Un esquema defectuoso con un final tan predecible como evitable. Un sistema que financiaba el pago de sus obligaciones, no con el ingreso genuino de sus inversiones, sino a partir de fondos provenientes de nuevos aportantes. Una situación financiera frágil, que se fue agravando bajo la mirada complaciente de los reguladores y la inacción de una directiva incapaz de modificar el curso de este Titanic rumbo al iceberg. No, no estamos describiendo el fraude que armó Conexión Ganadera sino la situación que atraviesa la Caja de Profesionales.
Exceptuando el carácter fraudulento de los fondos ganaderos, la Caja de Profesionales al igual que la gran mayoría de los sistemas provisionales de reparto, presenta un diseño igualmente defectuoso y de similar vulnerabilidad que un esquema Ponzi.
Resulta destacable que, a diferencia de las administraciones anteriores, el ministro entrante haya decidido resolver esta situación crítica que hereda, sin embargo, a priori las soluciones no parecen alentadoras para el colectivo de profesionales. Entre las ideas que se esbozan, no se contempla “salvar la Caja de Profesionales, sino cubrir una parte menor del déficit. Pero entonces, ¿sobre quién debe recaer realmente esta responsabilidad?
Los profesionales, sin duda, debemos hacer mea culpa por acción u omisión, en especial aquellos que ocuparon cargos directivos y gerenciales en la CJPPU quienes, percibiendo sueldos onerosos, permitieron que la situación llegara a esta situación tan comprometedora.
El artículo 67 de la Constitución de la República es claro al establecer que el Estado es garante de todos los servicios de retiro. Ello y el carácter obligatorio de los aportes que realizan los profesionales en ejercicio debería ser justificativo suficiente para que el gobierno asuma el déficit como lo ha hecho con otras cajas paraestatales e instituciones del sector de la salud.
Ahora bien, detrás de la implosión de la Caja, no solo existen problemas comunes a todos los sistemas previsionales como son la captación de contribuyentes, la relación pasivo/activo y una mayor expectativa de vida, sino que existe una pobre conducción de esta Caja que presenta un déficit anual de 60 millones de dólares anuales, lo que en cierta forma dificulta argumentar a favor de un salvataje y crea un problema de riesgo moral.
El riesgo moral surge cuando los directores de una institución actúan de manera irresponsable, confiando en que serán rescatados si las cosas salen mal. Es el mismo principio que estuvo en juego en la crisis financiera de 2008, cuando el secretario del Tesoro de EE. UU., Henry Paulson, decidió dejar caer a Lehman Brothers para enviar un mensaje al mercado. La decisión fue clara, pero desencadenó una crisis financiera global que los obligó posteriormente realizar un rescate aún mayor. En el caso de la seguridad social en Uruguay no existe un riesgo sistémico o posibilidades de contagio, sin embargo, el gobierno se encuentra en una disyuntiva similar y quizás por ello, si bien se propone realizar un rescate, una parte del mismo probablemente recaiga injustamente sobre las pasividades y aportes que realizan los propios profesionales. Si por el contrario se dejara caer la Caja, escenario poco probable, nos enfrentaríamos a una crisis política y social de gran magnitud.
Ignoramos por qué no fue incluida en la reciente reforma previsional que promovió el gobierno anterior, pero evidentemente este es un buen momento para corregir en profundidad el diseño y estructura de la Caja de Profesionales. Lo primero que deberíamos cuestionar es si debemos mantener el sistema de reparto por sobre un sistema de ahorro individual. ¿Deberían ser los sistemas previsionales herramientas para promover redistribución de ingresos? ¿Deberíamos enfocar esta tarea en la órbita del Mides o desarrollar fondos de cobertura específicos para tal objetivo?
Aquí el país nuevamente se parte en dos mitades, y a pesar de la contundente evidencia y el pronunciamiento democrático en dos consultas populares que respaldaron la LUC y la reciente reforma previsional, una parte del gobierno y el Pit Cnt se encuentran promoviendo medidas que van totalmente a contramano. Esto incluye eliminar los sistemas de ahorro individual, reducir la edad de jubilación, menos horas de trabajo (sin contrapartida por competitividad), promover la indexación de salarios y para colmo, endurecimiento de la regulación laboral que incluye, entre otras cosas, reinstalar las ocupaciones de lugares de trabajo.
Todas estas medidas no solo van en sentido contrario a las reformas que necesita el país sino que, de aplicarse, muy probablemente desincentiven la inversión, aumenten el desempleo y la inflación, afecten el crecimiento económico y profundicen el ya elevado déficit fiscal, complejizando la crisis previsional que estamos experimentando.
Volviendo a la analogía de la crisis financiera de 2008, el gobierno americano resolvió, en función de evitar una crisis en la cadena de pagos, realizar una capitalización masiva de todo el sistema financiero. Ello, que en su momento fue denominada como la “Bazuca”, lo cual, fue una señal contundente que el secretario del tesoro H. Paulson y B. Bernanke en la Fed resolvieron enviar para estabilizar los mercados, promover el crédito y reactivar la economía.
Si efectivamente una reforma de la Caja de profesionales entre otras alternativas promueve intentar captar voluntariamente profesionales en relación de dependencia para que opten por incorporarse a este régimen previsional, entonces muy probablemente Oddone requiera no solo promover una fuerte reestructura, sino que deberá desenvainar la bazuca y dar una señal clara, ya que nadie en su sano juicio, excepto los profesionales que ya están aportando hace mucho, eligirían este caballito perdedor.