El proyecto de construcción de la represa de Casupá, impulsado por el gobierno con el objetivo de reforzar el abastecimiento de agua para la zona metropolitana, genera creciente preocupación entre vecinos y productores de la zona donde se prevé la obra. La iniciativa, que en el plano político ha sido motivo de debate, plantea también un fuerte impacto social y productivo en áreas de Lavalleja y Florida.
Álvaro Rivadavia, productor ganadero y empresario radicado en Lavalleja, se ha convertido en uno de los voceros del movimiento vecinal autoconvocado que reclama información oficial sobre el proyecto. “No tenemos ninguna estructura formal, pero ante esta circunstancia decidimos organizarnos para que nos escuchen. Lo primero que pedimos es que nos digan qué va a pasar”, señaló en diálogo con Valor Agregado de radio Carve.
Un espejo de agua de hasta 3.600 hectáreas
Según la información extraoficial a la que han accedido, el embalse tendría capacidad para 118 millones de metros cúbicos y un espejo de agua de entre 3.000 y 3.600 hectáreas. “Ese dato surge de un plano elaborado por una consultora brasileña que hizo relevamientos con drones. Si se confirma, el impacto sería enorme: se perderían campos ganaderos muy productivos y el resto quedaría en suelos forestales, inviables para nuestra actividad”, advirtió Rivadavia.
En la zona afectada, explicó, operan alrededor de 80 a 90 productores con predios que van de 50 a 200 hectáreas. “Si nos inundan la parte buena del campo, el resto no sirve para ganadería. No somos productores forestales y nadie nos va a financiar un ciclo de diez años para cortar madera. Eso significa que la mayoría tendría que irse”, afirmó.
Reclamo por indemnización total
Más allá de la falta de información, uno de los puntos centrales del reclamo es la compensación económica. “Si el Estado te expropia una parte y te inviabiliza el resto, debe indemnizarte por el total. No se puede dejar a las familias con un campo que ya no sirve para lo que hacían. Aquí hay tres escuelas rurales con más de cien años que nunca cerraron por falta de niños. Esa vida comunitaria desaparecería”, sostuvo.
El productor criticó que se maneje la posibilidad de alambrar el embalse y restringir el acceso al agua para evitar contaminación. “Sería hasta gracioso si no fuera grave: nos dejan sin la tierra buena y también sin agua”, ironizó.
Rivadavia hizo una comparación con la reciente compra de un establecimiento en la cuenca del río Santa Lucía, a unos 20 kilómetros del área proyectada para el embalse, donde se destinaron unos US$ 40 millones para asentar a 16 familias. “Eso es 2,4 millones por familia. Aquí quieren desplazar a 80 familias con compensaciones que, según lo que se comenta, no llegarían ni cerca de esas cifras”, subrayó.
Según cálculos del movimiento, el área afectada podría abarcar unas 12.000 hectáreas en total, considerando la porción que quedaría bajo agua y la superficie restante que perdería aptitud ganadera.
Sin respuesta de la mayoría de las autoridades
El grupo de vecinos envió cartas solicitando reuniones al ministro de Ambiente, Robert Ortuño, al presidente Yamandú Orsi, a otros jerarcas del Poder Ejecutivo y a las comisiones de Medio Ambiente del Parlamento. Solo obtuvieron respuesta del senador Martín Lema.
“Somos un movimiento apolítico, dispuestos a hablar con todos. Pero nos sentimos ignorados y desprotegidos. El objetivo de llevar agua a Montevideo puede ser loable, pero no a costa de sacrificar a unas cuantas familias de Cazupá y Florida como si no importaran”, concluyó Rivadavia.
