El agro es un ejemplo alentador de innovaciones y desarrollo tecnológico, que Uruguay tiene que desplegar más intensamente si no quiere perder tren en la economía del siglo XXI.

Ing. Agr. Nicolás Lussich.

Uno de los puntos interesantes en el último debate presidencial surgió cuando los candidatos Martínez (FA) y Lacalle Pou (PN) plantearon sus ideas de futuro para la sociedad uruguaya. Allí Martínez mencionó su iniciativa para construir Estaciones de Futuro, sitios donde se facilita conectividad e infraestructura (oficinas, gastronomía) para que nuevas empresas innovadoras (startups) desarrollen sus proyectos. Lacalle Pou cuestionó el planteo, señalando que -para desarrollar innovación- el asunto no pasa por invertir en “ladrillos” sino por estimular el conocimiento y la educación, abriendo oportunidades para investigar e impulsando la ANII (Agencia Nacional de Investigación e Innovación), creada en 2006.

Hay argumentos válidos en ambos planteos, que no son necesariamente contrapuestos. Martínez propone una herramienta que se ha mostrado efectiva en otros países, caso de Israel y Dinamarca, y que -en cierta medida- ya se está aplicando en Uruguay a distintos niveles (espacios de cowork, sinergia), incorporando las tendencias que traen las nuevas formas de trabajo, más flexibles e interactivas. Organismos estatales, las universidades y otras empresas e instituciones están desarrollando ámbitos con esta concepción. Lacalle Pou plantea que estos emprendimientos, sin actores dinámicos y actitud innovadora, no funcionan, por lo que se necesita profundizar en la educación y el conocimiento.

El asunto es muy importante porque -más allá de los problemas urgentes como el desequilibrio fiscal, las limitaciones comerciales y la inseguridad- el futuro del Uruguay se juega en su capacidad de ingresar y participar de la revolución tecnológica mundial que está teniendo lugar en estos momentos, y que cambia paradigmas en todos los sectores económicos (agro, industria, turismo, energía, transporte), así como a los principales servicios sociales (educación, salud). Participar de esa revolución pasa -entre otras cosas- por lograr impulsar nuevas empresas innovadoras que puedan desplegar su conocimiento y productos a escala global.

La capacidad de innovación de un país puede medirse a través de indicadores presupuestal, por ejemplo midiendo la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) en relación al PBI. En este plano Uruguay tiene un largo trecho por recorrer, pues la inversión estatal es baja y la de empresas e instituciones aún menor; pueden contarse con los dedos de las manos las compañías uruguayas que tienen establecidos presupuestos y equipos de investigación y desarrollo permanentes, aunque esto seguramente está cambiando. Las últimas cifras indican que nuestro país aún invierte menos del 1% del PBI en I+D, siendo la mayor parte de dicha inversión estatal. En países desarrollados el indicador está entre 2 y 3%, con algunos casos (como Finlandia) con más del 3,5%.

Pero el espíritu innovador va más allá de presupuestos explícitamente definidos o de cuestiones vinculadas a laboratorios, o sesudos desarrollos de ciencias exactas. Tiene que ver con una actitud más profunda que busca resolver problemas y visualizar posibilidades de mejora, ya sea para reducir costos, facilitar el trabajo de la gente, u ofrecer productos mejores o distintos. En muchos casos, se trata de combinar de manera diferente (innovadora), recursos ya existentes, para lo cual las nuevas tecnologías de la información tienen alto impacto, permitiendo hacer hoy cosas antes imposibles.

El agro. El agro es un buen ejemplo de todo esto. Siempre se supo que la gestión “en bloque” de las chacras y campos, implicaba asumir ciertos costos e ineficiencias, pues los espacios productivos no son homogéneos. Pero no se podía trabajar “sitio a sitio”… hasta que aparecieron internet, la telefonía móvil y la localización satelital, las cuales -combinadas- están permitiendo precisamente un trabajo localizado, punto a punto, que está revolucionando la agricultura. Esto trae beneficios económicos, ambientales y sociales.

Buena parte de estas innovaciones llegaron y llegan a través de empresas y proveedores; también el sector cuenta con el INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), que permite un acceso permanente a innovaciones, tanto de creación propia como en su proceso de adaptación a nuestros campos, en el caso de que las nuevas modalidades lleguen desde otros ámbitos. Con un presupuesto de US$ 40 millones anuales, INIA es perfectible, pero ha demostrado ser una herramienta muy buena para responder a los desafíos tecnológicos del agro.

Para valorar y acceder a esa dinámica y participar de la revolución tecnológica que está en pleno desarrollo, hay que dejar prejuicios de lado. Históricamente se vio al agro como un sector conservador, de poca innovación y reacio al cambio; la realidad -en especial en los últimos años- pasó por arriba de estos prejuicios, aunque ha costado reconocerlo: el agro impulsó la economía uruguaya a base de innovación y tecnología, con los organismos genéticamente modificados impulsando la agricultura, con las nuevas maquinarias apoyando dicho rubro y otros como la forestación y la propia lechería, y con persistentes mejoras de manejo, insumos, sanidad y logística, que han permitido a la ganadería avanzar a un nuevo escenario de alta calidad.

La mejora genética está presente en todos los sectores y el cuidado ambiental ofrece nuevas oportunidades de innovación. La forestación aportará una nueva generación de productos sustitutos de los de origen fósil, y las energías renovables constituyen otro ámbito de desarrollo agrointeligente. Y hay más ejemplos.

Lo que sucedió en el agro -sin ser el único sector dinámico- es un buen ejemplo para otras áreas de la actividad. Sin embargo, la escasa disposición al cambio y la falta de apertura de muchos sectores -en particular de servicios- a nuevas modalidades de trabajo, con escasa vocación competitiva, conspiran contra el desarrollo de un ambiente innovador más vibrante en Uruguay. Y no es que falten instituciones o herramientas, sino que escasean proyectos nuevos. En la ANII esto ha sido bien diagnosticado y genera preocupación: hay varios programas y apoyos, pero se usan menos de lo esperado; las herramientas están y tienen buenas capacidades, pero el uso es menor al deseado, más allá de varios casos interesantes y exitosos. El presupuesto de la Agencia es de US$ 44 millones.

Apertura comercial. Plantear estas preocupaciones no es desconocer lo mucho que se hace. Están vigentes estímulos a la inversión en I+D con leyes recientes y con el régimen de promoción de inversiones; la Udelar, universidades no estatales (crecientemente) y varias empresas están realizando más inversión en I+D; sin embargo la respuesta aún es baja. No es casualidad que -esta semana- un grupo de connotados científicos e investigadores uruguayos de la diáspora planteara su preocupación por el “estancamiento” en ciencia y tecnología, en una carta publicada en Búsqueda.

Creo que esto tiene que ver con problemas en varios niveles. Por un lado, la escasa vocación a la apertura comercial del Uruguay, que nos tiene rezagados respecto a las economías más dinámicas de la región; asimismo, el derrotero que han tenido las relaciones laborales ha restringido los espacios de innovación en las empresas, pues en muchos casos mejorar un proceso o incorporar nuevas modalidades de producción, choca con las restricciones que impone una negociación colectiva que luce anquilosada y sin capacidad de cambio o mejora. Además, la escasa apertura de muchos sectores (financiero, salud, educación), tiene como consecuencia una dinámica innovadora acotada, con poco espacio para ensayar cambios que -obviamente- implican riesgos. Finalmente, tampoco ayuda la reticencia a fortalecer la propiedad intelectual; como claro ejemplo, Uruguay todavía no ha adherido al Tratado de Cooperación en Patentes.

Así, el Índice 2019 del Foro Económico Mundial sobre Competitividad muestra al Uruguay en un destacado 14vo puesto en adopción de Tecnologías de Información y Comunicación, por sus avancen en telefonía móvil, banda ancha, etc., pero está en el puesto 67 en ambiente de innovación, en un total de 141 países analizados. Como dijo el Cr. Bruno Gili (CPA Ferrere), uno de los responsables de elaborar el capítulo de Uruguay para el informe “tenemos las carreteras pero falta que haya más circulación por ellas”.

Si no se procesa un cambio profundo en todas estas cuestiones, Uruguay arriesga quedar a mitad de tabla en la dinámica competitiva entre los países, con riesgo de retroceder algunos escalones, lo que no sería bueno para su gente. Las cifras de la Cuenta Corriente son elocuentes: hoy el país es superavitario en su balanza comercial de bienes, pues la celulosa, la carne y la soja han liderado una expansión histórica.

En servicios también hay superávit, aunque más acotado por el impacto de la crisis argentina en el turismo. Sin embargo, cuando se analizan los datos sobre retribución del capital (intereses y dividendos empresariales) Uruguay tiene un fuerte desbalance: por concepto de intereses y -principalmente- dividendos o ganancias obtenidas, salen del Uruguay casi US$ 4.000 millones anuales, entrando apenas algo más de 1.000 millones.

Retorno. En parte, era algo esperable luego de la gran ola de inversión externa que tuvimos entre 2007 y 2014; esa inversión está exigiendo -legítimamente- su retorno, y no ve -hoy por hoy- mayores oportunidades de reinvertir, por lo que gira las ganancias afuera. Mientras, son pocas las empresas uruguayas con despliegue global que “traen” ganancias desde el exterior al país. Es un desbalance que hay que mejorar y la innovación es una llave fundamental, para participar de la nueva economía de este siglo XXI. Como dijo el ex presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, en una conferencia organizada esta semana por el CED: “el gran tema para América Latina es si podrá entrar a la nueva ola (…) los que lo logren van a tener beneficios mientras que los que no, van a quedar rezagados. Eso es lo que nos está angustiando hoy en América Latina”.