El riego vuelve a ocupar un lugar destacado en la agenda agropecuaria. Lo fue durante la campaña electoral y, si bien las coincidencias programáticas entre partidos despertaron expectativas, aún no se han visto señales claras de implementación. Así lo expresa Daniel Rubio, integrante de Regadores Unidos del Uruguay, pionero en la introducción del Merino Dohne y productor en la mítica estancia Tres Árboles.

Rubio remarcó que el riego ha sido identificado como una herramienta clave para hacer crecer la economía nacional. En Hablemos de Agro, de Canal 10, explicó que Regadores Unidos contrató al centro de estudios Ceres para cuantificar su impacto potencial. ¿El resultado? Un crecimiento de más de tres puntos del Producto Interno Bruto si se llega a 300.000 hectáreas regadas. “Eso serían unos 2.000 millones de dólares adicionales por año. El país invierte una vez, y el impacto se acumula”, apuntó.

Para Rubio, es indispensable una política de Estado con respaldo institucional similar a la que impulsó la forestación en los 90. Sin embargo, advierte que el riego no tiene un “impulsor natural” como en su momento fue la industria de la celulosa. “Hoy hay muchos actores, y no se necesita una zona franca, pero sí una decisión política firme. Una figura de peso que coordine ministerios y agilice procesos”, propone.

El principal cuello de botella, según Rubio, está en la burocracia. “Hay trabas ambientales sin fundamento, y los procesos para habilitar una represa son engorrosos. Eso debe cambiar para dar previsibilidad al productor”, subrayó.

Instalar un sistema de riego —con represa, pivote y conducción— cuesta entre 4.000 y 4.500 dólares por hectárea. Una inversión significativa, que se justifica en contextos de alta variabilidad climática. “En enero no llovió, pero nosotros sacamos 15.000 kilos de maíz por hectárea. Es un seguro de producción”, dice Rubio, que destaca el rol clave de los beneficios fiscales de Comap para viabilizar la inversión.

No obstante, advierte que muchos productores no pueden acceder al riego. “Pequeños y medianos productores, arrendatarios o quienes no tienen padrones aptos para represas, quedan afuera”, explicó. De ahí su defensa de un modelo de represas multiprediales, más eficientes y menos contaminantes.

El costo energético es otra barrera. “El 85% del costo de regar es energía, y Uruguay tiene la tarifa más alta de la región. Hay que trabajar con UTE para crear soluciones por zonas, como ya se hizo en cuencas lecheras”, remarcó.

Rubio considera que el financiamiento no debería ser un obstáculo si se diseña un esquema claro. “Hay interés del BID y las AFAP ya han financiado grupos que riegan, porque aseguran flujo productivo. Pero hace falta una institucionalidad que articule zonas, productores y empresas constructoras”, dijo.

Propone una figura tipo desarrollador de riego, similar al rol que cumplen los consorcios en infraestructura vial o ferroviaria. “Tiene que haber expropiaciones, permisos de paso y un diseño por cuencas, con una hoja de ruta clara. Hoy estamos como un avión que no aterriza: a tres metros de la pista, sin bajar”, graficó.

Rubio es uno de los fundadores de Regadores Unidos, una asociación sin fines de lucro creada hace 13 años. Reúne a unos 40 productores que riegan por pivote —excluyendo a los arroceros— y ha generado información estadísticamente válida sobre el impacto del riego en distintos sistemas productivos. “Al principio había mucho miedo, poca información. Hoy podemos hacer presupuestos reales. Por eso las AFAP nos creen”, explicó.

Consultado sobre el contexto agropecuario para consolidar el riego, Rubio es prudente. “No me gusta ser pesimista, pero no hay que proyectar con precios altos. El mercado de granos está saturado, con Brasil creciendo como nunca. Competimos con ellos en todo”, afirmó.

Aun así, subraya que el riego tiene un enorme valor estratégico. “En la avicultura, la ración es el costo más alto. Producir maíz con riego reduce esa dependencia. Lo mismo pasa con cerdos, lechería o ganadería”, detalló.

Rubio concluyó que el riego no es para todos, pero sí debe ser una herramienta al alcance de más productores. “No se trata de que todos rieguen, sino de que el país tenga una política de agua para producción sustentable. Y eso empieza con voluntad política”, sentenció.