Uruguay ha tenido éxito con la pandemia pero tiene problemas con su economía, y los últimos datos del PBI lo demuestran. Así, el desafío es doble: reactivar la producción y superar los problemas previos. Hay motivos para el optimismo, pero sin indulgencias.
Ing. Agr. MBA, Nicolás Lussich.
El Banco Central divulgó los datos del PBI (Producto Bruto Interno) correspondientes al primer trimestre del año (enero-marzo), que muestran que la producción de la economía se ubicó 1,4% debajo del nivel del mismo período del 2019, con caídas en todos los sectores, excepto telecomunicaciones. Tomando los datos desestacionalizados, es el segundo trimestre consecutivo de caída, lo que configura una nueva recesión (ya había ocurrido otra en 2018) (gráfica).
Una pequeña parte del período - segunda quincena de marzo- incorporó el impacto inicial de la epidemia de Coronavirus a nivel local, con la paralización de varios sectores de actividad. Además, hubo efectos previos de la pandemia desde el exterior, que comenzaron a impactar en nuestra economía antes de la llegada del propio virus, en especial en algunos sectores exportadores.
Pero la economía uruguaya ya estaba en problemas antes de la irrupción de la pandemia. Si observamos el ciclo del PBI en los últimos años, es claro que perdió ritmo paulatinamente hasta estancarse y retroceder, al cierre del año pasado y principios de este. En el año móvil a marzo, no hubo crecimiento frente al año móvil previo. Un capítulo especial merece el agro, sector clave de la economía: el PBI sectorial no crece desde hace muchos años (gráfica). Esto no quiere decir que se produzca menos, sino que el valor agregado del sector (producción menos costos) no avanza. Hay diferencias grandes entre sectores (granos, forestación, ganadería) pero el promedio no muestra avances y seguramente es por los problemas de costos y limitaciones de mercado que aquejan al campo.
Los problemas de la economía uruguaya son conocidos: luego de un ciclo de expansión notable y casi sin antecedentes (2006-2014), en el que todo crecía (exportaciones, consumo, inversión) la dinámica comenzó a mermar, en parte debido a un cambio en las circunstancias externas. Pero -a mí juicio- el factor más preocupante fue la expansión del gasto -en particular a nivel estatal-, apuntalado con una política salarial y de beneficios sociales de amplio alcance, apenas sostenibles mientras la economía se expandía a ritmo récord. En cuanto esto cambió, aquellos beneficios y compromisos de gasto, comenzaron a hacerse insostenibles y esto se expresó a varios niveles: caída en la inversión y en el empleo -esto último con un impacto especialmente negativo en lo social-, y problemas monetario-cambiarios, por inflación alta y/o retraso del dólar, con las consecuentes complicaciones sobre el poder adquisitivo y la competitividad. Las exportaciones de bienes y servicios en varios rubros se frenaron y en otros cayeron.
Como sucede muchas veces en Uruguay, nada de esto se dio en forma estridente o con vuelcos drásticos que generaran una crisis aguda. El proceso se dio paulatinamente, el impulso de la economía se fue reduciendo, los problemas de empleo fueron creciendo mientras pasaban los meses y nadie le ponía el cascabel al gato. No hay que exprimirse mucho el cerebro para observar que el viraje del humor económico fue uno de los factores importantes en el cambio político que se configuró en la elección nacional 2019, aunque no el único.
Al asumir, el nuevo gobierno apuntó a cumplir el programa comprometido en la campaña electoral: reducción del gasto sin aumentar impuestos, bajo el concepto de “cuidar el dinero de los uruguayos”, junto a lo cual se planteaba una serie de cambios de política y reformas: en lo laboral, limitación de las ocupaciones y piquetes sindicales; en la economía, revisión y cambios en el proceso de inclusión financiera, desregulaciones en varios mercados, como combustible, alquileres y otros, etcétera. La llegada del Coronavirus dilató la discusión política, pero la Ley de Urgente Consideración finalmente se presentó y tiene media sanción.
No es un logro menor, si se considera que la mayor parte de las energías del gobierno estuvieron en combatir la pandemia. Fueron semanas de preocupaciones y tensiones, por los desafíos planteados y -por supuesto- por la pérdida de vidas que causó el virus. La buena gestión política y sanitaria de la crisis, con una actitud equilibrada entre medidas de política y compromiso social de la ciudadanía (y obviamente algo de suerte), permitió a Uruguay contener la expansión del virus y hoy se destaca como caso de éxito. El problema mayor hoy está en la frontera y allí hay que enfocar el esfuerzo para que la epidemia no resurja. No está todo dicho y -en el camino hacia la reactivación de la economía- tiene que mantenerse el sano equilibrio entre la reapertura de todos los sectores de actividad y los resguardos y protocolos necesarios para funcionar en la nueva normalidad.
Dilemas. La conducción económica tiene un desafío agregado: la pandemia ha causado mucho daño en empleo y endeudamiento empresarial. Compensar y ayudar a los que transitan estás grave circunstancias, implica un gasto fiscal extraordinario. El supuesto básico es que el apoyo es transitorio hasta que la economía se reactive, aunque dimensionarlo es difícil y, seguramente, ciertos apoyos deberán permanecer más tiempo.
¿Cuánto expandir el gasto entonces? En este punto el equilibrio también es difícil porque -como decíamos al comienzo- la economía ya venía mal antes de la epidemia y -por tanto- la capacidad del Estado para expandir el gasto está acotada. Se abre aquí una inevitable y sana discusión política. Desde la oposición frenteamplista - a cargo del gobierno hasta hace pocos meses- se insiste en que Uruguay tiene grado inversor y acceso a los mercados financieros como para cubrir una expansión más contundente del gasto, basándose en la confianza y la fortaleza institucional del país. Desde el gobierno, quienes toman las decisiones son más cautelosos y advierten que una expansión del gasto más allá del límite comprometería la posición financiera del Uruguay, arriesgaría el Grado Inversor y generaría a futuro un problema económico -y por tanto social- tanto o más grave que el que se pretende evitar en lo inmediato, durante la pandemia.
Dónde está ese límite es difícil determinarlo y el gobierno actúa en base a sus convicciones. Por un lado, es posible que Uruguay -en la comparación con otros países- haya gastado menos, pero hay que hacer algunas precisiones.
En efecto, el gobierno ha estimado que los gastos extra totales por la pandemia serían de unos US$ 400 millones (menos de 1% del PBI) y a ministra Arbeleche planteó “encapsular” en el Fondo Coronavirus el financiamiento para el gasto específico por la crisis sanitaria. En otras palabras, acotarlo y controlarlo, para que no se desborde. Otros países han desplegado apoyos bastante superiores. Sin embargo, no son cifras comparables: esos países -europeos o vecinos regionales como Chile o Perú- informan paquetes totales de apoyo de varios puntos de PBI, que se aplicarán en un cierto período y a término. El caso de Uruguay es distinto, pues tiene mecanismos automáticos de sostén social -entre ellos el seguro de desempleo- que no pueden acotarse: son derechos adquiridos. Al mes de mayo (transcurridos algo más de 2 meses de pandemia) el seguro de paro ya implicó gasto extra por más de US$ 100 millones, monto que se eleva a US$ 180 millones si se suman otras partidas de la seguridad social. Es posible que la cifra más que se duplique al culminar la pandemia y que el costo de la pandemia supere la estimación de US$ 400 millones, lo que llevaría el déficit fiscal a más de 6%.
Hay que considerar que Chile, Perú y otros países han tenido un desempeño macroeconómico mejor y disponen ahorros y fondos que Uruguay no posee, y por eso -seguramente- el gobierno uruguayo tiene un abordaje más paulatino, de pasos cortos pero seguros. Dicho esto, es posible que haya un sesgo a una actitud fiscal más cautelosa que audaz por parte del gobierno, que se asocia a su propia visión política liberal/conservadora, así como la izquierda -en su momento- pecó más por expansión y exceso de gasto (y sin pandemia). Hay que agregar que -comparando con países que tienen la misma calificación de deuda- Uruguay está más dolarizado, y llegó a la crisis con déficit y deuda mayor.
Aún con las mencionadas restricciones, el alcance de la cobertura social de Uruguay es amplio y se expandió fuertemente en la pandemia. Un estudio reciente del BID -citado por Búsqueda- destaca que los planes de asistencia social en Uruguay pasaron de atender el 50 a casi 100% de los hogares de bajos ingresos, aunque cubriendo menos del 20% del ingreso habitual (pre pandemia). Amplio alcance pero cierta insuficiencia parece ser el rasgo de las ayudas, aunque esto se verá en la evolución de los meses.
La discusión tiene otra arista que desde la política -lamentablemente- no se aborda. Buena parte de la gente que ha quedado sin ingreso son trabajadores informales. Y allí hay un asunto delicado, porque si se dispone un apoyo contundente al informal: ¿qué señal se da al que aportó siempre para tener cobertura? ¿Otra vez los ‘nabos de siempre’? Hay que remarcar que muchos trabajadores informales lograban ingresos mayores a muchos otros formales de salario bajo. Claro que éstos tienen cobertura, aquellos no. ¿Entonces? No es un dilema sencillo: el objetivo es mitigar y contener, para que no quede gente por el camino, excluida; pero también hay que ser consecuente con el contrato social.
Luces al final del túnel. La economía uruguaya tendrá una fuerte caída este año, cuya dimensión dependerá del retroceso en el segundo y tercer trimestre (abril-setiembre) y de cómo se dé la recuperación. Según la ministra de Economía, ya hay síntomas de reactivación, lo cual es positivo. Se han dispuesto estímulos para recuperar el empleo (subsidio de $ 5.000 a los trabajadores retomados o nuevos contratados) y la negociación salarial busca el punto adecuado entre mantener el ingreso real y viabilizar la recuperación de puestos de trabajo.
Las obras de UPM se van desarrollando y Uruguay ha sumado prestigio por su gestión de la pandemia, lo que reafirma el buen acceso al crédito y nos da tiempo para encarar lo que las cifras del PBI están denunciando: problemas de competitividad, mercados y productividad; el saldo comercial se ha deteriorado (cuadro). A la uruguaya, sin grandes cimbronazos ni revoluciones, hay que encarar estos asuntos, y el Presupuesto será el primer paso. Solo con la LUC no alcanza y cuanto más amplios los consensos, mejor.