherirse a las figuras ahora existentes.