La Asociación Uruguaya de Ganaderos del Pastizal (AUGAP) emitió un comunicado público en el que manifiesta su preocupación por el tratamiento que se viene dando a las posibles soluciones para garantizar el abastecimiento de agua potable al área metropolitana, poniendo especial énfasis en el proyecto de la represa de Casupá. La gremial sostiene que el debate debe contemplar no solo los aspectos legales y técnicos, sino también las dimensiones humanas, productivas y ambientales involucradas.
En el documento, AUGAP reconoce que es responsabilidad del Estado asegurar el acceso al agua potable, pero entiende que ello debe hacerse considerando adecuadamente a las personas afectadas, al ambiente y respetando el marco legal vigente. Asimismo, advierte que la discusión pública sobre las alternativas para el abastecimiento de agua ha estado marcada por una fuerte polarización política, lo que, a su juicio, ha dificultado una evaluación serena y basada en evidencia técnica.
La organización señala que sus preocupaciones alcanzan tanto al proyecto de Casupá como al de Arazatí, aunque en esta oportunidad se enfoca en el primero. Según expresa, la construcción de la represa implicaría una transformación profunda del sistema productivo de la zona y tendría consecuencias que trascienden la ejecución de una obra de infraestructura.
Entre los principales cuestionamientos, AUGAP menciona el impacto ambiental que tendría el emprendimiento. De acuerdo con el comunicado, la obra supondría la inundación de unas 3.000 hectáreas de campo natural y la afectación de aproximadamente 430 hectáreas de monte nativo en las Sierras del Este, ecosistemas que la gremial considera de alto valor por su biodiversidad y por el equilibrio ecológico construido a lo largo de generaciones.
La asociación también pone el foco en las consecuencias sociales del proyecto. Según afirma, más de 80 familias rurales podrían verse afectadas por la obra, muchas de ellas con varias generaciones de arraigo en el territorio. Para AUGAP, detrás de cada predio que podría ser inundado existen historias familiares, formas de vida y una identidad vinculada a la actividad ganadera que difícilmente puedan ser compensadas únicamente mediante mecanismos económicos.
En el plano técnico, la gremial entiende que no se han evaluado en profundidad todas las alternativas posibles para obtener nuevas fuentes de agua con menor impacto ambiental y social. Además, expresa preocupación por el cumplimiento de los procedimientos legales y ambientales requeridos para proyectos de esta magnitud, señalando que actualmente se estaría en una etapa de actualización de la evaluación de impacto ambiental mientras, según sostiene, ya se estarían desarrollando acciones expropiatorias vinculadas al proyecto.
Finalmente, AUGAP considera que aún no existen garantías técnicas, sociales y ambientales suficientes para avanzar con la obra y exhorta a las autoridades a analizar todos los aspectos involucrados con profundidad y ecuanimidad. La organización reafirmó además su compromiso de acompañar a las familias ganaderas potencialmente afectadas y de defender el arraigo rural, la producción sustentable y la conservación de los recursos naturales.