Por Leopoldo Amorim, columnista invitado (*)
En el debate económico uruguayo, el atraso cambiario suele justificarse como un precio aceptable a pagar por estabilidad, control de la inflación y mejora del salario real. Sin embargo, la evidencia -histórica y actual- muestra que se trata de una política que redistribuye ingresos en el corto plazo a costa de deteriorar la base productiva y postergar, de manera sistemática, el crecimiento económico.

El poder del sistema político se sustenta en el voto. Los recursos que administra son públicos y su horizonte temporal es, por definición, corto: las próximas elecciones. En ese marco, el incentivo central de cualquier gobierno es beneficiar a los sectores con mayor peso electoral inmediato, aun cuando ello implique costos significativos en el largo plazo. Toda política que permita al Estado apropiarse directa o indirectamente de renta privada fortalece ese poder.

El atraso cambiario encaja perfectamente en esta lógica. No genera nuevos recursos. En economía, nada es gratis: si algunos sectores mejoran su bienestar sin que exista una mayor generación de riqueza, necesariamente otros deben financiarlo.

En Uruguay, donde el crecimiento potencial es bajo y la productividad lleva años estancada, este punto resulta especialmente relevante. Dado que el atraso no crea recursos adicionales, el mayor bienestar de ciertos sectores y la mejora transitoria de las cuentas públicas se logran fundamentalmente de dos maneras: mediante endeudamiento -cuyo costo recaerá sobre generaciones futuras- y a través de transferencias entre distintos sectores de la sociedad. El endeudamiento no afecta al gobierno presente, pero compromete el futuro del país.

Endeudarse para sostener niveles de consumo actuales, sin aumentar la eficiencia del aparato productivo ni financiar inversión que eleve el producto potencial, no constituye una política de desarrollo. Es, en los hechos, consumo anticipado de riqueza futura, sin creación de capacidades que permitan sostenerlo en el tiempo. Lo que no se obtiene por mérito propio se toma prestado de las generaciones que aún no votan.

Transferencias implícitas. La discusión sobre el atraso cambiario suele centrarse en si la redistribución que genera es socialmente justa. Esa discusión es incompleta. La pregunta central es si esa redistribución es compatible con un país que necesita producir más para crecer.

El atraso cambiario transfiere ingresos desde los sectores transables -en particular el agro, la industria exportadora y el turismo- hacia el Estado y hacia sectores no transables que perciben ingresos en moneda local apreciada. Corresponde entonces preguntarse si estas transferencias son justas y, sobre todo, si resultan beneficiosas para el país en su conjunto.

Podría argumentarse que ciertas transferencias desde sectores exportadores hacia sectores asalariados de menores ingresos son socialmente deseables si mejoran el bienestar de una mayor cantidad de personas. Sin embargo, esta justificación solo es válida mientras dichas transferencias no comprometan la capacidad productiva de quienes las financian. Cuando el mecanismo erosiona la producción, el resultado final es una sociedad más pobre.

Debe señalarse además que el atraso cambiario no discrimina por nivel salarial. Al mejorar artificialmente el poder adquisitivo en pesos, genera aumentos proporcionales mayores en los salarios altos, produciendo remuneraciones desalineadas con la productividad y la función económica que cumplen.

El problema central no es solo distributivo, sino de método. El atraso cambiario es una herramienta profundamente ineficiente para realizar transferencias.

Encarecimiento del país. El atraso cambiario encarece al país en dólares. Reduce el valor real del tipo de cambio y, con ello, los ingresos de las empresas transables, mientras incrementa el poder adquisitivo del Estado, importadores y de los sectores que cobran en moneda local apreciada. En el corto plazo, la economía se expande artificialmente y aumenta la recaudación. El Estado recauda impuestos en pesos fuertes, paga deuda externa con dólares baratos y reduce el costo de importaciones estratégicas como el petróleo, uno de sus principales componentes de gasto.

La transferencia desde el sector productivo se materializa principalmente vía costos. Las empresas intensivas -aquellas cuya rentabilidad depende del volumen producido más que del margen unitario- son las más perjudicadas debido a su alta relación insumo-producto. Las empresas más extensivas o conservadoras, con menor escala y menor uso relativo de insumos, logran sobrevivir.

Desde la perspectiva del país, esta es una pésima selección. Lo relevante no es el margen individual del empresario, sino la cantidad total de bienes producidos, el empleo generado y la capacidad de sostener crecimiento. Las empresas intensivas generan varias veces más producto y empleo que las extensivas dentro del mismo rubro. El atraso cambiario, sin embargo, penaliza exactamente a las primeras.

El resultado es un sesgo sistemático contra la productividad: se expulsan las empresas más eficientes y se preservan las menos dinámicas. Así se explica el estancamiento crónico que acompaña, una y otra vez, a las políticas de atraso cambiario.

Origen fiscal del atraso cambiario. El atraso cambiario no es un accidente. Es la consecuencia directa del déficit fiscal. Cuando el Estado no logra financiar su gasto con recursos genuinos, enfrenta una disyuntiva clásica: emitir dinero y generar inflación, o endeudarse.

Para evitar el costo político inmediato de la inflación, elige endeudarse en moneda local, ofreciendo tasas de interés muy superiores a las internacionales. Los agentes económicos venden dólares para prestarle pesos al Estado, aumentando la oferta de divisas, apreciando la moneda y generando atraso cambiario.

El gobierno obtiene así un doble beneficio de corto plazo: evita la inflación presente y consolida un tipo de cambio bajo que mejora artificialmente salarios reales y cuentas fiscales, reactiva momentáneamente la economía a costa de un deterioro productivo que será pagado en el futuro.

El ajuste inevitable. La historia económica uruguaya es clara y reiterada. Los esquemas de atraso cambiario no se corrigen por decisión política, sino por agotamiento. Cuando la destrucción productiva se traduce en caída del empleo, endeudamiento generalizado y pérdida de dinamismo económico, el modelo se vuelve insostenible.

El momento de la corrección no es discrecional ni aleatorio. Depende en gran medida del ciclo internacional de precios de los productos que Uruguay exporta.

Una mejora en los términos de intercambio puede postergar la corrección del atraso cambiario; una desmejora, en cambio, la acelera al dejar al descubierto las inconsistencias del esquema.

Así ocurrió en episodios anteriores: antes de su corrección, el país enfrentó paralización productiva, fuerte endeudamiento empresarial y tasas de desocupación cercanas al 18%.

Cuando este esquema -caro, distorsivo y funcional al corto plazo político- finalmente se corrige, el ajuste llega de manera abrupta. Y no lo pagan quienes tomaron la decisión, sino los mismos sectores que antes fueron beneficiados: vía inflación, caída del salario real y pérdida súbita del poder adquisitivo. Cuanto más se prolonga la negación del atraso, más violenta, regresiva y costosa es su corrección.

(*) Productor Rural, Médico Veterinario