Norma sancionada por el presidente Santos no ha calado bien en todos los actores del sector.
Además de afectar los costos de los diferentes sectores de la economía del país, la alta devaluación impacta la producción local de fertilizantes y plaguicidas.
Mientras los grupos de productos de fertilizantes y plaguicidas tienen arancel cero para su importación desde 1962 y 1990, respectivamente, se conoció una protesta del gremio Asinfar Agro, que reclama por la sanción del decreto 1625 de agosto pasado. “En este, se incluyen algunas subpartidas de insumos para la producción de plaguicidas y fertilizantes, que no se producen en el país, por lo que se hace necesario importarlos”, indicó María Helena Latorre, directora de la Cámara Procultivos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).
La ejecutiva señaló: “Estas 18 partidas adicionales a todo el universo de 0 por ciento de plaguicidas y fertilizantes, que siempre han tenido este beneficio, fueron registradas en el decreto luego del paro agrario del 2013 y es importante la prórroga del mismo, tal como lo ha anunciado el Gobierno”.
Por su parte, para el director de la Asociación de Industrias Farmacéuticas (Asinfar), capítulo agrícola, Carlos Villamizar, la norma sancionada por el presidente Santos “es un flagrante golpe a la agricultura, a la producción, a la competitividad y a la industria agroquímica colombiana”.
Vale la pena recordar que este hace parte de los compromisos asumidos por el Gobierno ante el paro agrario del 2013.
En aquella época se anunció una baja, a cero, con respecto a los aranceles de los insumos agrícolas no producidos en Colombia, y el control de precios para fertilizantes y plaguicidas. “Los ministerios de Hacienda y Comercio deben comprender que la nueva norma grava más la agricultura y la industria agroquímica, agentes de la cadena agrícola que ya enfrentan serios problemas como consecuencia de la tasa de cambio, la devaluación y el fenómeno del Niño”, explicó el director de Asinfar Agro.
Este debate tuvo otro capítulo en mayo con la decisión 804 de 2015 de la CAN, que permitió a los productores agropecuarios importar de manera directa insumos. La norma eliminó además el requisito de la autorización del titular del registro para importar, es decir, una organización de productores que quiera adquirir sus agroquímicos en los mercados externos no tiene que pedir el permiso precisamente a las compañías que venden el bien en Colombia.
El modelo ya ha sido probado de manera exitosa en Perú y permitió a los agricultores mejorar sustancialmente la competitividad.