Hay un plan, pero se necesita compromiso

Pablo Antúnez y Manuela García Pintos

Los ataques de perros a las ovejas y otros animales productivos, es un problema que Uruguay viene arrastrando desde la década de 1950. Para erradicar la problemática, no existen soluciones mágicas, ni tampoco se elimina de un día para el otro. Este flagelo, causa enormes daños económicos y sicológicos a los productores, especialmente los dedicados al ovino.

Más allá del recrudecimiento del problema en algunas zonas y de abarcar a todo el país, es la primera vez que un gobierno destina recursos y trabaja en soluciones de corto y mediano plazo. El objetivo del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) es asegurar el cumplimento de los estándares de bienestar animal en todas las especies y en todas las actividades en las que interfiere el hombre.

“La superpoblación canina es uno de los temas prioritarios. Está muy presente hoy por sus consecuencias negativas y por el ataque a los animales de producción”, aseguró a El País la presidenta del INBA, Marcia Del Campo, referente en bienestar animal e investigadora principal del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). Incluso se logró cuantificar y se sigue trabajando en lo que son el ataque de perros con y sin dueño a las personas, las zoonosis que transmiten y la siniestralidad que provocan en el tránsito.

Del Campo, que además es productora, conoce y entiende los perjuicios que generan las jaurías sobre las majadas, considera que este problema “es insostenible”, pero aseguró que “se está trabajando y no hay soluciones mágicas”.

Desde el INBA se promueven estrategias de largo plazo, como lo son el chipiado y la castración obligatoria de perros en el medio urbano y rural. También hay otras de largo plazo, como la creación del Sistema Nacional de Albergues donde se llevarán los perros que se saquen de la calle o de los campos. “Se presentaron los Decretos Reglamentarios con la obligatoriedad de identificar y identificar todos los perros y el que crea el Sistema Nacional de Albergues”, destacó Del Campo. En el primero de los casos existía una Ley, pero no estaba reglamentada. “Los Decretos llevaron meses de trabajo”, dijo. La idea es comenzar a fiscalizar que los animales estén castrados y chipeados.

“El Estado se asegurará lugares para poder llevar los animales que se retiren del medio urbano y luego los del medio rural. Hoy no hay lugar donde poner los perros”, aclaró Del Campo. Desde el gobierno se tiene claro estas iniciativas no solucionan por completo los ataques de perros a las majadas, pero servirán para bajar su incidencia.

Convenios. Desde el INBA se busca que sean las intendencias las que tengan el rol protagónico y faciliten el chipeado y castración a nivel de los hogares de bajos recursos que no pueden afrontar esta obligatoriedad. “Se hicieron convenios con las 19 Intendencias y con la Comisión de Zoonosis. Se van a hacer 131.000 castraciones, para lo que se depositaron 60 millones de pesos a las intendencias y 40 millones de pesos a la Comisión de zoonosis. La identificación electrónica será gratuita. Los identificadores los compró el MGAP”, dijo la presidenta del INBA. Rocha fue el primer departamento que comenzó con esta iniciativa.

El segundo punto clave, según Del Campo, es la creación de grupos departamentales del INBA, que serán liderados por el Director Departamental del MGAP. Todos los Directores Departamentales fueron renovados el mes pasado.

“Cada Director Departamental convocará a su grupo que estará integrado por la Intendencia, que deberá tener un rol protagónico en la ciudad y en el medio rural”, dijo. La Comisión de Zoonosis hará 38.500 castraciones y priorizará los centros del medio rural. “Hay que comenzar a trabajar con los perros de la campaña, además de los que están en el medio urbano y ahí las intendencias tienen que tener un rol protagónico”, sostuvo. Cada grupo estará conformado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la Intendencia, Ministerio del Interior, Comisión de Zoonosis y se propuso que estén representados los productores y algunas protectoras.

Es otra de las acciones a impulsar. Se trabajará “a nivel del sistema educativo normal en la creación de valores y concientización de una tenencia responsable”, dijo. “Habrá que trabajar mucho en educación y control”, afirmó. “Hay varias medidas a largo plazo, pero en la medida que tengamos donde llevar esos animales que se retiren del medio rural y urbano, se podrá dar respuesta en el corto plazo. A su vez, en la interna, se manejan otras cuantas ideas para aplicar en el corto plazo que todavía están en evaluación”, dijo.

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La Directora General del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), Fernanda Maldonado, aseguró que hay un tema que, independientemente de la rapidez de las medidas, hay que abordar muy seriamente: la educación y sensibilización respecto a esto. “Todos tenemos que pararnos de otra manera para abordar esta problemática y, por lo tanto, abordar las medidas que se quieren implementar independientemente de que sean a mediano, corto o largo plazo. Hay un desafío enorme como sociedad toda”, dijo a El País.

En ese sentido, Maldonado instó, primero, a “hacernos cargo de la problemática”: “Reconocer las responsabilidad que cada uno pueda tener en eso desde varios aspectos: puedo tener responsabilidad como tenedora de animales de compañía; quizás tengo responsabilidad para abordar el tema desde otro rol, como formador de opiniones, representantes de actores sociales, representantes de determinada profesión, comunicadores públicos, desde todo lugar que de alguna u otra forma puedo aportar o estoy vinculada a la problemática que no solo tiene que ver con animales de compañía”.

A partir de ese punto, señaló, se abre la posibilidad de implementar medidas. “Si esto no se aborda de esa forma, para el gobierno, que es al que primero se le reclama, es muy complejo llevar cualquier tipo de medidas adelante. Ya sean a corto, a mediano o largo plazo”, indicó.

En tanto, Maldonado explicó que existe un programa y un plan de actuación de abordaje de esto, con medidas que se van a visibilizar a mediano plazo. Hace tiempo se presentó y se viene tratando de llevar adelante y mucho de esto será ejecutado en 2022. Se destaca: el tema de la concientización, la educación y de cómo se aborda está problemática. Para ello, se debe trabajar muy coordinadamente el sector privado con el público para contribuir a esta sensibilización que cada cual la va interpretar y ver desde su rol. “Esas cosas tienen que ser tenidas en cuenta para después ser exitosos en la implementación de las medidas”, dijo.

Esto tiene algunos pilares: la sensibilización y educación, porque es un tema cultural. Existe el Programa Nacional de Control Reproductivo, los convenios que se han hecho con los gobiernos departamentales, con la Comisión de Zoonosis, las castraciones gratuitas, se terminó la licitación de 250 mil chips para las intendencias. Se prevé dotar al INBA con más infraestructura y personal, se encamina el Programa Nacional de Albergues y el Sistema de Registro de Animales de Compañía. “Es decir, se vienen implantando una serie de medidas”, aseguró.

La Directora General del MGAP, Fernanda Maldonado, explicó que un productor que sea víctima del ataque de una jauría (muerte o mordedura) siempre tiene que hacer una formalidad: la denuncia. Pero además, si tiene certeza de dónde vienen los perros (de los vecinos, por ejemplo) debe hacerlo saber a la autoridad competente porque se apunta a ubicar de dónde vienen los animales. Eso es para casos urgentes. Además, el productor tiene otras vías: cuando identifica de quién son esos animales se lo puede indemnizar por los daños ocasionados, si sabemos nunca se van a reflejar los daños, porque van más allá de lo económico.

El instrumento para garantizar el bienestar animal, que no sólo atañe a perros y gatos, sino a todos los animales productivos, fue la creación del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA).

La manifestación de productores afectados por el ataque de perros a sus majadas, frente a Presidencia de la República, presionando al gobierno y mostrando incluso las ovejas muertas y otras gravemente heridas, desató una verdadera polémica. La Sociedad Uruguaya de Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales (Suvepas) discutió con los veterinarios que atienden rumiantes, encendiendo las redes sociales, por los cruces entre los profesionales que atienden a ambas especies, los urbanos y los que habitualmente recorren las estancias y parajes en el interior. Finalmente, Gastón Cossia, director del Instituto Nacional de Bienestar Animal salió a los medios a anunciar su renuncia. Según argumentó Cossia, uno de los motivos que le hizo tomar la decisión fue la manifestación de los productores en Plaza Independencia. Semanas atrás, la Federación Rural, entre otras instituciones, había pedido su renuncia y desde el Ejecutivo se tomaron medidas.

En agosto de 2021, en el Instituto Nacional de Bienestar Animal se la había retirado la confianza y ya no tenía mayor relacionamiento con las acciones de la institución.

En los seis meses desde la creación de esta nueva figura, que pasó a sustituir la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (Cotryba), el accionar de Cossia generó algunos problemas. En el Consejo Directivo del INBA, los dos delegados de la Facultad de Veterinaria, donde están representados un veterinario dedicado a los pequeños animales y otro a los animales productivos, se retiraron (titular y alterno).

A su vez, la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay retiró a su titular por encontronazos con el hasta esta semana director del INBA. Estos alejamientos fueron mantenidos en reserva dentro del INBA, hasta que el mes pasado cayó el voto de confidencialidad. Todos estos problemas, según supo El País, generó la reacción del Ejecutivo. Aún no está designado oficialmente el funcionario que ocupará el cargo de Cossia, pero seguramente será nombrado en los próximos días, buscando darle un nuevo impulso al INBA, que tiene mucho por hacer.