- El combustible y su precio está en agenda desde que se comenzó con este gobierno, entre otros temas por no poder lograr la libre importación del mismo, y el gas oil es un insumo fundamental en el sector arrocero. ¿Qué análisis se hace desde ANCAP de la situación actual?

Nuestro aporte ha sido desde la gestión, de ordenar, de optimizar y de bajar costos, generando sinergia con el sector productivo nacional. Desde una visión personal, la liberalización y una empresa moderna generaría menor burocracia, baja de costos y más desarrollo. Los precios al alza del mercado internacional fueron contenidos con una gestión que se trasladó al público a través de un precio menor.

- ¿Hay alguna medida en estudio para implementar en el rubro?

Todos los sellos (distribuidoras) han implementado mejoras y estímulos al sector, en razón de los volúmenes y la importancia del rubro. Se eliminó la tasa inflamable que suponía una carga en el gasoil, lo que demuestra el compromiso en tender a la baja los costos al público. A su vez, se logró la inconstitucionalidad de la tasa inflamable y un reclamo retroactivo histórico, que marca una visión profesional de la compañía.

- ¿Cómo evalúan hasta ahora la implementación de la paramétrica de fijación de tarifas?

Es una evaluación positiva que trasparenta los indicadores internacionales. La liberalización y trabajar desde una visión de derecho privado del ente público, permitiría mayor competencia y crecimiento futuro. ANCAP percibe el 56% del precio al público en el gasoil, el resto son costos de comercialización e impuestos. Contemplar la materia prima, el refinado, la logística primaria, significa conceptualmente componentes muy importantes en el precio. En el caso de las tarifas de ANCAP, las variables que se eligen para realizar la paramétrica son el crudo y el tipo de cambio, por ser las de mayor incidencia en la estructura de costos. Si alguno de estos parámetros cambia, también cambiarán las tarifas, tanto a la suba como a la baja. El IVA en el gasoil representa el 14% de venta al público, es deducible para los sectores de transporte y el sector agrícola. El fideicomiso del transporte colectivo es aproximadamente un 8 % del precio al público, subsidio que recae en el costo de sectores productivos, agrícola y transporte. En este punto resta trabajar en equilibrios entre Montevideo y el interior, la sostenibilidad del transporte colectivo, la incidencia del transporte eléctrico y las distintas energías que empiezan a impactar en la transición energética presente y futura.